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| Foto: Red |
Amnistía Internacional celebra la decisión del Congreso de aprobar por unanimidad la reforma al Código de Justicia Militar para restringir la jurisdicción militar y otorgar a la justicia ordinaria la responsabilidad de investigar, procesar y sancionar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos contra civiles.
La organización insta al Presidente a publicar a la brevedad dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación para así asegurar su entrada en vigor y garantizar la implementación de las nuevas disposiciones sin dilación.
El monopolio del sistema de justicia militar sobre aquellos casos en que militares han estado implicados en la comisión de graves violaciones de derechos humanos ha dejado una profunda herencia de impunidad. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna sentencia de tribunales civiles contra militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos hasta la fecha.
Con anterioridad a la reforma, el gobierno había anunciado que más de 400 casos de presuntos abusos cometidos por militares habían sido turnados a la justicia ordinaria. Sin embargo, es esencial asegurar que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se encuentra investigando y procesando éstos y todos los demás casos de forma pronta, imparcial y exhaustiva para esclarecer los hechos y asegurar la justicia para las víctimas. Asimismo, resulta de primordial relevancia asegurar la colaboración de las Fuerzas Armadas para la investigación, detención y procesamiento de los acusados, así como la inmediata declinación de aquellos casos que aún mantengan bajo su jurisdicción.
Las reformas aprobadas no garantizarán por sí mismas el acceso a la justicia para las víctimas de abusos militares. Es necesario que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga como prioridad el combate a la impunidad por estos abusos, y que dote de los recursos y la autoridad necesaria a la PGR para llevar a cabo sus obligaciones. El gobierno debe asegurar que cualquier funcionario público, sea civil o militar, que incumpla con las obligaciones establecidas en la ley reformada rinda cuentas con el fin de enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada.
En múltiples casos documentados por Amnistía Internacional, las autoridades civiles han sido renuentes a investigar los hechos y llevar ante la justicia a militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos. En un caso en que se llevó a cabo la presunta desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo por miembros de la Marina en 2013, el Ministerio Público Federal a cargo de la investigación ha sido muy reticente en investigar a fondo lo ocurrido, prefiriendo aceptar la versión oficial de las Fuerzas Armadas en lugar de indagar de forma exhaustiva las denuncias presentadas por familiares y testigos.
El cambio de la ley abre una puerta a la justicia para las víctimas, pero dependerá de las autoridades demostrar su compromiso para asegurar la protección de los derechos humanos y garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de abusos militares.
Existe una gran oportunidad de hacer avanzar la justicia por las víctimas de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante recordar que la reforma no excluye de la justicia militar los casos de militares víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Es esencial que estas víctimas no queden desamparadas. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que deben garantizar su igualdad ante la ley y la protección de sus derechos.
Fuente: AI
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