La figura de servidumbre legal de los hidrocarburos, contenida en la nueva legislación del ramo, es parte del paquete de leyes secundarias de la contrarreforma energética gerenciada por EPN en consonancia con las demandas e intereses de la IP local y de las grandes petroleras Exxon, Shell, BP, Chevron. Otorga a la Secretaría de Energía facultades para expropiar los terrenos privados, comunales y ejidales que sean necesarios para consumar negociazos vinculados a la la exploración y explotación de gas y petróleo. (La Jornada-LJ-11/5/14, p.9). Dada la enorme toxicidad y voracidad territorial de la explotación shale, y por conllevar la magna operación privatizadora la creación de oportunidades para el capitalismo de amiguetes, con el tránsito de un régimen de propiedad nacional y social a otro privado –el robo del siglo, lo llamó AMLO– se acentuará la concentración de la riqueza, la polarización, los riesgos contra la población y el debilitamiento del Estado mexicano.
Las consecuencias serían incalculables, como asentó el senador Luis Sánchez, por el desarraigo de pobladores, (la) ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social. Ello, porque a más del despojo y las afectaciones a la salud y el ambiente por la explotación shale, se agrega que parte nodal del modus operandi de las grandes petroleras sea la contratación de empresas especializadas en todo el espectro de la actividad petrolera/gasera, incluyendo los servicios de seguridad de las instalaciones. O bien contratan directamente a sectores del ejército local, haciéndose cómplices de crímenes de lesa humanidad como Exxon/Mobil en Indonesia, interviniendo en las líneas de mando y lealtad castrense, o usan firmas privadas tipo Blackwater –ahora Academi– o SyColeman, que con aval de Calderón ya ha prestado servicios a Pemex. Parte del mercenariato imperial, estas firmas han sido utilizadas en atrocidades perpetradas en Irak y Afganistán, bajo la guerra anti-terrorista de Estados Unidos en el orbe.
Los graves disturbios callejeros registrados durante y desde la toma de posesión de EPN, realizados por grupos de choque presentados por la TV en calidad de anarquistas, que operan en sincronía con la policía, fueron usados para intimidar, encapsular, disuadir y criminalizar la protesta social: en febrero pasado, con el voto en contra de PRD y PT, la mayoría mecánica PRI-PAN en el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes de seguridad pública en las que, denunció el senador Alejandro Encinas, no se define claramente el delito de terrorismo, penalizado con 40 años de carcel. (LJ 11/2/14). Al incluirse en tal figura el apoderarse o ejercer presión o ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias, se posibilita que los trabajadores de Mexicana, Pemex o la CFE, o los maestros y estudiantes disidentes, ejidatarios, comuneros o agricultores afectados sean calificados de terroristas: se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas, abundó la senadora Dolores Padierna (ibid).
La privatización/extranjerización energética que, según versión oficial citada por el Washington Post, es para alentar la independencia energética de América del Norte, se inscribe en un diseño penal, policial/militar para facilitar el saqueo petroeléctrico, incluyendo la suspensión de derechos constitucionales: ya EPN eliminó el último párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, que establecía que no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional (ibid).
El desborde al sur del Bravo del estado de excepción de Estados Unidos, formalizado en las leyes que siguieron al 11/S encabezadas por la Ley Patriota, coincide con un proceso de desarticulación y desnacionalización económica y energética acá, que paso a paso deteriora los ejes materiales, sociales y de seguridad del Estado mexicano y su capacidad jurisdiccional sobre los vastos espacios terrestres y el mar patrimonial del país. Victoria L. Unzueta Reyes, asesora parlamentaria en temas de seguridad, advierte que la presencia en México de grupos de seguridad privada, verdaderos ejércitos mercenarios fuertemente armados y altamente entrenados en técnicas militares… supone un grave riesgo para las débiles instituciones del Estado mexicano que ya no detentaría el monopolio legítimo de la fuerza en nuestro país (LJ20/4/14).
Es un predicamento que sólo canallas, obnubilados por los negociazos, podrían ignorar, por lo que fue celebrado por un alto empleado mexicano del imperio, quien desde un foro dijo: ni en mis sueños más delirantes vi reformas como las aprobadas.
Por John Saxe-Fernández | La Jornada
jsaxef.blogspot.com
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