Este sábado 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la lucha social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional.
Llama la atención la pasividad de los grupos parlamentarios de la supuesta “oposición” frente a este importante acontecimiento. Cómodamente sentados en sus curules y de paseo para Semana Santa, esperan pacientemente a que Peña Nieto finalmente presente las iniciativas de ley en materia energética preparadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y negociadas en Los Pinos con las grandes empresas petroleras internacionales. Eventualmente, los pocos diputados y senadores patriotas probablemente harán un “show” público de supuesta dignidad con una clausura simbólica de los recintos parlamentarios, pero difícilmente serán capaces de tomar la iniciativa para fijar las coordenadas del debate público sobre el tema.
En lugar de esperar a que el rey haga llegar sus propuestas pactadas a los levantadedos del Congreso de la Unión, la oposición tendría que tomar acciones contundentes y lanzar sus propias iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de ley para prohibir totalmente la fracturación hidráulica (el llamado fracking) en México, elaborado entre otros por Ricardo Mejía del Partido Movimiento Ciudadano, constituye un importante esfuerzo al respecto. Francia recientemente prohibió esta práctica en absolutamente todo su territorio nacional por los graves daños que genera al medio ambiente y a la salud pública. La “modernidad” y el desarrollo son perfectamente compatibles con la defensa del patrimonio nacional.
Los esfuerzos de este tipo tendrían que multiplicarse. Por ejemplo, se deberían desarrollar otras iniciativas de reforma para aumentar de manera radical los estándares ecológicos, sociales, laborales y fiscales para cualquier empresa privada que opera en materia energética en el territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estos estándares debería provocar la revocación inmediata de los “contratos” o “permisos” correspondientes. Recordemos que fue precisamente el incumplimiento de las empresas petroleras internacionales con las leyes laborales del país lo que empujó al general Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera en 1938.
También sería importante unir la lucha energética con la batalla en materia de telecomunicaciones. En ambas materias los traidores apuestan a utilizar su presencia numérica en el Congreso de la Unión para imponer reformas profundamente antipopulares y autoritarias. Los voceros del régimen defienden esta estrategia en base a un supuesto derecho de las mayorías a imponer su voluntad en los sistemas democráticos. Un argumento similar se utiliza en Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal como pretexto para “regular” las marchas con el fin de proteger los intereses de las “mayorías”.
Esta postura exhibe una enorme ignorancia de las teorías más básicas sobre la democracia. “Democracia” significa el gobierno del demos o del “pueblo”, es decir, de todos. Si bien a veces es conveniente tomar decisiones de acuerdo con el principio mayoritario, el poder de la mayoría también fácilmente se vuelve dictatorial e intolerante. Los Nazis, por ejemplo, gozaban de una amplia aceptación en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sus “mayoriteos” a favor de la aniquilación de todos los judíos, discapacitados, morenos y homosexuales no tenían nada ver con la democracia. La defensa de los derechos de las llamadas “minorías” forma parte integral del funcionamiento de cualquier sociedad moderna.
Hoy en México nos encontramos en una situación similar. Los mayoriteos del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Quintana Roo, por ejemplo, sirven para imponer la voluntad de un grupo de personas que compraron sus cargos y han dado la espalda a la mayoría de la sociedad. Se busca utilizar la vía “institucional” para doblegar a la voluntad general y poner a todo México al servicio de la oligarquía nacional y los intereses financieros internacionales.
Una excelente indicación del nivel de disfuncionalidad democrática actual es el perfil de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Si la clase política estuviera confiada en el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hubiera tenido que colocar a un grupo de tímidos burócratas que apuestan a limitar los “excesos en el cumplimiento de la ley” en materia electoral, como dijera el nuevo consejero presidente en una de sus primeras entrevistas. Una clase política sin miedo al mandato popular se hubiera atrevido a incluir aunque sea un par de consejeros con criterios independientes y sociales.
Es particularmente vergonzante que todo el proceso de selección de los consejeros electorales fue conducido por un diputado supuestamente de “izquierda” del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, y que los consejeros propuestos por aquel partido son personajes que en su momento avalaron abiertamente y con todo cinismo el fraude de 2006 y la compra-venta de 2012. El reciente pacto de desarme entre las “autodefensas” de Michoacán y las autoridades más corruptas del país tampoco es un buen augurio para el futuro de la institucionalidad democrática.
¿Algún día los mexicanos podremos volver a ver con orgullo a nuestros líderes políticos y autoridades electorales como dignos representantes de nuestros intereses? ¿Cabalgarán de nuevo Zapata y Villa? ¿Retornará el espíritu rebelde del general Cárdenas?
Por John M. Ackerman
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