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| Fray Raúl Vera López, Obispo de Saltillo. Foto: Red |
México, DF. Dice Raúl Vera López, el obispo de Saltillo: “En el camino he aprendido mucho”. El camino es el que ha recorrido con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos, cuyos cuerpos siguen aún en el fondo de un túnel, a 150 metros de profundidad desde 2006. Es su convivencia con los transmigrantes aterrorizados que llegan al albergue que él fundó en la capital coahuilense en 2001. Es el acompañamiento a las luchas de miles de sobrevivientes y familiares de víctimas de masacres y agresiones cometidas a lo largo de los años y a lo ancho de la geografía nacional.
“Uno llega a conocer muchas cosas del país real atendiendo a los pobres, atendiendo a las víctimas”.
–¿Qué lecciones?
–“Una: la tremenda corrupción que recorre a todo el Estado mexicano. ¿Quiénes protegen a los empresarios de Grupo México que hacen trabajar a los mineros hasta exprimirlos y luego abandonarlos? Son los mismos que poseen los trenes donde se cometen verdaderos actos de terrorismo contra los migrantes centroamericanos. Y los funcionarios que los encubren son los mismos que no hacen nada para encontrar a los decenas de miles de desaparecidos”.
A sus 69 años, el obispo Vera –a quien retrata el especialista en religiones Bernardo Barranco en su libro El evangelio social de Raúl Vera, de reciente publicación– es un hombre más politizado, más vehemente que aquel obispo coadjutor que en 1996 fue enviado por el Vaticano a San Cristóbal de las Casas para acotar y comenzar a desmantelar la obra diocesana del obispo Samuel Ruiz, quien a raíz del levantamiento zapatista había entrado en un choque frontal con el gobierno de Ernesto Zedillo y con la propia curia romana. El contacto con Chiapas y con Ruiz García cambió la ruta de vida del fraile dominico que venía del obispado de Altamirano, Guerrero, para imponer en la Chiapas india una línea conservadora.
Vera entendió –explica ahora, en entrevista– “la barrera que el tatik Samuel había levantado en defensa del mundo indígena” y se comprometió con él. Hizo suya la teología india del prelado al que iba a desplazar. Al final la jerarquía eclesial desplazó a los dos. Así fue como Vera arribó a Saltillo en 1999.
Pero ahí demostró que era otro, un defensor de los derechos humanos, un feminista, incluso. Hoy recuerda y compara la defensa que hizo de las 13 trabajadoras sexuales violadas y torturadas por un batallón del ejército en un prostíbulo en la localidad de Castaños. Su intervención fue clave para lograr que los soldados fueran juzgados en el fuero civil. Después hizo suyo el caso de las dos mujeres mephaá violadas, también por militares, en la montaña de Guerrero; las representó y acompañó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano fue condenado.
Guanajuatense de nacimiento –es de Acámbaro– es un obispo indignado. En entrevista con La Jornada habla de una “desarticulación de la nación”. De una “traición a la patria” con la reforma que desmonta el control soberano del país sobre sus recursos energéticos. Señala a la clase política como “falta de ética”.
Y más. Denuncia a las familias dueñas de los grandes consorcios mexicanos como una “clase depredadora”. Exclama: “En las causas que acompañamos siempre nos encontramos los mismos apellidos, son apenas un puñado de dueños los de las empresas mineras, las compañías ferroviarias, los que justificaron el desmantelamiento del sindicato de electricistas, el SME, para poderse hacer de la industria eléctrica y la fibra óptica, los que aplauden la reforma energética”.
“En el olvido, el interés nacional”
–Usted ha participado abiertamente en la resistencia contra la reforma energética.
–Porque se trata del desmantelamiento de nuestra Carta Magna. ¿Y para qué? para consumar la extracción de recursos del país en beneficio de las empresas extranjeras. Miren las cifras: en minería, la extracción de los metales preciosos que se hizo durante los siglos de colonia española ha sido superada con la que se ha hecho en los últimos, poquísimos años de presencia de mineras extranjeras en una tercera parte del territorio nacional, que está concesionado.
Y muchas empresas ocupan los espacios, incluso sagrados, de los pueblos originarios, atropellando los derechos que tienen los pobladores, explotando la fuerza de trabajo, con esta reforma a la ley federal de trabajo que prácticamente permite que se trituren a la gente. Hay una mentalidad asesina ahí.
–¿Hay alguna articulación de la sociedad para poner nuevamente en el mapa el interés nacional?
–Como ni el Estado, cada vez más débil ni la clase política hacen nada para detener este saqueo, nosotros ya en el Tribunal de los Pueblos estamos hablando de patriotismo, de la patria. Porque en la Constitución todavía está tipificado el término de traición a la patria, entendida ésta como capacidad de gestión soberana para garantizar bienestar a los ciudadanos.
–Cuando dice nosotros ¿a quién se refiere?
–A todos los que buscamos detener esto con resistencia pacífica. Y esto tiene su historia. Recuerden la rebelión zapatista en Chiapas, donde hubo personas con gran calidad moral como Samuel Ruiz, quien logró tejer una barrera de protección al mundo indígena.
–¿Qué lecciones dejó el levantamiento zapatista y el trabajo pastoral de Samuel Ruiz para la resistencia que se requiere hoy?
–Ahí nada se improvisó. Fue un trabajo, una construcción de muchos años. El obispo de San Cristóbal defendió activamente a los refugiados guatemaltecos (mayas también) que huían de las masacres en Guatemala cuando los quisieron desplazar. Y eso fue resultado de su lucha, incluso internacional, por el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas. Al defender sus exigencias de dignidad y justicia se logró que fueran ellos mismos quienes asumieran esa lucha, como sujetos.
Pero no es el único. Déjame citar sólo un nombre. Javier Sicilia para los derechos de las víctimas. Ante el asesinato de su hijo su palabra fue tan fuerte que desató todo un movimiento. Y como él, en muchos ámbitos, encontramos a muchas personas que tienen esta fuerza.
–¿Los albergues que ha levantado la sociedad civil a lo largo de la ruta de migrantes centroamericanos, para ayudarlos a sobrevivir la travesía, sería una de estas barreras de protección? Usted creó uno, el de Saltillo…
–Sí, realmente lo es. Pero la idea es que los sujetos de esta contención contra la violencia desatada por el crimen organizado y la corrupción gubernamental sean los propios pueblos.
Pasta de Conchos, donde la vida no vale nada
–¿Qué otros contrapesos?
–Un caso emblemático es la lucha de las familias de mineros de Pasta de Conchos, con el que hemos llegado a las cortes de justicia internacionales. Es muy ilustrativo. Siempre, a donde quiera que vayamos con nuestras denuncias y la exigencia de rescatar los cuerpos de los mineros que siguen en el fondo de la mina, encontramos los mismos apellidos, los mismos funcionarios, entre quienes insisten en negar ese derecho mínimo de las víctimas. Curioso, esto nos revela todas las ligas que existen entre el poder y el dinero. Así vemos al gobierno de Coahuila ofreciendo al Grupo México un servicio legal de defensa en contra de sus propios gobernados.
Esto nos revela el abandono extremo del trabajador. El descubrir cómo hacían trabajar a los mineros, en condiciones de inseguridad total y después descubrir que no quisieron invertir en la búsqueda de los cadáveres. Esto habla del poco valor que le otorga quien tiene mucho dinero a la vida de un trabajador. Y luego vemos a los mismos –Larrea, del Grupo México, en este caso– beneficiados con las concesiones del monopolio ferrocarrilero, donde cada día se cometen verdaderos actos de terrorismo contra seres humanos, los migrantes.
¿Qué nos dice todo esto? Que es ahí, en esa corrupción de los empresarios y las autoridades donde vemos un desvío del poder que es criminal. ¿Por qué el gobierno defiende a estos empresarios criminales? ¿Lo hacen gratis? No lo creo. Eso es traición a la patria.
–¿Qué ha aprendido con el tema de los migrantes?
–Precisamente esta maraña de intereses entre poder y dinero que hay en la economía mundial, que es lo que está generando el empobrecimiento de la población. Las grandes multinacionales llegan a nuestros países a pagar veinte veces más abajo del salario que pagan en los países desarrollados. Y por eso los jóvenes se van de sus tierras, no quieren morirse de hambre. Y frente a este abuso los gobiernos son omisos.
Los primeros casos que detectamos en Saltillo de actos terroristas contra los migrantes: arrojarlos del tren, provocar que quedaran mutilados, o muertos en las vías, extorsionarlos o asesinarlos en el camino, fueron cometidos por empleados de las empresas ferroviarias. El gobierno mexicano no hace nada contra el Grupo México.
Y frente a la emergencia humanitaria de los que viajan sin documentos de Centroamérica a la frontera norte ¿qué hace el gobierno? Hace una ley para otorgar supuestamente una visa temporal para migrantes, pero con requisitos imposibles de cumplir para la mayoría, que tiene que mostrar un contrato temporal en Estados Unidos y llevar consigo dinero suficiente que poder vivir seis meses. Perdón, pero esto es idiota.
–Otra emergencia humanitaria, los más de 26 mil desaparecidos…
–Otro efecto de la corrupción espantosa que hay. Después de tantos años, el gobierno no establece ni siquiera un protocolo de búsqueda de cuerpos en las cosas comunes.
Tomado de La Jornada
Marzo 11 de 2014
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