En EE.UU., está cobrando ímpetu la posibilidad de que el gobierno ofrezca algún tipo de amnistía o indulto al ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden. Tanto The New York Times como The Guardian expresaron su apoyo a la idea la semana pasada. Incluso Rick Ledgett, jefe del grupo de trabajo de la NSA que investiga las filtraciones de Snowden, dijo recientemente en el programa de televisión 60 Minutesde CBS que está abierto a discutirlo.
Nuestra posición siempre ha sido que EE.UU. debería hacer ejercicio de su discreción para no procesar a Edward Snowden, dadas las graves deficiencias en la protección de los trabajadores del sector de la seguridad nacional que denuncian irregularidades.
La ley actual tiene fallas fundamentales en al menos dos aspectos importantes. En primer lugar, tal como han experimentado anteriores denunciantes de seguridad nacional, los mecanismos para denunciar, sin represalias, malas prácticas del gobierno a través de los canales internos son lamentablemente inadecuados. Incluso un reciente informe del propio panel designado por el presidente para revisar las prácticas de vigilancia del gobierno de EE.UU. reconoció el problema. En segundo lugar, en caso de enjuiciamiento en virtud de la Ley de Espionaje, la ley vigente no reconoce la defensa legal de que el interés público en el caso de las revelaciones de Snowden sobrepasaba los daños resultantes de la ruptura de la confidencialidad.
Es cierto que Edward Snowden tenía muy pocos canales internos a su disposición para denunciar las anomalías. Sin embargo, aunque hubiesen existido dichos canales, es posible que no hubieran hecho ninguna diferencia, debido a que el gobierno así había institucionalizado cualquier irregularidad. El programa de vigilancia que Snowden puso en evidencia —en el que el gobierno de EE.UU. recopilaba cantidades sin precedentes de información sobre sus propios ciudadanos y otros en todo el mundo sin su conocimiento— estaba autorizado, y se está llevando a cabo dentro de un sistema altamente secreto con pocos controles sobre potenciales abusos. La opinión generalizada dentro del poder Ejecutivo, ante la ausencia de escrutinio o debate público, era que los programas no eran problemáticos. Incluso miembros de los comités de supervisión del Congreso que estaban en desacuerdo carecían de autorización para hablar de ello.
En estas circunstancias, es razonable que Snowden afirmara que la única manera que vio para abordar estas irregularidades generalizadas fue hacerlas públicas (aunque asegura que primero trató de proceder vía los canales internos). Snowden debería poder presentar una defensa de interés público, sin embargo, la ley bajo la cual fueron presentados los cargos en su contra no lo permite.
El gobierno debería reconocer su responsabilidad en esta situación.
Es razonable que EE.UU. tome medidas para desalentar a los empleados del gobierno a filtrar información clasificada simplemente porque, en su opinión, es en el mejor interés del país. Pero cuando un gobierno participa en secreto en malas prácticas al tiempo que hace que sea prácticamente imposible que nadie pueda denunciar eficazmente ese delito, debería aceptar la responsabilidad por la conducta resultante. Parte de esa responsabilidad debería implicar indulgencia hacia Snowden.
A algunos les preocupa que ofrecerle a Snowden algún tipo de clemencia sentaría un precedente peligroso. Pero hay una manera de resolver ese problema: el presidente debería presentar una sólida propuesta para el fortalecimiento de las protecciones para los informantes de seguridad nacional. Si los denunciantes del futuro tuvieran a su disposición una manera eficaz para denunciar las irregularidades, probablemente habría menos necesidad de salirse de los canales oficiales. EE.UU. también debería adoptar medidas robustas para aumentar la transparencia en torno a asuntos de gran importancia pública, tales como los programas de vigilancia que Snowden puso en evidencia. Por último, EE.UU. debería establecer una defensa de interés público para los cargos por violación de las leyes de confidencialidad, que podría utilizarse en los casos en que, a pesar de la existencia de canales de información oficiales más rigurosos, las personas todavía podrían sentir la necesidad de salirse del sistema para denunciar eficazmente cualquier posible abuso. Es hora de que el gobierno asuma la responsabilidad por sus propias fallas en el caso Snowden y cree un nuevo camino hacia adelante.
Por Laura Pitter
hrw.org/es/news
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