C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos Senadores y Diputados.
Al pueblo de México
PRESENTE
Los abajo firmantes, mexicanos, estudiantes de posgrado, becarios y ex-becarios de excelencia e investigadores, tanto en México como en el extranjero, manifestamos nuestro más profundo rechazo a la reforma en materia de energía propuesta por el Poder Ejecutivo a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aprobada por el poder legislativo en la más indiferente y cínica muestra de desprecio hacia el pueblo de México detrás de muros de contención. Ya que la reforma energética atenta contra la soberanía nacional, daña severamente el interés público y tendrá graves consecuencias para la sociedad mexicana.
Los artículos 27 y 28 constitucionales hasta antes de la reforma constituyeron el pilar de la soberanía nacional, el instrumento final con el que se aseguraba el proyecto nacional contenido en la Constitución Política de 1917. Dicho proyecto nacional, producto de la Revolución Mexicana, que buscaba dar respuesta a las necesidades humanas y sociales del pueblo mexicano, y que para ello, reguló el aprovechamiento de los recursos nacionales exclusivamente en provecho de la Nación, limitó durante todas estas décadas, la intervención de las potencias extranjeras que históricamente han sido quienes han provocado el saqueo y la miseria de nuestro pueblo. En estos términos, la protección de los recursos nacionales había sido la garantía material de la independencia económica y la soberanía política del país.
El artículo 25, que definía al Estado Mexicano como rector de la economía nacional planteaba el interés público y social como la finalidad de la economía, en armonía con el artículo 27 que establece la propiedad originaria de la Nación. Una economía de mercado como la que establece la actual reforma del artículo 25 tiene como fin perverso la ganancia y el provecho de particulares, un puñado de las familias más ricas y poderosas del mundo, cuya fortuna está hecha de la miseria, el hambre, la enfermedad, la muerte y la ignorancia de pueblos enteros.
Y las consecuencias concretas, que en el día a día, la reforma tendrá para la sociedad mexicana entendemos que serán muy graves:
• Hasta antes de la reforma energética los ingresos de PEMEX al erario público constituían la tercera parte del presupuesto nacional, y financiaban servicios básicos como hospitales, escuelas y el pago de servidores públicos. La falta de recursos públicos no sólo repercutirá en la deficiencia de los servicios sino en su paulatina privatización y en un agresivo aumento de los impuestos (alimentos y medicinas).
• La única finalidad y moralidad de las empresas transnacionales es obtener ganancias a costa de lo que sea, y en este caso, será a costa de la economía y bienestar nacional, al no reportar todas las reservas petroleras encontradas; utilizar sin escrúpulos métodos de búsqueda, extracción y procesamiento extremadamente contaminantes como la denominada “fractura hidráulica”, técnica que ya ha sido prohibida en varios países;
aumentar el costo de combustibles, energía e hidrocarburos ya procesados que serán
revendidos a la sociedad, con la finalidad de recuperar inversiones y obtener ganancias. • La sociedad mexicana se encuentra ya en un terrible proceso de descomposición social al que no son sensibles ni el titular del poder ejecutivo C. Lic. Enrique Peña Nieto ni los legisladores. Las consecuencias económicas que tendrá la reforma energética desembocarán en condiciones sociales de miseria, polarización y conflictividad, pues la mayoría de la sociedad mexicana, sin tener lo necesario para tener una vida digna, será
explotada.
En este sentido, señalamos las partes de la iniciativa de ley que en concreto provocarán lo antes mencionado:
1. En la reforma al párrafo cuarto del artículo 25 se menciona que “la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado”, en tanto el texto anterior decía: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución (entre ellas el petróleo y los hidrocarburos)”. Por ello, esta reforma abre la puerta completamente a la inversión privada a una de las áreas estratégicas del Estado, y con ello, vulnera su soberanía.
2. En la propuesta del Partido Acción Nacional se menciona que “el Estado Mexicano no cuenta con la capacidad económica para adquirir y/o desarrollar la tecnología que le permita realizar inversión, exploración en aguas profundas”. También se plantea que “México cuenta con uno de los regímenes más estrictos respecto a protección de los recursos petroleros estratégicos a nivel mundial con una NULA participación de empresas extranjeras”. Sin embargo, no se menciona que actualmente empresas como Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Repsol, entre otros terceros contratistas nacionales, cuentan con sub-contratos obtenidos bajo la figura de licitaciones para realizar explotación de yacimientos tanto de gas como de petróleo, lo cual contradice con la tesis inicial respecto a la nula apertura. En este sentido, ¿por qué no abrir el debate sobre mantener el mismo esquema para exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas sin comprometer la soberanía energética nacional?
3. Según la iniciativa, “una reforma de esta magnitud requiere garantizar que las reservas del petróleo y los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas son propiedad de la Nación, por lo que su registro corresponderá al Estado a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo”. Se propone una institución más, la cual no está plenamente justificada, y solamente incrementa la ya gran burocracia, lo cual representa uno de los problemas fundamentales de la empresa nacional PEMEX.
4. Las cambios realizados al artículo 6, en materia de transparencia de la información, a través del cual el Banco de México puede negarse a proporcionar información cuando considere que el tema es de seguridad nacional, se relacionan directamente con las modificaciones del artículo 28, en el cual, se crea un fondo de hidrocarburos que será administrado por dicho banco, de esta forma, se podría negar a la sociedad a cuánto asciende el fondo o su manejo.
En cuanto a los cambios finalmente realizados a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicados en la Gaceta Parlamentaria de la LXII Legislatura, se puede mencionar que el párrafo octavo del artículo 25 vulnera la soberanía nacional al permitir la entrada directa de capital extranjero. Esta situación es preocupante, ya que se dejará de considerar al petróleo y al gas como bienes estratégicos para la soberanía energética de la Nación. En el artículo 27 ahora se establece que se permite otorgar concesiones a particulares, hecho que inevitablemente relegará a PEMEX a un papel de mero contratista, dada su incapacidad de competir contra las grandes transnacionales petroleras.
En relación a esto, nos preocupa que no se ha aclarado a la opinión pública de qué forma se
recaudarán los recursos que dejará de percibir el Estado mexicano por concepto de la renta petrolera, dado que de ahora en adelante la ganancia deberá compartirse con compañías extranjeras, a través de los contratos de “utilidad compartida”. Nos preocupa así mismo, que esto afecte el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en términos generales, que genere graves costos a la inversión en educación en México.
También resulta de suma importancia, que no se haya informado debidamente sobre los riesgos a la salud y para el medio ambiente que supone el uso de la “fractura hidráulica” como método de extracción de hidrocarburos. Dicha práctica de extracción ha sido prohibida o al menos se le ha establecido una moratoria en los siguientes estados: British Columbia, Nova Scotia y Québec en Canadá; Vermont, New Jersey, Pittsburgh, Carolina del Norte y New York en Estados Unidos. Y los siguientes países la han prohibido: Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Suiza, Burgos y España (Cantabria), Irlanda del Norte, entre otros. No obstante, en México poco o nada se ha manifestado al respecto por parte del Poder Legislativo. No dejaremos de mencionar los daños ambientales que estas exploraciones y explotaciones derivarán, de los cuales emitiremos una misiva dedicada a este tema posteriormente.
Adicionalmente, queremos destacar lo siguiente:
• No se ha contemplado la opción de dotar a PEMEX de incentivos fiscales para fomentar su recuperación.
• No se han tomado las acciones necesarias para erradicar la corrupción que permea la paraestatal desde la cúpula sindical.
• No se ha hecho nada por fincar responsabilidades administrativas ni penales a los conocidos funcionarios públicos que han convertido a PEMEX en una de las instituciones más corruptas de México.
• Es falso cuando se afirma que PEMEX “es una de las empresas más cerradas del mundo”, cuando en los hechos, la paraestatal, así como la Comisión Federal de Electricidad, los últimos años han firmado contratos con empresas nacionales y extranjeras.
• Hoy en día el gobierno mexicano prefiere invertir en proyectos dudosos con el gobierno español o con Repsol, cuando podría utilizar dichos recursos en el desarrollo de la industria marítima y petrolera nacional.
• La renta petrolera nacional se encontrará gravemente comprometida al permitir que sean empresas extranjeras quienes en los hechos organicen la explotación y administren de los recursos de la industria petrolera.
• Los profesionistas y científicos mexicanos, que con los impuestos de todos los mexicanos nos educamos en universidades nacionales y extranjeras, hemos sido ignorados y menospreciados al considerar que no tenemos los conocimientos ni la preparación para poder hacer de PEMEX una empresa competitiva.
• No ha sido planteada seriamente la posibilidad de adquirir o desarrollar la tecnología necesaria para explorar en aguas profundas.
• Se garantiza la seguridad energética de E.U.A. a costa de la soberanía nacional mexicana.
• No se fomenta el desarrollo de energías renovables y desarrollo de nuevos materiales, que no dependan de los derivados del petróleo y otros recursos no renovables, como parte de los ejes primarios para el desarrollo de la Nación.
Nos indigna la manera en que estas reformas a la Constitución Mexicana fueron aprobadas, sin escuchar las voces ni opiniones críticas, sin una discusión de fondo por parte de los legisladores y sin la participación de expertos en la materia; y al parecer de manera premeditada y en complicidad con los principales medios de comunicación masiva del país. La actitud de estos muestra una aparente complicidad con la Secretaría de Gobernación y su titular al no hacer público en medios de comunicación, el debate legislativo en torno a una reforma tan importante y que sin duda impactará definitivamente a México en lo venidero.
Nosotros, estudiantes de posgrado, becarios y ex-becarios de excelencia, reconocemos que nuestra educación y formación profesional constituyen una oportunidad de vida y una responsabilidad social, cuyo soporte ha sido producto del petróleo mexicano, manifestamos firmemente nuestro repudio al conjunto de modificaciones y adiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, públicamente acusamos al C. Presidente Enrique Peña Nieto, a los Senadores y Diputados federales, así como a los miembros de los Congresos Estatales que apoyaron esta infame Reforma Energética como TRAIDORES A LA PATRIA.
Por lo anteriormente descrito, estamos dispuestos a hacer lo necesario para promover acciones, que vayan de acuerdo con nuestro derecho al ejercicio de libertad de expresión y de manifestación, que corrijan el otorgamiento de nuestra soberanía nacional; dando a conocer públicamente y en un lenguaje claro a toda la población lo que está ocurriendo en el país; sumándonos hombro con hombro a otros movimientos que compartan el mismo objetivo y valores, para tener mayor esfuerzo e impacto contra los cambios ejercidos en dichas leyes, ya que perjudican, no solamente a los mexicanos que vivimos actualmente en nuestro país, sino a las futuras generaciones de mexicanos, con quienes tenemos el compromiso de heredar un país digno.
Pueden verse las firmas en el siguiente archivo:
Carta Abierta becarios conacyt contra la reforma energética
Los artículos 27 y 28 constitucionales hasta antes de la reforma constituyeron el pilar de la soberanía nacional, el instrumento final con el que se aseguraba el proyecto nacional contenido en la Constitución Política de 1917. Dicho proyecto nacional, producto de la Revolución Mexicana, que buscaba dar respuesta a las necesidades humanas y sociales del pueblo mexicano, y que para ello, reguló el aprovechamiento de los recursos nacionales exclusivamente en provecho de la Nación, limitó durante todas estas décadas, la intervención de las potencias extranjeras que históricamente han sido quienes han provocado el saqueo y la miseria de nuestro pueblo. En estos términos, la protección de los recursos nacionales había sido la garantía material de la independencia económica y la soberanía política del país.
El artículo 25, que definía al Estado Mexicano como rector de la economía nacional planteaba el interés público y social como la finalidad de la economía, en armonía con el artículo 27 que establece la propiedad originaria de la Nación. Una economía de mercado como la que establece la actual reforma del artículo 25 tiene como fin perverso la ganancia y el provecho de particulares, un puñado de las familias más ricas y poderosas del mundo, cuya fortuna está hecha de la miseria, el hambre, la enfermedad, la muerte y la ignorancia de pueblos enteros.
Y las consecuencias concretas, que en el día a día, la reforma tendrá para la sociedad mexicana entendemos que serán muy graves:
• Hasta antes de la reforma energética los ingresos de PEMEX al erario público constituían la tercera parte del presupuesto nacional, y financiaban servicios básicos como hospitales, escuelas y el pago de servidores públicos. La falta de recursos públicos no sólo repercutirá en la deficiencia de los servicios sino en su paulatina privatización y en un agresivo aumento de los impuestos (alimentos y medicinas).
• La única finalidad y moralidad de las empresas transnacionales es obtener ganancias a costa de lo que sea, y en este caso, será a costa de la economía y bienestar nacional, al no reportar todas las reservas petroleras encontradas; utilizar sin escrúpulos métodos de búsqueda, extracción y procesamiento extremadamente contaminantes como la denominada “fractura hidráulica”, técnica que ya ha sido prohibida en varios países;
aumentar el costo de combustibles, energía e hidrocarburos ya procesados que serán
revendidos a la sociedad, con la finalidad de recuperar inversiones y obtener ganancias. • La sociedad mexicana se encuentra ya en un terrible proceso de descomposición social al que no son sensibles ni el titular del poder ejecutivo C. Lic. Enrique Peña Nieto ni los legisladores. Las consecuencias económicas que tendrá la reforma energética desembocarán en condiciones sociales de miseria, polarización y conflictividad, pues la mayoría de la sociedad mexicana, sin tener lo necesario para tener una vida digna, será
explotada.
En este sentido, señalamos las partes de la iniciativa de ley que en concreto provocarán lo antes mencionado:
1. En la reforma al párrafo cuarto del artículo 25 se menciona que “la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado”, en tanto el texto anterior decía: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución (entre ellas el petróleo y los hidrocarburos)”. Por ello, esta reforma abre la puerta completamente a la inversión privada a una de las áreas estratégicas del Estado, y con ello, vulnera su soberanía.
2. En la propuesta del Partido Acción Nacional se menciona que “el Estado Mexicano no cuenta con la capacidad económica para adquirir y/o desarrollar la tecnología que le permita realizar inversión, exploración en aguas profundas”. También se plantea que “México cuenta con uno de los regímenes más estrictos respecto a protección de los recursos petroleros estratégicos a nivel mundial con una NULA participación de empresas extranjeras”. Sin embargo, no se menciona que actualmente empresas como Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Repsol, entre otros terceros contratistas nacionales, cuentan con sub-contratos obtenidos bajo la figura de licitaciones para realizar explotación de yacimientos tanto de gas como de petróleo, lo cual contradice con la tesis inicial respecto a la nula apertura. En este sentido, ¿por qué no abrir el debate sobre mantener el mismo esquema para exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas sin comprometer la soberanía energética nacional?
3. Según la iniciativa, “una reforma de esta magnitud requiere garantizar que las reservas del petróleo y los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas son propiedad de la Nación, por lo que su registro corresponderá al Estado a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo”. Se propone una institución más, la cual no está plenamente justificada, y solamente incrementa la ya gran burocracia, lo cual representa uno de los problemas fundamentales de la empresa nacional PEMEX.
4. Las cambios realizados al artículo 6, en materia de transparencia de la información, a través del cual el Banco de México puede negarse a proporcionar información cuando considere que el tema es de seguridad nacional, se relacionan directamente con las modificaciones del artículo 28, en el cual, se crea un fondo de hidrocarburos que será administrado por dicho banco, de esta forma, se podría negar a la sociedad a cuánto asciende el fondo o su manejo.
En cuanto a los cambios finalmente realizados a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicados en la Gaceta Parlamentaria de la LXII Legislatura, se puede mencionar que el párrafo octavo del artículo 25 vulnera la soberanía nacional al permitir la entrada directa de capital extranjero. Esta situación es preocupante, ya que se dejará de considerar al petróleo y al gas como bienes estratégicos para la soberanía energética de la Nación. En el artículo 27 ahora se establece que se permite otorgar concesiones a particulares, hecho que inevitablemente relegará a PEMEX a un papel de mero contratista, dada su incapacidad de competir contra las grandes transnacionales petroleras.
En relación a esto, nos preocupa que no se ha aclarado a la opinión pública de qué forma se
recaudarán los recursos que dejará de percibir el Estado mexicano por concepto de la renta petrolera, dado que de ahora en adelante la ganancia deberá compartirse con compañías extranjeras, a través de los contratos de “utilidad compartida”. Nos preocupa así mismo, que esto afecte el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en términos generales, que genere graves costos a la inversión en educación en México.
También resulta de suma importancia, que no se haya informado debidamente sobre los riesgos a la salud y para el medio ambiente que supone el uso de la “fractura hidráulica” como método de extracción de hidrocarburos. Dicha práctica de extracción ha sido prohibida o al menos se le ha establecido una moratoria en los siguientes estados: British Columbia, Nova Scotia y Québec en Canadá; Vermont, New Jersey, Pittsburgh, Carolina del Norte y New York en Estados Unidos. Y los siguientes países la han prohibido: Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Suiza, Burgos y España (Cantabria), Irlanda del Norte, entre otros. No obstante, en México poco o nada se ha manifestado al respecto por parte del Poder Legislativo. No dejaremos de mencionar los daños ambientales que estas exploraciones y explotaciones derivarán, de los cuales emitiremos una misiva dedicada a este tema posteriormente.
Adicionalmente, queremos destacar lo siguiente:
• No se ha contemplado la opción de dotar a PEMEX de incentivos fiscales para fomentar su recuperación.
• No se han tomado las acciones necesarias para erradicar la corrupción que permea la paraestatal desde la cúpula sindical.
• No se ha hecho nada por fincar responsabilidades administrativas ni penales a los conocidos funcionarios públicos que han convertido a PEMEX en una de las instituciones más corruptas de México.
• Es falso cuando se afirma que PEMEX “es una de las empresas más cerradas del mundo”, cuando en los hechos, la paraestatal, así como la Comisión Federal de Electricidad, los últimos años han firmado contratos con empresas nacionales y extranjeras.
• Hoy en día el gobierno mexicano prefiere invertir en proyectos dudosos con el gobierno español o con Repsol, cuando podría utilizar dichos recursos en el desarrollo de la industria marítima y petrolera nacional.
• La renta petrolera nacional se encontrará gravemente comprometida al permitir que sean empresas extranjeras quienes en los hechos organicen la explotación y administren de los recursos de la industria petrolera.
• Los profesionistas y científicos mexicanos, que con los impuestos de todos los mexicanos nos educamos en universidades nacionales y extranjeras, hemos sido ignorados y menospreciados al considerar que no tenemos los conocimientos ni la preparación para poder hacer de PEMEX una empresa competitiva.
• No ha sido planteada seriamente la posibilidad de adquirir o desarrollar la tecnología necesaria para explorar en aguas profundas.
• Se garantiza la seguridad energética de E.U.A. a costa de la soberanía nacional mexicana.
• No se fomenta el desarrollo de energías renovables y desarrollo de nuevos materiales, que no dependan de los derivados del petróleo y otros recursos no renovables, como parte de los ejes primarios para el desarrollo de la Nación.
Nos indigna la manera en que estas reformas a la Constitución Mexicana fueron aprobadas, sin escuchar las voces ni opiniones críticas, sin una discusión de fondo por parte de los legisladores y sin la participación de expertos en la materia; y al parecer de manera premeditada y en complicidad con los principales medios de comunicación masiva del país. La actitud de estos muestra una aparente complicidad con la Secretaría de Gobernación y su titular al no hacer público en medios de comunicación, el debate legislativo en torno a una reforma tan importante y que sin duda impactará definitivamente a México en lo venidero.
Nosotros, estudiantes de posgrado, becarios y ex-becarios de excelencia, reconocemos que nuestra educación y formación profesional constituyen una oportunidad de vida y una responsabilidad social, cuyo soporte ha sido producto del petróleo mexicano, manifestamos firmemente nuestro repudio al conjunto de modificaciones y adiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, públicamente acusamos al C. Presidente Enrique Peña Nieto, a los Senadores y Diputados federales, así como a los miembros de los Congresos Estatales que apoyaron esta infame Reforma Energética como TRAIDORES A LA PATRIA.
Por lo anteriormente descrito, estamos dispuestos a hacer lo necesario para promover acciones, que vayan de acuerdo con nuestro derecho al ejercicio de libertad de expresión y de manifestación, que corrijan el otorgamiento de nuestra soberanía nacional; dando a conocer públicamente y en un lenguaje claro a toda la población lo que está ocurriendo en el país; sumándonos hombro con hombro a otros movimientos que compartan el mismo objetivo y valores, para tener mayor esfuerzo e impacto contra los cambios ejercidos en dichas leyes, ya que perjudican, no solamente a los mexicanos que vivimos actualmente en nuestro país, sino a las futuras generaciones de mexicanos, con quienes tenemos el compromiso de heredar un país digno.
Pueden verse las firmas en el siguiente archivo:
Carta Abierta becarios conacyt contra la reforma energética
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