Las optimistas palabras de las autoridades mexicanas sobre la situación de los derechos humanos en México, guardan poca similitud con sus acciones reales, afirmó Amnistía internacional un día antes de que México sea examinado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Mientras que el gobierno mexicano no ha titubeado en tomar compromisos retóricos sobre derechos humanos, ha fallado en tomar medidas efectivas para hacer realidad estos compromisos” afirmó Rupert Knox, Investigador para México de Amnistía Internacional.
“La afirmación de que las autoridades 'han conseguido avances trascendentales para garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos' está totalmente alejada de la realidad” consideró Knox.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas han faltado a su promesa de cumplir con recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos humanos en 2009.
Estas recomendaciones incluían la implementación de medidas para poner fin a la tortura y a las desapariciones forzadas, asegurar investigaciones efectivas y rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos y, en general, poner la protección de los derechos humanos en el centro de la política sobre seguridad pública. México también prometió combatir efectivamente los abusos contra migrantes, la violencia contra las mujeres y asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
“Las autoridades mexicanas han afirmado que todos estos compromisos han sido cumplidos. Sin embargo, graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y fuerzas armadas aún continúan. El patrón de impunidad es una constante y el fracaso en cumplir estos compromisos ha sido evidente” agregó Knox.
Amnistía Internacional envío un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual detalla estas fallas.
Durante julio y agosto de este año, se documentaron las desapariciones forzadas, presuntamente a manos de integrantes de la marina, de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“En este caso, como en muchos otros, no ha habido una investigación seria y las familias de las personas desaparecidas no han podido obtener más que silencio de parte de las autoridades” afirmó Knox.
Pese a que se ha encontrado el cuerpo de una de las víctimas, con signos de haber sido ejecutado mediante un disparo, la marina continúa negando haber tenido parte en su detención y asesinato.
“Las autoridades están desaviando la mirada sobre las violaciones a los derechos humanos. El nuevo gobierno, como el anterior, afirma que los derechos humanos están en el centro de los operativos sobre seguridad pública. Sin embargo, las detenciones arbitrarias, la tortura, el maltrato y las desapariciones forzadas continúan teniendo un trágico impacto en la vida de miles de personas en México.”
En febrero de 2011, Miriam Isaura López Vargas, de 30 años y madre de 4 hijos fue detenida por soldados vestidos de civil mientras regresaba a casa tras llevar a sus hijos a la escuela. Los hombres le vendaron los ojos y la trasladaron a un cuartel militar donde fue torturada mediante descargas eléctricas y violada repetidamente.
Miriam permaneció detenida siete meses. Tras este periodo fue liberada al comprobarse su inocencia. Miriam decidió iniciar acciones legales contra los responsables de la tortura. A pesar de la evidencia obtenida, más de dos meses años y medio después, la investigación oficial todavía no ha llevado a presentar cargos contra las personas responsables.
Las desapariciones forzadas y la tortura no son las únicas violaciones de derechos humanos en México.
Las reformas a la legislación migratoria no han sido efectivamente implementadas para proteger los derechos de las personas migrantes. Cientos de migrantes continúan siendo secuestrados, asesinados, sufriendo violencia sexual o simplemente desapareciendo cada año. Los defensores de derechos de los migrantes enfrentan frecuentes amenazas y ataques. Los responsables de estos actos casi nunca son llevados ante la justicia.
Se estableció por ley un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, pero es sólo parcialmente operativo. Para octubre de 2013, 98 activistas y periodistas habían buscado la protección de este mecanismo tras sufrir amenazas y ataques, pero muchos de ellos no han recibido respuesta oportuna y eficaz.
La violencia en contra de las mujeres continúa siendo generalizada. Las leyes federales y locales aprobadas desde 2007 han resultado insuficientes o no se han aplicado, dejando a niñas y mujeres en situación de riesgo.
Los pueblos indígenas ven negado rutinariamente su acceso a la justicia. Las medidas introducidas para reducir la marginación son insuficientes. Hay además una ausencia de consulta adecuada sobre grandes proyectos extractivos e industriales en sus tierras ancestrales.
El gobierno ha fracasado a la hora de reformar el sistema de justicia militar para asegurar que las denuncias de violaciones de derechos humanos son tratadas por el sistema de justicia civil. Además, se ha negado a hacer nada para asegurar que las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la "guerra sucia" de los años 60, 70 y 80 sean llevados ante la justicia.
"Si el gobierno mexicano realmente se toma en serio los derechos humanos, tiene que hacer más que realizar declaraciones audaces y bonitas palabras. Debe actuar e implementar totalmente las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas", concluyó Rupert Knox.
Fuente: AI
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