Las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) para resolver una contradicción de tesis pueden tener implicaciones muy serias para la protección de los derechos humanos en México.
Amnistía Internacional insta a los ministros a garantizar que su decisión sea conforme con la reforma al artículo primero de la Constitución mexicana que se produjo en 2011 y confirme la validez del principio pro persona, es decir de aplicar la norma que resulte más favorable a la protección de la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
La organización recuerda que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que el estado mexicano es parte, dispone que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Esta disposición contenida en la Convención refleja una norma de carácter consuetudinario, obligatoria para todos los estados por igual, y de aplicación muy anterior a la propia adopción de la Convención en 1968.
México ha ratificado la gran mayoría de convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos, sin embargo durante mucho tiempo careció de mecanismos para garantizar su aplicación interna. La reforma de 2011 por fin estableció el mecanismo para asegurar su aplicación en el entorno nacional al garantizar que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales”, y que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Cualquier resolución que tenga potencialmente como consecuencia el desconocimiento de este principio, no solamente sería inconstitucional pero también construiría un paso hacia atrás para la protección de los derechos humanos en México.
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