La celeridad del priismo neoliberal por recuperar el tiempo perdido, obligó al inquilino de Los Pinos a aprovechar el capital político adquirido con la firma del pacto, para diseñar agitadamente las reformas que -según su ideólogo, el secretario de Hacienda Luis Videgaray- transformarían al país. Evidentemente, las reformas son necesarias si partimos del supuesto que todos los mexicanos deseamos cambios que conduzcan a mejorar la calidad de vida, pero lamentablemente éstas no satisfacen al grueso de la población y por el contrario sólo benefician a unos cuantos.
Por supuesto, las telecomunicaciones, la educación, la hacienda pública, las finanzas, la energía, etcétera, son sectores que requieren de cambios urgentes. Sin embargo, lo que no corrige el gobierno de Peña Nieto y no aborda en ninguna de sus polémicas y controvertidas reformas, es la corrupción que impera en el sistema político mexicano.
Si algo conoce el PRI, son la prácticas corruptas que se enquistaron durante más de setenta años que ostentaron el poder presidencial y que lamentablemente los gobiernos panistas no pudieron abatir. Con el PRI, nombres como Arturo Montiel, Juan Sabines, José Murat, Ulises Ruiz, Raúl Salinas, Tomás Yarrington, Elba Esther Gordillo, Andrés Granier y en otra época, Arturo Durazo, Miguel Alemán, Óscar Espinosa y una lista interminable de priistas, son todos ellos personajes que se enriquecieron inexplicablemente bajo el amparo de sus padrinos políticos que evitaron se les tocará con la mínima justicia.
Así, podemos suponer que las reformas del gobierno de Peña Nieto tienen dedicatoria y beneficiarios distinguidos, pues la corrupción prevalece en cada una de ellas. Así quedó demostrado en documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se puntualizan análisis y recomendaciones para aplicar reformas en México, no sólo en materia educativa sino además en materia fiscal, energética y de telecomunicaciones, y que fueron elaboradas por la organización Mexicanos Primero integrada por empresarios como Emilio Azcárraga, Fernando Landeros y Claudio X. González.
Podemos fácilmente develar que la Reforma en materia de Telecomunicaciones beneficia a la empresa Televisa y a su séquito de medios de comunicación periféricos. Así se constata en la reciente integración del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) el cual nació torcido, pues la mayoría de sus comisionados no cumplieron con los requisitos de experiencia y/o independencia que exige la Constitución. La selección fue irregular, oscura e irresponsable y al menos cuatro de los siete nuevos comisionados -entre ellos su presidente- carecen de experiencia en materia de telecomunicaciones.
No se diga la Reforma Educativa, que es más una reforma laboral y que afecta a los miles de profesores que en los últimos días han desquiciado el tránsito en las calles de la ciudad de México. Si bien los maestros se han extralimitado en pretender negarse a la evaluación y mantener sus canonjías, lo cierto es que dicha reforma los deja al borde del desempleo, porque de no cumplir con los requisitos de calidad serían separados de sus plazas. Situación que podría revertirse si se modifican los planes de estudio de las escuelas normalistas elevando la calidad y exigencia para que los maestros egresen mejor preparados.
Ahora, tenemos frente así dos iniciativas de Reforma presentadas por Peña Nieto al Congreso de la Unión, la energética y la hacendaria.
La primera pretende privatizar la industria petrolera repartiendo los dividendos de la renta entre empresarios nacionales y sobretodo extranjeros. Los compromisos adquiridos por Peña Nieto con empresarios estadounidenses le impiden primero asear a Pemex desde adentro con un régimen fiscal adecuado que beneficie tanto a las finanzas de la empresa como a los mexicanos, para posteriormente ahora sí pensar en una inversión privada. Pero no. El compromiso con las trasnacionales está en marcha.
La segunda obliga a la muy desdibujada clase media a seguir manteniendo a los sectores más protegidos y desprotegidos del país. Pretende el pago de impuestos a la colegiaturas de la educación privada, pese a que como parte del Estado, el gobierno no tiene la capacidad de brindar educación gratuita y de calidad. Lo mismo ocurre con la disminución del deducible en gastos de salud, pues muchos mexicanos sabemos que el IMSS e ISSSTE no tienen la capacidad de ofrecer simplemente calidad en sus servicios.
Quizá Enrique Peña Nieto deba saber que sus iniciativas pueden ser bien intencionadas, pero ninguna de ellas cierra la entrada a la corrupción y muchos menos benefician a los mexicanos. Peña debe abandonar la frivolidad, los brazos extendidos como señal de triunfo y mejor debe dedicarse a gobernar con inteligencia y sin espejos de vanidad. ¡Quizá sea mucho pedir!
Por Juan José Solís*
*Periodista y profesor universitario
voces.huffingtonpost.com
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