CNTE: el fracaso de la política de Peña Nieto

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El primer tiempo de la triste y lamentable historia sobre la que versan estos apuntes analíticos comenzó meses atrás, con la decapitación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el encarcelamiento de su lideresa, Elba Esther Gordillo. Al amparo de El Pacto por México, continuó con la elaboración y aprobación de la reforma educativa, cuyos rasgos sobresalientes son, por un lado, la ausencia de propuestas y mecanismos orientados estratégica y eficientemente a la elevación significativa de los servicios educativos del sistema de instrucción pública y del aprovechamiento escolar de nuestras jóvenes generaciones; y, por el otro, un énfasis ostensible en la introducción de un nuevo esquema laboral, sustentado en la extinción de la figura de la inamovilidad de los maestros y el condicionamiento de su permanencia en las plazas a un sistema de evaluación que sanciona la reprobación con la separación del cargo, pese a que no ofrece a los evaluados como contraparte la descripción los mecanismos que darían certeza y objetividad al proceso. Y, quizás, terminó con la entronización de Juan Díaz como nuevo líder del SNTE, al más puro estilo del corporativismo presidencialista del México postrevolucionario.

El segundo tiempo inició con las movilizaciones encabezadas por el magisterio opositor al sindicalismo oficial del SNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la estrategia de dilación a los reclamos del magisterio y de simulación de diálogo implementadas por el gobierno federal y, al amparo del Pacto, secundadas por las fracciones mayoritarias de diputados y de senadores. Continuó con una fría y calculada estrategia de linchamiento mediático, con cargo preponderante a la televisa y tv azteca, en el que, sin el menor asomo de recato y capitalizando el enojo por los bloqueos y el congestionamiento viales recurrentes, los líderes de opinión de las teleaudiencias pusieron en juego todas sus habilidades y recursos para dotar al movimiento magisterial disidente de la imagen de vándalos, belicosos, flojos, ignorantes e irresponsables. Y, probablemente, terminó dos días antes de la ceremonia conmemorativa de la independencia con el ultimátum hecho por o a nombre del secretario de gobernación de que se procedería al desalojo de la Plaza de la Constitución mediante el uso de la fuerza pública.

El tercer tiempo comenzó en el justo momento en el que el secretario de gobernación se percató de que el desalojo de los maestros de la plancha del Zócalo implicaría el uso de la fuerza física. Continuó, a partir de ello, con el despliegue de dos estrategias paralelas: por un lado, la puesta en marcha del operativo táctico a través del cual los cuerpos policiacos especializados del gobierno federal, en apenas unos cuantos minutos, sometieron por la fuerza al magisterio rebelde y dejaron libre la plancha para que el personal del gobierno del Distrito Federal hiciera las labores de limpieza; y, por el otro, con el despliegue de personeros de las comisiones de derechos humanos e integrantes del cuerpo de notarios, debidamente aleccionados para no ver las armas, los excesos ni las vulneraciones documentados a través de las redes sociales. Se acercó a su culminación con la implementación de una cuidadosa estrategia de cobertura mediática, basada en el uso recurrente de dos o tres tomas cuidadosamente seleccionadas y en el apresurado, poco convincente y reiterativo comentario editorial de que el desalojo había sido con saldo blanco y sin mediar el uso de las armas.

Resulta un tanto apresurado hacer ahora un balance de esta historia en tres tiempos. Es innegable, sin embargo, que el frío, desangelado y poco concurrido evento de conmemoración independentista del domingo pasado en el Zócalo capitalino barrunta el panorama de un gobierno federal colocado en un peligroso, y creciente, vacío de legitimidad, consenso y credibilidad sociopolíticos. Sea porque el tiempo les faltó para organizar el operativo de acarreo masivo, porque prefirieron un operativo de disfrace mediático de la precaria asistencia, o por una combinación de ambas, lo cierto es que la inusual inasistencia pública lanza un mentís al discurso gubernamental de que el uso de la fuerza habría estado motivado en la defensa de un acto conmemorativo que es de todos los mexicanos.


Las tanquetas militares en el zócalo para el desalojo a maestros el 13 de septiembre. Foto: Tomás Bravo

El gobierno federal no es por cierto el único damnificado con el desalojo violento. La brecha empeñosamente mostrada por las redes sociales entre la versión de la tv y los hechos documentables pone una vez más en evidencia la parcialidad de los emporios televisivos y su alineamiento estratégico hacia la versión gubernamentalista, que vulnera la sana pluralidad y pone en entredicho la vigencia del derecho constitucional de los mexicanos a la información. El curso de los acontecimientos a este respecto está por verse, si bien la historia reciente ofrece indicios de que la politización del mensajero, más que del mensaje, puede desatar un vacío de credibilidad de los partícipes en el contubernio: los empresarios mediáticos y las elites gubernamentales.

La inconformidad desatada en amplias franjas de la ciudadanía por la alteración vial y, con ella, de la cotidianidad de la capital del país no es un dato menor. Mal haría el magisterio si insiste en ignorar el dato. Más preocupante que ello resulta el manejo político y mediático que se ha hecho al respecto. Los indicios de que en nuestro país tiene lugar un proceso creciente de polarización están a la vista. Ye en esta situación, lo menos relevante sería indagar a cuál de los polos asiste la razón y en qué. Menos lugar hay a las dudas de que el alineamiento de las emporios mediáticos a los intereses de la coalición gobernante, divorciados de la verdad, el pluralismo y el profesionalismo, entraña un factor causal de relevancia; y de que la gobernabilidad del sistema político puede ser la consecuencia principal de dicha polaridad.

Como es de suyo evidente, esta triste y lamentable historia no se agota en los tres tiempos aquí caracterizados. La violencia del pasado viernes muestra ya brotes de reacción en las secciones más radicales de la CNTE, entre ellas la de Michoacán. Por si eso no bastara, han iniciado los ecos de solidaridad con el magisterio en el medio de la educación pública superior, particularmente en escuelas y facultades de la UNAM y del IPN. Hasta ahora, es una incógnita la respuesta que puede haber dentro de las instituciones de la educación privada, sede de origen del #yosoy132, así como de parte de los maestros que militan en el SNTE y que en el fondo de su alma comparten el temor y la incertidumbre de su permanencia laboral con los maestros de la CNTE.

Cualquiera sea el caso, con cargo a la responsabilidad que le es imputable al gobierno, una conclusión irrecusable es que la política falló y, junto con ella, el Estado de Derecho. La prueba de lo primero está dada en el uso del último de los recursos: la violencia física; y, por su parte, la prueba de lo segundo estriba en que el recurso de la sanción hizo entrar en crisis la validez de la norma invocada y que los agentes gubernamentales que la invocaron.

Por Francisco Bedolla Cancino*
* Analista político
@franbedolla

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