A tres años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 migrantes fueron asesinados por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México.
"El gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México. En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas" afirmó Daniel Zapico, Representante en México de Amnistía Internacional.
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| Migrantes en su sueño por alcanzar la frontera México-EU. Foto: Archivo |
El 22 de agosto de 2010 un grupo criminal asesinó a 72 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Centro y Sudamérica en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar.
A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.
A los pocos días de encontrarse los cuerpos de los y las migrantes asesinados en 2010 el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes.
"Tras la indignación levantada por esta escalofriante tragedia, las autoridades mexicanas no tardaron en hacer compromisos públicos. Tres años después vemos con preocupación como tales compromisos parecen haber desaparecido", afirmó Daniel Zapico.
Los planes anunciados incluían el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar, castigar a los responsables y garantizar asistencia a las personas migrantes víctimas de abusos.
Asimismo, la organización destaca que las medidas a las que las autoridades se comprometieron, ya constituían una obligación del Estado Mexicano y que la actual administración debe honrar.
Amnistía Internacional hace hoy un urgente y enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país e informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados.
A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.
A los pocos días de encontrarse los cuerpos de los y las migrantes asesinados en 2010 el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes.
"Tras la indignación levantada por esta escalofriante tragedia, las autoridades mexicanas no tardaron en hacer compromisos públicos. Tres años después vemos con preocupación como tales compromisos parecen haber desaparecido", afirmó Daniel Zapico.
Los planes anunciados incluían el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar, castigar a los responsables y garantizar asistencia a las personas migrantes víctimas de abusos.
Asimismo, la organización destaca que las medidas a las que las autoridades se comprometieron, ya constituían una obligación del Estado Mexicano y que la actual administración debe honrar.
Amnistía Internacional hace hoy un urgente y enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país e informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados.
Fuente: AI
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