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| Foto: exijamosloimposibleblogspot.com |
En su sesión del lunes pasado, los ocho representantes de los intereses de los partidos políticos en el Consejo General del IFE con derecho de voz y voto –léase: los consejeros electorales– pusieron fin a la farsa del dictamen de fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales pasadas.
A casi dos años de distancia de una colección públicamente consabida de trapacerías generalizadas para violentar la voluntad del público elector nacional, y luego del tragicómico entrampe que, a la falta de un consejero, les mantuvo en un empate de cuatro por bando, los paladines de la partidocracia federal lograron una votación aprobatoria de siete a uno, que a decir del propio presidente del IFE, Leonardo Valdés, “no satisface a la autoridad ni a los partidos políticos”. Bella declaración que pinta de cuerpo entero la visión que él suscribe del IFE y la vocación institucional pregonada, vaciadas de sentido público y de congruencia con los principios de la verdad y la legalidad.
Entiéndase el punto: lo que al pragmático de Valdés y consejeros que le secundan preocupa no es el carácter democrático de los comicios ni el juego limpio, sino el equilibrio de los intereses de la autoridad electoral con los intereses de las fuerzas partidocráticas que les colocaron en el lugar que ocupan y frente a los cuales, en exclusiva, se sienten responsables.
Tan importante como el resultado que a nadie satisfizo es el procedimiento que le hizo posible, cuya clave oculta está en las reglas del prorrateo de los gastos o, como dicen jocosamente los sospechocistas, el “pri-rateo”, que otorgan un amplio margen a los partidos para que decidan cómo repartir contablemente una parte importante de los gastos entre los candidatos y sus campañas. Sucede que, por efectos de la presión de los cuatro consejeros electorales contrarios al PRI-PVEM, el Consejo General instruyó a su órgano fiscalizador la introducción ex post de nuevos criterios de prorrateo en sustitución de los originalmente aprobados y utilizados, con el propósito expreso de mitigar los montos millonarios de las multas a los llamados partidos de izquierda.
No lo sé de cierto, pero lo imagino. Lo más probable es que la decisión de los consejeros electorales sobre los nuevos criterios de prorrateo y el modo de su aplicación se haya decidido con calculadora en mano para forzar dos resultados, cada uno de ellos suscrito y promovido por un respectivo bloque partidocrático de cuatro consejeros electorales: uno, de parte del bloque anti-PRI, la disminución de las multas millonarias al PRD, PT y Movimiento Ciudadano y, quizá, la mitigación de la imagen negativa asociada a haber financiado la campaña de AMLO de manera tramposa, onerosa y descuidada; y dos, de parte del bloque pro-PRI, desahogar el último punto pendiente de la elección de EPN, cuidando a toda costa su imagen como candidato respetuoso de los límites a los gastos de campaña.
Resultado de la reingeniería fiscalizadora ad hoc del IFE: que siempre no resultó tan dispendiosa como se había determinado con anterioridad la campaña presidencial de AMLO, por lo cual la multa millonaria se reduce significativamente; y que siempre sí la campaña presidencial de EPN se mantuvo por debajo de los límites fijados, si bien gastó más de lo que el dictamen inicial había determinado. He aquí los términos de la negociación partidocrática, que permitieron superar el entrampamiento de más de un año, bajo un arreglo subóptimo, porque disminuyó los beneficios iniciales del PRI; no mejoró tanto a las izquierdas como para evitarles la multa; y puso nuevamente al descubierto su entre trágica y cómica condición de árbitro a modo, sumiso a los intereses de los partidos políticos y diligente hasta la ignominia para burlar los preceptos legales y desestimar cualquier principio ético.
En el tintero de la democracia electoral yacen hechos que violentan de manera flagrante el sentido común y el aprecio por la labor fiscalizadora del IFE, de entre los que vale resaltar al menos tres:
El primero se refiere al dato juzgado y ya oficial de que la mayor cantidad de candidatos que rebasaron los límites de los gastos de campaña se encuentran dentro de las filas del PRI-PVEM, ostensiblemente perjudicados por las decisiones del prorrateo de sus ingenieros financieros, intencionadamente protector de los gastos de su campaña presidencial, que pone al descubierto la fragilidad de la conclusión de que EPN fue austero y AMLO dispendioso.
El segundo se refiere al balance del gasto total en las campañas de los partidos, estimado en poco más de 2, 500 millones de pesos, cifra que resulta no sólo inverosímil sino que ralla en lo ridículo.
Y el tercero, que, a juzgar por la elevada cantidad de candidatos ganadores que serán sancionados por rebasar los límites a los gastos de campaña, difícil es evitar la conclusión de que, literalmente, los ciudadanos estamos en las manos de legisladores tramposos.
A la verdad legal de los gastos de campaña producida por la resolución aprobatoria del Consejo General, así, le es reconocible un método muy especial, cuya fortaleza principal estriba en su capacidad de ser indiferente a la verdad material, los hechos y los indicios conocidos, el espíritu de la ley, la probidad ética, la responsabilidad funcionarial, las reglas de la evidencia y la argumentación, y la inteligencia ciudadana. Se trata del popularmente reconocido método de la componenda por cuotas, cuyas reglas básicas son que ningún juicio que escape a los límites ex ante acordados por los partidos políticos tiene posibilidad de acceder al estatus de verdad y que, en caso de dificultad, se aplique el procedimiento estadístico de promediar (¿prorratear?) los daños, bajo un arreglo previamente acordado. Probablemente, la parte que no le gustó a Leonardo Valdés es que, de nueva cuenta, el perdedor neto en este arreglo cupular fue la autoridad electoral, que debió aprobar un dictamen que no satisface del todo a sus clientelas partidarias y que abona a la pérdida del escaso capital de confianza y credibilidad social del IFE.
Un componente coyuntural que agravó los hechos, sin lugar a dudas, es la paridad de fuerzas entre los dos bloques partidocráticos en el Consejo General, dada la falta de un consejero electoral, que impide la conformación de una mayoría. Desde una perspectiva simplona, y hasta cínica, como la exhibida por diversos consejeros electorales, el problema es esencialmente aritmético: cuatro contra cuatro siempre dará un empate. Un enfoque distinto, sin embargo, ha de colocar en primer plano el problema del divorcio del Consejo General respecto de su espíritu legal e institucional como órgano colegiado y de deliberación, apto para producir siempre el mejor argumento en beneficio del interés democrático.
En el contexto de la renovación de más de la mitad del Consejo General hacia el mes de octubre, urge que los consejeros, sobre todo los que están por culminar su encargo, sean honestos y generosos para reconocer públicamente en lo que se ha convertido el Consejo General del IFE: un espacio para la “guerra partidizada de posiciones”, en la que lo único que se pone en juego es la capacidad de cada consejero para hacer coincidir sus respectivas posiciones con una interpretación singularmente ad hoc de las previsiones legales aplicables; esto es, para violentar la verdad material y producir las verdad legal apetecida.
La debacle de la confianza institucional no es gratuita. Se ha producido por efecto de las prácticas reiteradas del Consejo Electoral para trucar la verdad material de que los comicios se han convertido en un escenario que premia el ingenio para hacer trampas y, dicho en sentido contrario, que torna costosas y crecientemente irrelevantes las estrategias orientadas al convencimiento de los electores. La pregunta relevante en el corto plazo es si las dirigencias partidarias encontrarán una solución que les permita el reparto por cuotas de las cinco posiciones en el Consejo Electoral; o si, forzados por la imposibilidad de llevar adelante un acuerdo por cuotas y la presión pública, optan por un concurso público y abierto, en el que los méritos de los aspirantes sean la variable decisiva. Hasta hoy, luego de cuatro concursos, no se ha actualizado la segunda opción y, lo que es peor, las últimas dos ni siquiera concluyeron en los términos previstos.
Entiéndase el punto: lo que al pragmático de Valdés y consejeros que le secundan preocupa no es el carácter democrático de los comicios ni el juego limpio, sino el equilibrio de los intereses de la autoridad electoral con los intereses de las fuerzas partidocráticas que les colocaron en el lugar que ocupan y frente a los cuales, en exclusiva, se sienten responsables.
Tan importante como el resultado que a nadie satisfizo es el procedimiento que le hizo posible, cuya clave oculta está en las reglas del prorrateo de los gastos o, como dicen jocosamente los sospechocistas, el “pri-rateo”, que otorgan un amplio margen a los partidos para que decidan cómo repartir contablemente una parte importante de los gastos entre los candidatos y sus campañas. Sucede que, por efectos de la presión de los cuatro consejeros electorales contrarios al PRI-PVEM, el Consejo General instruyó a su órgano fiscalizador la introducción ex post de nuevos criterios de prorrateo en sustitución de los originalmente aprobados y utilizados, con el propósito expreso de mitigar los montos millonarios de las multas a los llamados partidos de izquierda.
No lo sé de cierto, pero lo imagino. Lo más probable es que la decisión de los consejeros electorales sobre los nuevos criterios de prorrateo y el modo de su aplicación se haya decidido con calculadora en mano para forzar dos resultados, cada uno de ellos suscrito y promovido por un respectivo bloque partidocrático de cuatro consejeros electorales: uno, de parte del bloque anti-PRI, la disminución de las multas millonarias al PRD, PT y Movimiento Ciudadano y, quizá, la mitigación de la imagen negativa asociada a haber financiado la campaña de AMLO de manera tramposa, onerosa y descuidada; y dos, de parte del bloque pro-PRI, desahogar el último punto pendiente de la elección de EPN, cuidando a toda costa su imagen como candidato respetuoso de los límites a los gastos de campaña.
Resultado de la reingeniería fiscalizadora ad hoc del IFE: que siempre no resultó tan dispendiosa como se había determinado con anterioridad la campaña presidencial de AMLO, por lo cual la multa millonaria se reduce significativamente; y que siempre sí la campaña presidencial de EPN se mantuvo por debajo de los límites fijados, si bien gastó más de lo que el dictamen inicial había determinado. He aquí los términos de la negociación partidocrática, que permitieron superar el entrampamiento de más de un año, bajo un arreglo subóptimo, porque disminuyó los beneficios iniciales del PRI; no mejoró tanto a las izquierdas como para evitarles la multa; y puso nuevamente al descubierto su entre trágica y cómica condición de árbitro a modo, sumiso a los intereses de los partidos políticos y diligente hasta la ignominia para burlar los preceptos legales y desestimar cualquier principio ético.
En el tintero de la democracia electoral yacen hechos que violentan de manera flagrante el sentido común y el aprecio por la labor fiscalizadora del IFE, de entre los que vale resaltar al menos tres:
El primero se refiere al dato juzgado y ya oficial de que la mayor cantidad de candidatos que rebasaron los límites de los gastos de campaña se encuentran dentro de las filas del PRI-PVEM, ostensiblemente perjudicados por las decisiones del prorrateo de sus ingenieros financieros, intencionadamente protector de los gastos de su campaña presidencial, que pone al descubierto la fragilidad de la conclusión de que EPN fue austero y AMLO dispendioso.
El segundo se refiere al balance del gasto total en las campañas de los partidos, estimado en poco más de 2, 500 millones de pesos, cifra que resulta no sólo inverosímil sino que ralla en lo ridículo.
Y el tercero, que, a juzgar por la elevada cantidad de candidatos ganadores que serán sancionados por rebasar los límites a los gastos de campaña, difícil es evitar la conclusión de que, literalmente, los ciudadanos estamos en las manos de legisladores tramposos.
A la verdad legal de los gastos de campaña producida por la resolución aprobatoria del Consejo General, así, le es reconocible un método muy especial, cuya fortaleza principal estriba en su capacidad de ser indiferente a la verdad material, los hechos y los indicios conocidos, el espíritu de la ley, la probidad ética, la responsabilidad funcionarial, las reglas de la evidencia y la argumentación, y la inteligencia ciudadana. Se trata del popularmente reconocido método de la componenda por cuotas, cuyas reglas básicas son que ningún juicio que escape a los límites ex ante acordados por los partidos políticos tiene posibilidad de acceder al estatus de verdad y que, en caso de dificultad, se aplique el procedimiento estadístico de promediar (¿prorratear?) los daños, bajo un arreglo previamente acordado. Probablemente, la parte que no le gustó a Leonardo Valdés es que, de nueva cuenta, el perdedor neto en este arreglo cupular fue la autoridad electoral, que debió aprobar un dictamen que no satisface del todo a sus clientelas partidarias y que abona a la pérdida del escaso capital de confianza y credibilidad social del IFE.
Un componente coyuntural que agravó los hechos, sin lugar a dudas, es la paridad de fuerzas entre los dos bloques partidocráticos en el Consejo General, dada la falta de un consejero electoral, que impide la conformación de una mayoría. Desde una perspectiva simplona, y hasta cínica, como la exhibida por diversos consejeros electorales, el problema es esencialmente aritmético: cuatro contra cuatro siempre dará un empate. Un enfoque distinto, sin embargo, ha de colocar en primer plano el problema del divorcio del Consejo General respecto de su espíritu legal e institucional como órgano colegiado y de deliberación, apto para producir siempre el mejor argumento en beneficio del interés democrático.
En el contexto de la renovación de más de la mitad del Consejo General hacia el mes de octubre, urge que los consejeros, sobre todo los que están por culminar su encargo, sean honestos y generosos para reconocer públicamente en lo que se ha convertido el Consejo General del IFE: un espacio para la “guerra partidizada de posiciones”, en la que lo único que se pone en juego es la capacidad de cada consejero para hacer coincidir sus respectivas posiciones con una interpretación singularmente ad hoc de las previsiones legales aplicables; esto es, para violentar la verdad material y producir las verdad legal apetecida.
La debacle de la confianza institucional no es gratuita. Se ha producido por efecto de las prácticas reiteradas del Consejo Electoral para trucar la verdad material de que los comicios se han convertido en un escenario que premia el ingenio para hacer trampas y, dicho en sentido contrario, que torna costosas y crecientemente irrelevantes las estrategias orientadas al convencimiento de los electores. La pregunta relevante en el corto plazo es si las dirigencias partidarias encontrarán una solución que les permita el reparto por cuotas de las cinco posiciones en el Consejo Electoral; o si, forzados por la imposibilidad de llevar adelante un acuerdo por cuotas y la presión pública, optan por un concurso público y abierto, en el que los méritos de los aspirantes sean la variable decisiva. Hasta hoy, luego de cuatro concursos, no se ha actualizado la segunda opción y, lo que es peor, las últimas dos ni siquiera concluyeron en los términos previstos.
Por Francisco Bedolla Cancino*
*Analista político
@franbedolla
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