En el reciente artículo del periodista Jorge Ramos, titulado “Vender el alma al diablo”, observa que el costo por legalizar a 11 millones de migrantes en Estados Unidos con la reforma migratoria es demasiado alto. Esto es “más de lo debido”, de acuerdo a su particular opinión. Pero lo que más le aterra, secundado por la periodista Dolia Esteves, es el silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus empleados para fijar una postura enérgica ante lo que define como una flagrante agresión de Estados Unidos hacia México. No incluye a Centroamérica, sólo México, y lo dramatiza con el alarde de “socio comercial”.
Jorge Ramos inicia su texto enumerando los “altos costos” que ocasionaría esta reforma, que van desde incrementar los 21 mil elementos de seguridad policiaca en la frontera a los 40 mil, la ampliación de 700 millas del muro, verificación digital de empleos y un grupo de drones para vigilar la división territorial entre los dos países. Esto tendrá un gasto de 50 mil millones de dólares cargado al erario estadounidense, y Ramos recuerda con indignación que estas acciones son “tácticas usadas con naciones enemigas” como Afganistán e Irak.
Primero hay que ubicar bien el contexto y puntualizar lo que pasa de largo el colega que con más de 20 años en Estados Unidos habla desde el lugar privilegiado que le da la ciudadanía.
Estados Unidos formalmente es socio comercial de México, sí, pero si a estas alturas un periodista internacional de origen mexicano no sabe lo que ello significa políticamente y se ignora no sólo el grado de dependencia económica, sino el tipo de la relación que México sostiene con su vecino del norte, solo están moviendo una cortina de humo para mantener distraída a la sociedad mexicana. No nos engañemos.
Ramos, como periodista estelar de la gran televisión hispana, no argumenta en qué afectaría a México el presupuesto que Estados Unidos decide gastar en seguridad fronteriza. Los 50 mil millones de dólares no saldrán del bolsillo de los mexicanos, sino de los contribuyentes estadounidenses. Quienes pagamos impuestos en EEUU, deberíamos al menos respingar por este rubro.
Pero Ramos también es reiterativo y alarmante con respecto al silencio del gobierno mexicano. Pregunto: ¿Qué espera este periodista que diga Enrique Peña Nieto de la reforma migratoria si su imposición fue legitimada por el mismo presidente Obama? Ramos y Esteves han olvidado muy rápido el pasado electoral de México, cuando se perpetró una grave violación constitucional el 1 de julio y después fue acallada con otra más grave el 1 de diciembre, de las que ya no nos recuperaremos. Cualquier mexicano que no sepa las implicaciones políticas en la vida pública nacional de una imposición como la que recién vivimos con el PRI y la complicidad de los partidos está condenado a padecerla. Pero ser periodista mexicano y fingir que todo marcha en México como en una simple democracia, despierta suspicacias.
Jorge Ramos, además, sostiene en su artículo que esas “medidas drásticas” van a separar a los dos países. Sin duda su mirada es ingenua. Nada más contrario a la verdad. Esas medidas, en realidad son funcionales a estrechar la relación binacional por dos razones. La primera es que México no está en condiciones de poner reparos a Estados Unidos, el silencio por la ilegitimidad de su gobierno lo hace el cómplice más leal y disciplinado del continente americano, sobre todo en momentos en que la conciencia despierta los pueblos de Suramérica. Los mexicanos ya estamos pagando el costo impuesto por nuestra holgada tolerancia a la imposición de Peña y a la impunidad de sus secuaces. Y segunda razón, al gobierno mexicano le conviene el fortalecimiento de la seguridad de la frontera estadounidense, puesto que con ello se encarece la droga, las armas y la trata de personas que se mueven entre ambos países. El negocio brilla, no cerremos los ojos.
Aunque con un aire melodramático, el periodista Jorge Ramos insiste en la “pasividad y negligencia” de Peña Nieto, y escribe: “es como si esto no tuviera nada que ver con él, como si esto no fuera a afectar seriamente a millones de mexicanos”. La pregunta es de cajón: ¿De verdad cree Ramos que le importa a Peña Nieto lo que le afecte a millones de mexicanos? ¿De verdad cree Ramos en la sensibilidad y racionalidad del gobierno mexicano? Televisa, Univision, más de lo mismo, se entiende, pero incluso Carmen Aristegui cita a Ramos, con tamaña ingenuidad, como un referente periodístico.
Después de lo “terrible” que le resulta “la construcción de muros entre socios comerciales”, Ramos todavía se aventura en una parodia: “Lo que México necesita son más visas para sus trabajadores en el norte, no más agentes norteamericanos que detengan a los mexicanos más pobres en los desiertos y montañas”.
También aquí se le olvida que México es un país expulsor al igual que Centroamérica por su violencia y no sólo por su precariedad económica, y que “los desiertos y montañas” a los que alude en su texto, son sembrados con cuerpos que tiran las mafias negociadas desde los gobiernos, incluyendo desde el gobierno federal. Es Ramos el que parece no entender cómo funcionan las cosas en México, porque está claro que Enrique Peña Nieto sí sabe cómo funcionan dentro del espectáculo político en Estados Unidos.
Así pues, el “altísimo costo” que tanto preocupa a un periodista con ciudadanía estadounidense como Jorge Ramos o Dolia Esteves, resulta irrelevante para un periodista indocumentado como Luis Horacio Nájera, que huyó de Ciudad Juárez con su familia y tuvo que limpiar baños, mientras esperaba una oportunidad de vida digna y segura en otro país. O para el talentoso periodista digital Luis Monroy que lleva años trabajando en el campo y que ve una pequeña esperanza en la reforma migratoria, tratando de encontrar un empleador para reincorporarse al gremio en este país. O para el reportero y activista Francisco Ramírez con veinte años en el oficio de albañil, y que en su tiempo libre trabaja de periodista “entre polvo y cansancio”, por no contar con un documento que lo acredite como “regularizado”.
Fortalecer la seguridad en la frontera no cambia la situación a esos 11 millones de indocumentados que han vivido en el sacrificio de las sombras, la reforma sí. Que el gobierno estadounidense gaste 50 mil millones de dólares en seguridad en la frontera tampoco afecta la precaria vida de decenas de millones de mexicanos y centroamericanos. Los que les afecta es la depredación sistemática de sus gobiernos, la falta de racionalidad en políticas públicas de desarrollo y de seguridad para generar opciones genuinas a los ciudadanos, en vez de expulsarlos con sistemas de justicia corrompidos.
Entonces, en realidad, ¿a quién afectan esas “drásticas medidas” que inlcluye la reforma migratoria? Fácil, a los contribuyentes estadounidenses porque el dinero es del erario y en vez de que se destine a elevar la calidad de vida de estos ciudadanos estadounidenses, se les está quitando para destinarlo al fantasma del miedo a los migrantes. Y el miedo no es a los 11 millones que podrían eventualmente obtener un permiso de trabajo, y que no podrán obtener la residencia hasta que cumplan un periodo de diez años, y luego tendrán que esperar otros tres más para la ciudadanía. El miedo sólo es un fantasma creado para mover la economía. Y es un fantasma que cuesta muy caro a los contribuyentes en Estados Unidos. Pero es una gran inversión para el Estado estadounidense y para empresas aliadas contratadas para la seguridad en las fronteras.
Son descomunales los recursos que mueven las cárceles privadas de Migración a lo largo de la frontera con México. Para darnos una idea, por cada persona detenida en una cárcel de migración el estado paga por ella, paga por su salud y su alimentación. Si el detenido requiere de atención médica especial, el estado, es decir, con dinero público, se paga esa atención en hospitales privados subcontratados por el estado, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos de enfermedades terminales. Y luego los internos se recuperan en las cárceles.
Los recursos que se mueven cada día al deportar a cientos de personas que los obligan a separarse de sus familias tampoco son pocos. Las familias hacen hasta lo imposible por reunir los recursos, pagar perdones, abogados o “polleros” para volver a reunirse en este país.
También son descomunales los recursos que se obtienen de la “caza” de migrantes por parte de las policías fronterizas, del pago de multas por entrar al país ilegalmente y de las empresas de comunicaciones en las cárceles y tribunales. Más los trámites de regularización de quienes son aceptados en calidad de refugiados, asilados o residentes, a cálculo de 1,300 dólares por persona. Más los recursos que entrarían por los 11 millones de indocumentados que calculan que podrían eventualmente beneficiarse con esta reforma migratoria. El miedo pues cuesta, pero también produce. Y los gobiernos de Estados Unidos y México lo saben bien. Al que parece costar más trabajo entenderlo es a Jorge Ramos.
Por Guadalupe Lizárraga
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