A punto de cumplirse cien días de su mandato, las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de derechos humanos simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México.
“Existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva administración debe romper con la tradición de promesas vacías de la anterior en materia de derechos humanos y poner fin a la impunidad de los abusos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
El pasado diciembre, el secretario general de Amnistía Internacional escribió al nuevo presidente mexicano para pedir una actuación inmediata sobre diversos problemas graves. Hasta la fecha no ha habido una respuesta significativa.
La organización pedía un cambio radical en la política de seguridad pública que garantizara el fin de graves abusos, tales como la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas, y llevara a sus autores ante la justicia.
Peña Nieto se comprometió a aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, pero hasta la fecha hay pocos indicios de que se hayan tomado las medidas necesarias.
A fin de resaltar estas preocupantes señales, Amnistía Internacional presenta hoy una campaña para que se haga justicia con Miriam López. Miriam fue detenida ilegalmente, torturada y sometida a violencia sexual por miembros del ejército en 2011. Su caso es emblemático de los de todas las personas que, tras sufrir graves abusos, han visto cómo se les niega la justicia.
Aunque el avance de la Ley General de Víctimas es importante, no puede ocultar el hecho de que los muchos miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las miles de personas desaparecidas o “extraviadas”, siguen sin tener acceso a la justicia y sin recibir reparación.
El gobierno está debatiendo la reforma policial, pero no hay señales de que la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ocupen un lugar destacado en sus propuestas. Los debates sobre la eliminación del arraigo (detención sin cargos) son positivos, pero aún no se han tomado medidas concretas para suprimir esta práctica.
En la jurisdicción militar, ni el gobierno ni el congreso han tomado medidas para reformar el Código de Justicia Militar como requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual deja sin apoyo legislativo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar la jurisdicción militar.
Sobre los migrantes, la designación de un ex jefe de policía como director del Instituto Nacional de Migración es motivo de honda preocupación. No hay constancia de que se hayan tomado nuevas medidas necesarias para combatir la actuación de funcionarios y bandas de delincuentes que perpetran graves abusos contra los migrantes en tránsito.
Cuando se trata de combatir la violencia contra las mujeres y respetar los derechos sexuales y reproductivos, el silencio del gobierno es casi total.
El gobierno anunció un programa dirigido a las comunidades indígenas excluidas, pero aún no ha dado detalles sobre él, ni siquiera la forma en que las propias comunidades indígenas participarán para garantizar la protección de sus derechos.
Respecto a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, prosigue el establecimiento de un mecanismo de protección con la participación de la sociedad civil, con arreglo a la ley aprobada en 2012.
Se trata de un paso positivo, pero el gobierno debe garantizar que dicho mecanismo proporciona verdadera protección. También es fundamental que las investigaciones sobre los ataques se traduzcan en la comparecencia ante la justicia de sus perpetradores, poniendo fin a la impunidad.
“Es hora de que este gobierno demuestre que sitúa la protección de los derechos humanos en el centro de su agenda política y garantiza una participación plena y efectiva de la sociedad civil.” concluyó Zúñiga.
Información general
Amnistía Internacional publicó en octubre de 2012 el informe Culpables conocidos, víctimas ignoradas para poner de manifiesto la actual impunidad y el alarmante incremento de la tortura. La organización no ha recibido aún respuesta a este informe ni información sobre las medidas que está tomando el gobierno.
La actuación de Amnistía Internacional en apoyo de la lucha por la justicia de Miriam López es una oportunidad para que este gobierno demuestre que se toma en serio la lucha contra la tortura y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Arturo Ávila Salazar
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