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En Ciudad de México el pasado 11 de marzo de 2013, PEN Internacional publicó la siguiente declaración en el momento de su primera reunión oficial con el Procurador General de México, Jesús Murillo Karam.
En enero de 2012, una delegación de la Federación Internacional PEN gran ensamblados en México, encabezado por el primer ejecutivo completo e integrado por representantes de los siete Centros PEN Norte América. PEN presentó cinco recomendaciones específicas, se reunieron con figuras clave del gobierno y llevaron a cabo eventos públicos.
En marzo de 2013, un seguimiento PEN Delegación Internacional se encuentra en México, encabezada por su Presidente, para evaluar lo que se ha avanzado y para hacer recomendaciones adicionales.
Hasta el momento, estamos profundamente preocupados por lo que hemos encontrado:
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En el último año otros 11 periodistas han sido asesinados. Con ello, el total desde 2000 hasta al menos 78 periodistas, escritores y bloggers. También desde 2002, otras 12 personas han desaparecido, innumerables han sido amenazados y hostigados, y ha habido ataques frecuentes contra los medios de comunicación con explosivos y armas de fuego.
A pesar constitucionales e internacionales de México en materia de derechos humanos, los derechos humanos fundamentales de los periodistas y escritores siguen siendo violados. Estos incluyen el derecho a vivir libres de tortura, y los derechos a la vida, el trabajo y la libertad de expresión.
Todavía es raro que los crímenes contra periodistas sean investigados adecuadamente. Las autoridades no han procesado con éxito más del 90% de los casos. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo ha reivindicado una sola condena desde su creación en 2006.
En junio de 2012, la Constitución Mexicana fue modificado para permitir a las autoridades federales para investigar y enjuiciar los crímenes contra periodistas y la libertad de expresión. PEN aplaude esta iniciativa. Pero el Congreso no ha aprobado las leyes de implementación necesarias.
Una ley totalmente independiente para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y periodistas se decretó el 22 de junio de 2012. Los mecanismos de funcionamiento todavía no están completamente en su lugar y el programa de gasto sigue siendo poco clara.
Una red de leyes limitan la libertad de expresión y la exposición de la corrupción.Catorce estados mexicanos siguen penalizando difamación; estas leyes se utilizan para hostigar a los periodistas que descubren la corrupción. Marcos regulatorios impiden la diversificación de los medios de comunicación. La situación sigue siendo urgente que requiera una respuesta inmediata. El gobierno mexicano debe:
1. Perseguir la aprobación de las leyes secundarias necesarias para implementar la enmienda constitucional (artículo 73, numeral 21). Esta enmienda faculta a las autoridades federales para investigar y enjuiciar los crímenes contra periodistas y la libertad de expresión. Sin embargo, sólo entrará en vigor a los cambios legislativos en el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
2. Asegúrese de que FEADLE adopte un riguroso programa de investigaciones y enjuiciamientos;
3. Asegúrese de que se tomen medidas hacia la despenalización de la difamación completa en los 32 estados de México;
4. Actuar con los gobiernos estatales para que el nuevo mecanismo de protección concreta y funcional. Esto sólo puede hacerse efectiva a través de la consulta con las personas en riesgo.
5. En este contexto, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, hay que insistir en que las recomendaciones anteriores se aplicarán.Futuro ayuda antinarcóticos a México debe estar supeditada a esta implementación.
Los escritores y editores de todo el mundo están observando para ver si el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto elaborará y aplicará los cambios legales, administrativas y financieras.
Por encima de todo, nuestro mensaje es el siguiente: el gobierno mexicano debe demostrar que tiene la voluntad política para actuar con el fin de salvar vidas y proteger la libertad de expresión.
Nota para los editores
Para obtener más información, descargue una copia de marzo de PEN Internacional 2013 informe sobre México para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en http://bit.ly/XUFCjv
Véase también el informe de junio 2011 PEN Canadá y el Programa Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Toronto Facultad de Derecho de la corrupción, la impunidad, el silencio: La guerra contra los periodistas mexicanos en: http://bit.ly/15t1Lrk
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