El número de migrantes irregulares en su paso por México aumentó en 2012[1] y los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzado en grupos del crimen organizado, el tráfico de personas y el asesinato de migrantes continúa sin control. La impunidad de estos graves abusos permanece en la norma.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha tomado hasta ahora ninguna medida para corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis humanitaria. Una vez más, el destino de los migrantes irregulares en México, parece ser una cuestión secundaria. Sin embargo, albergues para migrantes y defensores de derechos humanos han informado a Amnistía Internacional de un creciente flujo de migrantes y más incidentes de secuestros y otros ataques contra migrantes y defensores de los migrantes.
En Febrero hubo nuevas denuncias de secuestros de migrantes en Medias Aguas, en el Estado de Veracruz, que parecían confirmar el empeoramiento de esta situación. Las autoridades aún no han proporcionado ninguna información sobre las medidas adoptadas para investigar estos incidentes.
Defensores de derechos humanos que brindan refugio y apoyo a migrantes, también se han enfrentado a más amenazas e intimidaciones. El 4 de Marzo de este año, Rubén Figueroa, quien trabaja en el albergue de Tenosique "La 72", fue amenazado, hecho que destaca los riesgos que enfrentan las personas comprometidas con la seguridad de las personas migrantes.
Los defensores de derechos humanos de los migrantes que reciben protección oficial, han informado cuán pobres o ineficaces han sido estas medidas. Las investigaciones de quienes están detrás de las amenazas nunca prosperan y generalmente los políticos locales no apoyan el trabajo de los albergues y en algunos casos fomentan la hostilidad.
Nada ha cambiado desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó su informe sobre el secuestro de migrantes en 2011, que mostró que más de 11,000 migrantes fueron secuestrados en los seis meses anteriores. El asesinato de 72 migrantes en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en agosto de 2010 donde la policía local estaba coludida con grupos del crimen organizado, llevó a la indignación nacional e internacional. Decenas de sospechosos fueron arrestados por su participación en el grupo de crimen organizado presuntamente responsable, pero las autoridades no han podido precisar cuántos de estos sospechosos enfrentan cargos directamente relacionados con los abusos cometidos contra los migrantes. Como resultado, al igual que con otros muchos casos, los abusos contra los migrantes son invisibles.
Todavía deben establecerse las identidades de al menos 12 cuerpos de las víctimas de San Fernando, como también debe hacerse con decenas de otros cuerpos encontrados en el municipio. Las autoridades han descartado que estas decenas de cuerpos puedan pertenecer a migrantes (mexicanos o centroamericanos), pero no han facilitado procedimientos de identificación fiables e independientes. Las marchas de las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos a finales del año pasado, demostraron que este es un problema mucho más amplio que el gobierno no ha abordado.
En agosto de 2010, el gobierno anterior anunció su Estrategia Integral para Combatir el Secuestro de Migrantes, pero este anuncio fue solo un ejercicio de relaciones públicas. La ausencia de coordinación y rendición de cuentas entre los gobiernos federales, estatales y municipales - incluyendo el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), las Fuerzas Armadas , la policía estatal y los fiscales, así como la policía municipal - ha impedido que se tomen medidas efectivas para detener los abusos y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos coludidos con los grupos de crimen organizado.
La reciente declaración de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Secretaría de Gobernación, reconociendo que las recientes denuncias de secuestro de migrantes son simplemente turnadas a la PGR, es un síntoma de la aparente incapacidad del gobierno federal para responder coordinada y efectivamente a esta crisis.
El completo fracaso de las autoridades para recopilar y publicar datos (como los informes de abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos que sufren los migrantes en tránsito por México.
Las únicas medidas federales preventivas y de investigación parecen limitarse a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un mandato muy amplio y los abusos cometidos contra los migrantes no son su prioridad. Peor aún, los defensores de los derechos de los migrantes han informado a Amnistía Internacional que desde que el nuevo gobierno asumió el poder, oficiales de la PGR en las rutas migratorias, han dejado de centrarse en los abusos contra los migrantes y han aumentado los obstáculos para acceder a la justicia y protección (por ejemplo, negando las copias de sus denuncias a los migrantes y los defensores de derechos humanos[2]). Como resultado de ello, Amnistía Internacional cree que la crisis va a empeorar.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a actuar en las siguientes áreas prioritarias:
Asegurar que las y los defensores de derechos de migrantes reciban una protección efectiva y que todas las amenazas son adecuadamente investigadas y los responsables rindan cuentas ante la justicia
Garantizar que las autoridades federales, estatales y municipales reconocen y apoyan públicamente la labor de los albergues para migrantes.
Poner en práctica medidas para prevenir los abusos contra las personas migrantes, lideradas y coordinadas por el gobierno federal. Estas medidas deberán proteger a las personas migrantes tanto ataques criminales como de abusos cometidos por funcionarios públicos.
Mejorar la seguridad en las rutas de tránsito de migrantes a través de medidas coordinadas en los tres niveles de gobierno.
Establecer e implementar protocolos de investigación para crímenes cometidos en contra de migrantes, tales como secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, trata, reclutamiento forzoso, maltratos y asesinatos. Esto con el fin de contrarrestar la especial vulnerabilidad de las personas migrantes que a menudo les impide denunciar, testificar y acceder a la justicia.
Facilitar el acceso a mecanismos de denuncia para que las personas migrantes puedan reportar abusos, recibir copias de sus denuncias y acceder a programas de visas humanitarias y protección a testigos.
Publicar cuatrisemestralmente información sobre el avance e impacto de estas medidas, particularmente sobre las acciones orientadas a procesar a los responsables de los abusos contra migrantes, incluyendo funcionarios públicos.
Asegurar la participación de expertos forenses independientes, que en conjunto con familiares de las víctimas, diseñen y lleven a cabo procedimientos confiables para exhumar e identificar restos de migrantes.
Establecer una base de datos de personas migrantes desaparecidas que permita conocer el avance de las investigaciones y que permita a familiares y organizaciones contribuir con información, incluyendo ADN, que permita asistir en la localización e identificación.
Evaluar, en conjunto con la sociedad civil, el avance en la implementación y el impacto en la protección de los derechos de los migrantes, la Ley de Migración y su reglamento.
Garantizar que las autoridades federales, estatales y municipales reconocen y apoyan públicamente la labor de los albergues para migrantes.
Poner en práctica medidas para prevenir los abusos contra las personas migrantes, lideradas y coordinadas por el gobierno federal. Estas medidas deberán proteger a las personas migrantes tanto ataques criminales como de abusos cometidos por funcionarios públicos.
Mejorar la seguridad en las rutas de tránsito de migrantes a través de medidas coordinadas en los tres niveles de gobierno.
Establecer e implementar protocolos de investigación para crímenes cometidos en contra de migrantes, tales como secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, trata, reclutamiento forzoso, maltratos y asesinatos. Esto con el fin de contrarrestar la especial vulnerabilidad de las personas migrantes que a menudo les impide denunciar, testificar y acceder a la justicia.
Facilitar el acceso a mecanismos de denuncia para que las personas migrantes puedan reportar abusos, recibir copias de sus denuncias y acceder a programas de visas humanitarias y protección a testigos.
Publicar cuatrisemestralmente información sobre el avance e impacto de estas medidas, particularmente sobre las acciones orientadas a procesar a los responsables de los abusos contra migrantes, incluyendo funcionarios públicos.
Asegurar la participación de expertos forenses independientes, que en conjunto con familiares de las víctimas, diseñen y lleven a cabo procedimientos confiables para exhumar e identificar restos de migrantes.
Establecer una base de datos de personas migrantes desaparecidas que permita conocer el avance de las investigaciones y que permita a familiares y organizaciones contribuir con información, incluyendo ADN, que permita asistir en la localización e identificación.
Evaluar, en conjunto con la sociedad civil, el avance en la implementación y el impacto en la protección de los derechos de los migrantes, la Ley de Migración y su reglamento.
Fuente: AI
[1] De acuerdo con el INM, 88,501 migrantes fueron detenidos en los Centros de Detención en 2012, en comparación con los 66,583 detenidos en 2011 y 70,102 en 2010
[2] La PGR se niega a dar copias a los migrantes que presentan quejas sobre abusos, por lo que es difícil demostrar la difícil situación de víctima y dependen del INM para solicitar una copia como parte del proceso de obtención de una visa humanitaria.
[1] De acuerdo con el INM, 88,501 migrantes fueron detenidos en los Centros de Detención en 2012, en comparación con los 66,583 detenidos en 2011 y 70,102 en 2010
[2] La PGR se niega a dar copias a los migrantes que presentan quejas sobre abusos, por lo que es difícil demostrar la difícil situación de víctima y dependen del INM para solicitar una copia como parte del proceso de obtención de una visa humanitaria.
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