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El reconocimiento oficial de reportes que contienen más de 26,000 personas desaparecidas o “extraviadas” en México entre 2006 y 2012 supone el primer paso para abordar un problema de grandes proporciones para el país. Sin embargo, este paso resulta insuficiente pues solo confirma la inmensa tragedia que viven miles de familias y las escalofriantes dimensiones de las violaciones de derechos humanos que han permanecido ignoradas durante años.
Las declaraciones de ex funcionarios que han pretendido minimizar el número de desapariciones y desapariciones forzadas - aquellas en la cuales existió una responsabilidad de las autoridades- son un ejemplo de cómo el Estado Mexicano ha intentado en los últimos años ignorar su obligación de investigar y esclarecer los casos denunciados.
La falta de investigaciones prontas, serias y exhaustivas de los casos que han sido presentados ante las autoridades tanto estatales como federales, han caracterizado la actuación de estas autoridades. Esta carencia es inaceptable e indignante para las familias de las víctimas, quienes permanecen sin tener acceso a la justicia, a medidas de reparación y continúan sin saber el paradero de sus seres queridos.
Amnistía Internacional considera que en primer lugar se deben revisar y depurar los más de 26,000 casos que figuran en la base de datos de personas no localizadas. En aquellos casos que se determine que fue una desaparición involuntaria se deben iniciar investigaciones efectivas que permitan establecer el paradero de las víctimas, los motivos de su desaparición y a los responsables de estos hechos para que rindan cuentas ante la justicia.
Así mismo, de entre estas desapariciones, las autoridades están obligadas a determinar de forma imparcial que casos podrían constituir desaparición forzada, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y asegurar que las personas responsables rendirán cuentas ante la justicia. También deben garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a medidas de reparación para las personas sobrevivientes y sus familiares.
El gobierno federal tiene ahora el deber de asegurar que los gobiernos estatales cumplan su obligación de investigar cada caso y así contribuir a poner fin a la impunidad.
La organización considera esencial remarcar el hecho de que aunque no todos los casos de desapariciones sean casos de desapariciones forzadas, eso no de ninguna forma aminora la tragedia que esas desapariciones representan, tampoco disminuye la obligación por parte del Estado de investigar estos casos para así garantizar verdad y justicia.
Amnistía Internacional espera que las excusas y la inacción queden en el pasado y que ahora se escuchen y atiendan los llamados de familiares de víctimas y de la sociedad civil que exigen que se establezca una política nacional dedicada a combatir este urgente problema.
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