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Felipe Calderón Hinojosa enarboló durante su sexenio una estéril lucha contra crimen organizado |
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la afectación que sufrieron 37.4% de las empresas instaladas en el país durante el último año, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto corregir la estrategia contra la delincuencia organizada.
“Los graves problemas de seguridad que padece México son una realidad histórica, más notorios durante los últimos años y atribuibles a muchas variables, no sólo a la estrategia de un gobierno o de una administración”, puntualizó el organismo presidido por Juan Pablo Castañón.
En un comunicado, señaló que el sector patronal ha declarado “enfáticamente” la necesidad de corregir el rumbo del combate al crimen en nuestro país, en primer lugar “porque los principales afectados por la violencia son personas, y en segundo porque cuando las víctimas son las empresas, se trata de un doble crimen, porque la violencia contra las empresas limita las oportunidades productivas y de generación de empleo, que tiene como principales afectados, de nuevo, a personas”.
Al ofrecer cifras sobre las afectaciones a las empresas durante 2012, detalló que 37.4% de ellas fue víctima de la delincuencia, es decir un millón 389 mil negocios de diferentes giros.
“Cuando escuchamos esta cifra, no son sólo las grandes empresas, sino sobre todo pequeñas y microempresas, que son muchas, como las tienditas de las colonias, los restaurantes donde acostumbramos comer o comen personas, las tintorerías donde lavan nuestra ropa o las empresas donde muchísimos mexicanos trabajan y se desarrollan profesionalmente”, acotó el organismo.
De un millón 389 mil empresas que fueron víctimas de la delincuencia, agregó, 25 de cada cien fueron afectadas por actos de corrupción, 22.6% por robos o asaltos, 14.5% por extorsión, 11.95% sufrió “robo hormiga” y 11.8% “otros robos”, mientras que 8.5% fueron víctimas de fraude.
Las pérdidas económicas, subrayó, ascienden a 56 mil 774 pesos al año, pero en las grandes empresas la afectación es mayor, de un millón 159 mil pesos.
“Se trata de dinero y recursos que las empresas nunca recuperarán, que se pierden, y que nunca podrán usarse para reinvertir, para generar más empleos o mejorar las condiciones en la propia empresa”, detalló.
Y eso no es todo, agregó, ya que en México 90% de las empresas que son víctimas de delitos no denuncian o no generan una averiguación previa, además de que los ministerios públicos, sostuvo, dan un servicio deficiente.
“El papel de las autoridades en este rubro es claro: facilitar y atender con responsabilidad y honestidad las denuncias de la sociedad para ofrecer justicia pronta y expedita, especialmente si entendemos que la principal razón por la que los empresarios no denuncian es la pérdida de tiempo en el Ministerio Público, considerando la poca efectividad de éste”, enfatizó.
La Coparmex exigió acciones inmediatas al nuevo gobierno para mejorar la seguridad en el país, y de paso cambiar la percepción de 60% de los empresarios mexicanos, quienes consideran que la delincuencia es el principal problema que detiene el potencial de crecimiento de las empresas y de México.
Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistió en que 2013 debe ser el año para aprobar las reformas hacendaria y energética, “determinantes para poder romper con la inercia de un crecimiento insuficiente”, apuntó.
En un comunicado, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani aseguró que “en 2013 estas dos reformas serán la confirmación de que México efectivamente está en una dinámica de renovación y vocación de futuro. El sector empresarial está trabajando de manera intensiva para presentar propuestas consensuadas e integrales en el primer semestre del año”, anotó.
Los esfuerzos de la cúpula empresarial, agregó, también se enfocarán a proyectos como el Corredor Transístmico, que estará ubicado en el sureste del país, así como en las negociaciones del Tratado Transpacífico de Asociación Económica (TTP) y en la promoción de proyectos con el Foro Económico Mundial para combatir la economía ilegal, la informalidad y la piratería.
Fuente: proceso.com
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