Según las investigaciones de Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se volvieron rutinarias durante la anterior administración.
“El discurso positivo hacia los derechos humanos de Peña Nieto, incluyendo el compromiso de impulsar la Ley General de Víctimas y reformar las leyes para perseguir las desapariciones forzadas son bienvenidos, pero no dejan de ser promesas y las buenas intenciones no son suficientes para erradicar y prevenir las violaciones de derecho humanos,” declaró Javier Zúñiga, Consejero Especial de Amnistía Internacional.
“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, un muy buen primer paso del presidente Peña Nieto podría tomar es instruirlas para respetar los derechos humanos o asumir las consecuencias de no hacerlo".
Durante las elecciones, Enrique Peña Nieto respondió a una carta que Amnistía Internacional envió a la y los candidatos a la Presidencia de la República realizando una serie de compromisos políticos en caso de ser elegido.
"Queremos recordar al nuevo presidente sus promesas de campaña y ver acciones concretas, incluyendo el desarrollo de un programa de derechos humanos elaborado conjuntamente con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el poder judicial, las autoridades locales y quienes defienden derechos humanos; un plan que incluya propuestas concretas para abordar la crisis de derechos humanos de México,” añadió Javier Zúñiga.
"El tiempo se acaba para México. El presidente Peña Nieto no debe malgastar otros seis años con políticas de derechos humanos fallidas que añadan más víctimas a las dejadas por el presidente Calderón.”
La carta de Amnistía Internacional detalla varios asuntos prioritarios que el nuevo presidente debe abordar inmediatamente para reforzar el respeto y protección a los derechos humanos en México, incluyendo:
Seguridad Pública: Durante los últimos años, los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y policiales en el contexto de operaciones para luchar contra el crimen organizado se han vuelto sistemáticos, como también la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos. La decisión de Peña Nieto de apoyar la Ley General de Víctimas es un importante reconocimiento a los derechos de miles de víctimas de la violencia, pero es esencial que todas las iniciativas de seguridad pública protejan los derechos humanos y la justicia en la práctica y no sólo de forma retórica.
Justicia militar: El despliegue de más de 50,000 soldados y marinos en tareas de cumplimiento de la ley ha significado un fuerte aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas denuncias han sido tratadas por el sistema de justicia militar, lo cual ha significado una sistemática negación de justicia para las víctimas. Las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que excluyen los casos de violaciones de derechos humanos del fuero militar son un paso positivo. Sin embargo, el Código de Justicia Militar debe ser reformado para garantizar que todas las denuncias de abusos sean investigadas, perseguidas y juzgadas por el sistema de justicia civil.
Personas defensoras de derechos humanos: El presidente debe clarificar el compromiso del gobierno de financiar y apoyar plenamente el nuevo mecanismo de protección establecido mediante consultas con organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. La nueva administración debe asegurar también investigaciones efectivas sobre los ataques y actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados.
Migrantes: Peña Nieto debe especificar medidas nuevas y efectivas para hacer frente a la ola de asesinatos, desapariciones, violaciones y otros abusos de derechos humanos cometidos por grupos criminales, a menudo actuando en colusión con funcionarios públicos, contra los migrantes en México.
Tortura: La tortura y los malos tratos se han convertido en prácticas sistemáticas durante la administración de Calderón. La información obtenida bajo tortura todavía es aceptada por los tribunales de justicia y de todas las quejas presentadas sólo unas pocas dan lugar a investigaciones completas. La propuesta de reformar el marco legal para combatir la tortura a nivel federal y estatal es positiva pero sólo mediante la implementación de una serie de políticas y acciones concretas se podrá comenzar a erradicar la tortura.
Desapariciones: El nivel de secuestros y desapariciones en México es estremecedor, como también lo es la falta de investigación en la mayoría de los casos. La propuesta para reformar el marco legal para combatir las desapariciones forzadas es un paso positivo. Esta propuesta debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y el gobierno debe asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las víctimas.
Sistema de Justicia: Más del 98% de los crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos terminan en la impunidad. Las autoridades deben asegurar las reformas en curso en el sistema de justicia mejoren la capacidad y fiabilidad de las medidas judiciales para hacer rendir cuentas a los responsables al tiempo que se garanticen los derechos de víctimas y acusados.
Violencia contra las mujeres: Los recientes avances legislativos no han significado una reducción de los casos de violencia contra las mujeres. El presidente prometió a Amnistía Internacional actuar sobre este asunto de gran importancia pero es preocupante que el Pacto por México no propone ninguna medida concreta para ello. El gobierno debe tomar un papel de liderazgo para reforzar la prevención, investigación y castigo de la violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos de las mujeres.
Pueblos Indígenas: El compromiso del Presidente Peña Nieto de combatir la discriminación contra uno de los grupos más marginalizados de la sociedad es positivo, pero cualquier política que se adopte debe asegurar que las comunidades indígenas estén en el centro de las decisiones sobre su propio desarrollo y sus derechos sean respetados.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: El gobierno de Peña Nieto debe cumplir con todas las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México durante la última administración.
Fuente: amnistia.org.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario