 |
| Jaime Hernández y Arcadia Lara de la Coordinadora 28 de Mayo. Foto: Francisco Tapia |
“Fueron seis años de constantes e insufribles violaciones a los derechos humanos en contra de los jaliscienses”, dijo Arcadia Lara González, presidenta de ese organismo civil.
Torquemada fue contra su propio ascendencia
Tomás de Torquemada (1420-1498) fue un español que fue educado como dominico (perteneciente a la orden de predicadores de la Iglesia católica) y tras fungir como monje y erudito, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla lo nombraron Inquisidor General de Castilla y Aragón.
Siendo de ascendencia judía, Torquemada se significó por ser uno de los promotores de la expulsión masiva de los judíos de España, en 1492.
Como parte de la leyenda negra de la inquisición de España, el apellido de Torquemada se convirtió en un apodo para la crueldad y el fanatismo.
Juan Antonio Llorente (1756-1823), otro sacerdote español, aseguraba que durante el mandato de Torquemada más de diez mil personas murieron en la hoguera y otras cien mil sufrieron penas infamantes.
Las violaciones de Emilio
Lara González mencionó algunas de las violaciones que González Márquez cometió a lo largo de su gestión, entre ellas la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha por la contaminación del río Santiago, la construcción de la presa El Zapotillo contra la voluntad de habitantes de Temacapulín, la imposición del Macrobús también contra la voluntad ciudadana, los ataques a estudiantes de Atequiza, los reiterados ataques al Estado laico, así como la macroviolación a la dignidad de la sociedad jalisciense con la mentada y el limosnazo, además del dinero que regaló a raudales a diversos empresarios. “Por eso, con mucho gusto y al mismo tiempo con agrado entregamos nuevamente este contrarreconocimiento a Emilio González Márquez, quien nunca estuvo a la estatura de ser un mandatario digno de los jaliscienses”, precisó.
También recibieron esa distinción Álvarez Cibrián y Mercado Casillas
El mismo contrarreconocimiento fue entregado por tercera ocasión consecutiva al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por su autoritarismo, complacencia con el poder, por desconocer los derechos humanos de la sociedad y su carencia de autoridad moral.
“La CEDHJ ha llegado a niveles de decadencia insostenible, por lo que reiteramos una vez más la urgente y necesaria remoción de este conspicuo funcionario”, dijo Lara González.
Y otro funcionario que recibió tal contrarreconocimiento fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Carlos Mercado Casillas, quien al decir de la conferencista en el poco tiempo que lleva al frente de esa dependencia se mostró como represor y violador de los derechos humanos por el atropello que cometió contra los jóvenes que se manifestaron el pasado 1 de diciembre a las afueras de la Expo Guadalajara en el marco de la FIL 2012.
Otorgaron tres reconocimientos
A su vez, Jaime Hernández Ortiz –también integrante de la Coordinadora 28 de Mayo– hizo entrega de tres reconocimientos. Uno fue para el activista social Celedonio Monroy Prudencio, quien fue secuestrado por un grupo armado, caso en el que exigió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) informe públicamente del avance de las investigaciones y que den con su paradero.
“La entrega de este reconocimiento a Celedonio Monroy Prudencio es con el objeto de exigir que aparezca con vida y con el fin de entregarle personalmente este reconocimiento”, dijo.
Otros de los reconocimientos fue para la asociación civil Bordamos por la Paz, la que se ha pronunciado por el rescate de cientos de personas desaparecidas.
Teresa Sordo Vilchis, quien recibió tal reconocimiento, dijo que de marzo de este año a la fecha han bordado 900 pañuelos, uno por cada persona desaparecida y que el común denominador de esos casos es que no ha habido justicia en ninguno de ellos.
El tercer reconocimiento fue para FM4 Paso Libre (Dignidad y Justicia en el Camino, AC), una organización que vela por los derechos humanos de los migrantes indocumentados que transitan por el área metropolitana. Mónica Salomón Gómez recibió ese reconocimiento.
En su última intervención, Lara González puso sobre tela de juicio la actuación del gobierno estatal para garantizar los derechos humanos de los jaliscienses y cerró con la siguiente aseveración: “La criminalización de la lucha social es una política del Estado”.
Tomado de Crónica de Sociales
No hay comentarios:
Publicar un comentario