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| Gráfica de #YoSoy132 para hacer visible el tema de feminicidios en México. Fuente: La Voz de Anáhuac |
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La impunidad durante 19 años en los crímenes contra mujeres se ha normalizado en Ciudad Juárez. Miles de jovencitas han sido raptadas y depredadas sexualmente, para después ser depositadas en restos óseos en el desierto o en fosas comunes con la completa indolencia y complicidad de las autoridades. Desde funcionarios, fiscales y políticos hasta militares y policías federales han estado involucrados en los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres, sin que haya un solo caso de justicia para las madres y familiares de las víctimas.
El feminicidio sin tipificar en Juárez
Ciudad Juárez se dio a conocer internacionalmente por los crímenes de género perpetrados en 1993, identificados como los casos de "Campo Algodonero" donde ocho mujeres fueron raptadas, torturadas sexualmente y asesinadas. Han pasado 19 años desde entonces, y no ha habido un solo año en que no se cometan estos mismos crímenes. Sin embargo, en el estado de Chihuahua no es delito matar a una mujer por ser mujer. Bajo la confusión de la violencia doméstica y homicidios de otra índole, se disimulan los raptos de jovencitas que terminan en asesinatos después de su depredación sexual e incluso con casos con caraterísticas o evidencias de tráfico de órganos, y son tratados como cualquier delito de fuero común, pese a que se han destinado recursos para crear la infraestructura de una fiscalía especializada.
La abogada Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, señala en entrevista para Los Ángeles Press que al no estar tipificado el delito de feminicidio, “es un claro mensaje para las bandas criminales de que pueden actuar en total impunidad, y son bandas poderosísimas en las que hay políticos y empresarios que son los que se benefician de este lucro que es el mismo cuerpo de las jóvenes”.
Galván Segura explica el concepto de feminicidio, y especifica que por razones de género se comete este asesinato en el que el cuerpo de la víctima es torturado sexualmente, es expuesto a la humillación pública hasta extinguirlo. Mientras, las familias no han recibido ningún tipo de justicia o compensación económica por la responsabilidad del estado mexicano en lo que se determinado a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad.
Por Guadalupe Lizárraga
losangelespress.org
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