El día de hoy, activistas y representantes de Amnistía Internacional (AI) entregaron en Palacio Federal más de 30,000 firmas procedentes de más de 100 países exigiendo a las autoridades mexicanas la libertad inmediata de los presos de conciencia José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz.
José Ramón y Pascual son dos líderes indígenas que han permanecido casi 3 años injustamente encarcelados en una prisión en el Municipio de Huauchinango, en el Estado de Puebla. AI considera que ambos activistas son inocentes y que el verdadero motivo de su detención fue su legitimo trabajo en defensa del acceso al agua en su comunidad.
“Han pasado casi 3 años y es difícil no perder la esperanza, a veces creemos que aquí no hay justicia. Pero luego nos damos cuenta que mucha gente piensa en nosotros y nos desea la libertad” Afirmaron José Ramón y Pascual durante una visita de representantes de AI.
“A veces nos sentimos desesperados, nos sentimos tristes y pensamos en cuando tendremos nuestra libertad.” Añadieron.
La organización considera que ambos activistas han sido víctimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos.
“El caso de José Ramón y Pascual muestra algunos de los principales problemas del sistema de procuración de justicia en México. Un sistema que es utilizado recurrentemente para perseguir a quienes defienden legítimamente sus derechos. Un sistema que niega el derecho a un juicio justo y una defensa adecuada", afirmó Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México.
“Es momento de que las autoridades mexicanas demuestren al mundo que la justicia puede ser más que un sueño en México, reconociendo su error y poniendo inmediatamente en libertad a José Ramón y Pascual, dos personas cuyo único delito fue actuar para convertir en realidad el derecho al agua” agregó Zapico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está actualmente estudiando un Aamparo presentado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en nombre de los dos líderes comunitarios. Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte decida de manera pronta sobre este caso, garantizando los derechos de los dos líderes indígenas.
Información adicional
La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto. Ambos fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.
El proceso, incluyendo las declaraciones escritas que forman parte del expediente, fue llevado a cabo en español y en ningún momento se les proporcionó un abogado que hablase su lengua o un intérprete que conociese su cultura, a pesar de ser un derecho establecido en la Constitución Mexicana, lo que dificultó la defensa de los dos activistas nahuas. Tampoco fue respetado su derecho a una defensa adecuada, ya que el Ministerio Público los procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las evidentes contradicciones entre estas declaraciones
Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla.
Fuente: Amnistía Internacional México
José Ramón y Pascual son dos líderes indígenas que han permanecido casi 3 años injustamente encarcelados en una prisión en el Municipio de Huauchinango, en el Estado de Puebla. AI considera que ambos activistas son inocentes y que el verdadero motivo de su detención fue su legitimo trabajo en defensa del acceso al agua en su comunidad.
“Han pasado casi 3 años y es difícil no perder la esperanza, a veces creemos que aquí no hay justicia. Pero luego nos damos cuenta que mucha gente piensa en nosotros y nos desea la libertad” Afirmaron José Ramón y Pascual durante una visita de representantes de AI.
“A veces nos sentimos desesperados, nos sentimos tristes y pensamos en cuando tendremos nuestra libertad.” Añadieron.
La organización considera que ambos activistas han sido víctimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos.
“El caso de José Ramón y Pascual muestra algunos de los principales problemas del sistema de procuración de justicia en México. Un sistema que es utilizado recurrentemente para perseguir a quienes defienden legítimamente sus derechos. Un sistema que niega el derecho a un juicio justo y una defensa adecuada", afirmó Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México.
“Es momento de que las autoridades mexicanas demuestren al mundo que la justicia puede ser más que un sueño en México, reconociendo su error y poniendo inmediatamente en libertad a José Ramón y Pascual, dos personas cuyo único delito fue actuar para convertir en realidad el derecho al agua” agregó Zapico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está actualmente estudiando un Aamparo presentado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en nombre de los dos líderes comunitarios. Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte decida de manera pronta sobre este caso, garantizando los derechos de los dos líderes indígenas.
Información adicional
La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto. Ambos fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.
El proceso, incluyendo las declaraciones escritas que forman parte del expediente, fue llevado a cabo en español y en ningún momento se les proporcionó un abogado que hablase su lengua o un intérprete que conociese su cultura, a pesar de ser un derecho establecido en la Constitución Mexicana, lo que dificultó la defensa de los dos activistas nahuas. Tampoco fue respetado su derecho a una defensa adecuada, ya que el Ministerio Público los procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las evidentes contradicciones entre estas declaraciones
Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla.
Fuente: Amnistía Internacional México
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