El ejército fue el eje central de la política del saliente presidente mexicano, Rafael Calderón, para combatir al narcotráfico. Pero, tras seis años de presidencia, en la guerra contra carteles de la droga las fuerzas armadas están lejos de cantar victoria.
En septiembre de 2006 Felipe Calderón fue designado presidente tras una cuestionada elección que oficialmente ganó por menos de un punto porcentual de votación.
Meses después inició lo que llamó "guerra" contra carteles de narcotráfico, que desplegó cotidianamente a unos 45.000 soldados para combatir a bandas de narcotráfico en casi todo el el país, y que hasta el momento -según cálculos conservadores- ha causado la muerte de al menos 50.000 personas
Desde entonces varios académicos y especialistas han dicho que las fuerzas armadas -soporte principal de la batalla contra la delincuencia- formaron parte de una riesgosa estrategia política, pues los soldados fueron destinados a tareas policíacas para las que no estaban preparados, ni tampoco contaban con leyes que justificaran su nuevo trabajo.
Pero el balance es "desfavorable" para el Ejército y la Marina, coinciden analistas consultados por BBC Mundo.
¿Estrategia?
"Así, en la guerra contra el narcotráfico las fuerzas armadas han pagado un costo muy alto y con pocos resultados, le dice a BBC Mundo el especialista Jorge Luis Sierra, becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa y de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington.
"El ejército fue puesto a combatir a grupos de narcotráfico y delincuencia organizada sin una estrategia clara", explica.
"Lo puso en una situación difícil porque en estos seis años no hubo ninguna mella al narcotráfico, siguen cruzando por territorio mexicano la misma proporción de cocaína que ha pasado año con año".
Esta lucha ha provocado desgaste de las fuerzas armadas. Informes de la Sedena señalan que desde 2006 desertaron 43.827 soldados de distintos rangos, que significan el 20% del total de efectivos del Ejército. Esta cifra, sin embargo, representa menos de la mitad de quienes abandonaron las fuerzas armadas en el gobierno anterior.
La Secretaría de la Defensa no coincide con este análisis. En una respuesta por escrito a la solicitud de información formulada por BBC Mundo, la Sedena afirma que cumplió la estrategia implementada hace seis años.
Al inicio del gobierno de Calderón el Ejército se propuso aplicar 168 "operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada". Hasta julio de 2012 (es el dato más reciente) los soldados realizaron 212 de estas acciones, indica la respuesta oficial.
"Esta Secretaría, a lo largo de la presente administración, ha realizado un ejercicio de planeación responsable", señala el documento.
"Una tarea primordial en ese empeño fue concebir, preparar y conducir un proyecto de desarrollo y consolidación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en un horizonte de 15 a 20 años".
Una meta, insiste la Sedena, que está en vías de cumplirse.
"Así, en la guerra contra el narcotráfico las fuerzas armadas han pagado un costo muy alto y con pocos resultados, le dice a BBC Mundo el especialista Jorge Luis Sierra, becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa y de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington.
"El ejército fue puesto a combatir a grupos de narcotráfico y delincuencia organizada sin una estrategia clara", explica.
"Lo puso en una situación difícil porque en estos seis años no hubo ninguna mella al narcotráfico, siguen cruzando por territorio mexicano la misma proporción de cocaína que ha pasado año con año".
Esta lucha ha provocado desgaste de las fuerzas armadas. Informes de la Sedena señalan que desde 2006 desertaron 43.827 soldados de distintos rangos, que significan el 20% del total de efectivos del Ejército. Esta cifra, sin embargo, representa menos de la mitad de quienes abandonaron las fuerzas armadas en el gobierno anterior.
La Secretaría de la Defensa no coincide con este análisis. En una respuesta por escrito a la solicitud de información formulada por BBC Mundo, la Sedena afirma que cumplió la estrategia implementada hace seis años.
Al inicio del gobierno de Calderón el Ejército se propuso aplicar 168 "operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada". Hasta julio de 2012 (es el dato más reciente) los soldados realizaron 212 de estas acciones, indica la respuesta oficial.
"Esta Secretaría, a lo largo de la presente administración, ha realizado un ejercicio de planeación responsable", señala el documento.
"Una tarea primordial en ese empeño fue concebir, preparar y conducir un proyecto de desarrollo y consolidación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en un horizonte de 15 a 20 años".
Una meta, insiste la Sedena, que está en vías de cumplirse.
Enojo militar
Algunos militares han sido acusados de disparar contra familias en puestos de control, desaparecer a personas detenidas y de alterar la escena de algunos lugares donde ocurrieron enfrentamientos, para vincular a víctimas inocentes con bandas de delincuencia organizada.
También existen señalamientos de corrupción: por primera vez en la historia varios generales de alto rango fueron detenidos, acusados de colaborar con carteles de narcotráfico.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dicho que todos los casos fueron investigados y los responsables de violar las leyes son enjuiciados, o se encuentran en prisión.
El general retirado Luis Garfias Magaña le dice a BBC Mundo que muchos militares creen que fueron utilizados por los civiles, y además están molestos con la falta de protección legal para sus nuevas obligaciones.
A final de cuentas, insiste, son ellos los responsables de casi todas las acciones exitosas contra el narcotráfico.
"Hoy los soldados no saben si van a ser héroes o villanos. La protección legal es absolutamente necesaria en esta campaña contra el narcotráfico tan difícil, olvidada y llena de sinsabores", afirma.
De acuerdo con las leyes mexicanas la tarea de los militares es garantizar la seguridad del país. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que la delincuencia organizada puede atentar contra la estabilidad nacional, aunque algunos expertos insisten en que combatirla es responsabilidad de policías civiles.
Esta indefinición legal pone en riesgo a las fuerzas armadas, añaden, pues México está obligado a cumplir varios convenios internacionales que limitan el papel de los militares en acciones de seguridad pública.
El resultado es un Ejército que se siente "mal, mal, mal", dice Garfias, ante los cuestionamientos por su papel en la guerra contra el narcotráfico.
"Está sujeto a una crítica ignorante e injusta. Ignorante porque se desconoce lo que son las fuerzas armadas, e injusta porque no se ha dado la protección legal adecuada".
Según el militar retirado, corregir esta indefinición legal debería ser una de las primeras tareas del próximo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Algunos militares han sido acusados de disparar contra familias en puestos de control, desaparecer a personas detenidas y de alterar la escena de algunos lugares donde ocurrieron enfrentamientos, para vincular a víctimas inocentes con bandas de delincuencia organizada.
También existen señalamientos de corrupción: por primera vez en la historia varios generales de alto rango fueron detenidos, acusados de colaborar con carteles de narcotráfico.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dicho que todos los casos fueron investigados y los responsables de violar las leyes son enjuiciados, o se encuentran en prisión.
El general retirado Luis Garfias Magaña le dice a BBC Mundo que muchos militares creen que fueron utilizados por los civiles, y además están molestos con la falta de protección legal para sus nuevas obligaciones.
A final de cuentas, insiste, son ellos los responsables de casi todas las acciones exitosas contra el narcotráfico.
"Hoy los soldados no saben si van a ser héroes o villanos. La protección legal es absolutamente necesaria en esta campaña contra el narcotráfico tan difícil, olvidada y llena de sinsabores", afirma.
De acuerdo con las leyes mexicanas la tarea de los militares es garantizar la seguridad del país. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que la delincuencia organizada puede atentar contra la estabilidad nacional, aunque algunos expertos insisten en que combatirla es responsabilidad de policías civiles.
Esta indefinición legal pone en riesgo a las fuerzas armadas, añaden, pues México está obligado a cumplir varios convenios internacionales que limitan el papel de los militares en acciones de seguridad pública.
El resultado es un Ejército que se siente "mal, mal, mal", dice Garfias, ante los cuestionamientos por su papel en la guerra contra el narcotráfico.
"Está sujeto a una crítica ignorante e injusta. Ignorante porque se desconoce lo que son las fuerzas armadas, e injusta porque no se ha dado la protección legal adecuada".
Según el militar retirado, corregir esta indefinición legal debería ser una de las primeras tareas del próximo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Por Alberto Nájar
www.bb.co
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