El tema del petróleo no ha dejado de ser de mucha importancia desde que México se convirtió en gran exportador y los precios del crudo se fueron a las nubes. Sin embargo, el tema de Pemex es mucho más antiguo. La paraestatal está sumida en la corrupción y la ineficiencia desde hace muchas décadas.
Los problemas de la industria y de la empresa no se deben a su situación jurídica, es decir, a la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y al carácter estatal del organismo que posee el monopolio de la exploración y la producción. En realidad, la problemática petrolera del país obedece al carácter del poder político, a la corrupción crónica y a la inexistencia de objetivos nacionales, todo lo cual no fue tocado durante los doce años del panismo en el poder.
La tesis panista y priista consiste en que no es suficiente el contratismo galopante sino que se requiere abrir la participación privada en Pemex de tal manera que una parte de las ganancias petroleras se canalicen hacia los nuevos inversionistas, los cuales a su vez harían que la empresa funcionara mejor. Sin embargo, se olvida que Pemex lanza una gran parte de sus ganancias primarias hacia el pago de una monumental deuda, pues toda la inversión se financia cada año con empréstitos. El sistema es de verdad patético: el gobierno se queda con la mayor parte de los ingresos petroleros para financiar su gasto corriente mientras que Pemex contrata deuda para realizar su inversión, de tal manera que, en realidad, el gobierno federal está contratando empréstitos inconstitucionales para sostener sus propios gastos no productivos.
De acuerdo con ese sistema, una parte de los ingresos fiscales petroleros se van también a los estados y municipios de tal forma que toda la renta petrolera y toda la ganancia industrial no se transforman en capital invertido sino en gasto corriente del Estado. La pesada carga de la deuda petrolera es la forma en que se sostiene el gasto federal y gran parte de los gastos locales.
La conversión de Pemex en una empresa de capital mixto –Estado y particulares—ya está virtualmente presente por la vía de la creciente deuda. El asunto es más concreto: se quiere que Pemex tenga inversionistas privados que formen parte del Consejo de Administración y todas sus actividades se rijan de acuerdo con las actividades propias de una empresa privada. Además de que esto sería inconstitucional, pues Pemex es un organismo público y no una empresa (la explotación de los hidrocarburos “corresponde exclusivamente a la Nación” y se realizará, al igual que la petroquímica básica, por parte del Estado de manera exclusiva), también se lograría realizar un pésimo negocio para el país. Si un empresario privado tuviera la propiedad de cuantiosos mantos petroleros sería un perfecto idiota si aceptara socios. Si se requiere dinero para invertir y sacar lo más pronto posible el crudo y el gas, entonces cualquiera recurre al endeudamiento si lo necesita. Bueno, el gobierno mexicano en realidad ni siquiera requeriría de empréstitos si no se comiera la totalidad de los ingresos.
Como el asunto es de estrategia y también un tanto cuanto ideológico, el plan de Peña consiste en abrir la inversión privada directa en Pemex para lo cual tendría que modificar su régimen fiscal. Ahora bien, ¿cómo se va a cubrir la disminución de ingresos petroleros presupuestados? Existen varias formas: aumento de impuestos indirectos a cargo de la gran masa consumidora del país, incremento del déficit del gobierno para pagar sueldos y reducción drástica del gasto público. Las tres posibilidades tendrían consecuencias terribles aun si se aplicaran en combinación. Y todo para “modernizar” a Pemex.
En realidad, para que Pemex prospere tendríamos que empezar por acabar con su corrupción y su manejo oscuro. Sus inversiones tendrían que aumentar y su burocracia disminuir. La rendición de cuentas tendría que ser la conducta oficial. La integración industrial debería desarrollarse. No se requiere cambiar el modelo constitucional.
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