“La paz es un término muy cortito, pero que debe incluir a todas las personas, todas las aspiraciones para una vida digna”, aseveró el padre Alejandro Solalinde en su participación en la mesa de trabajo de Diálogos por la Paz de la campaña “Corazón Azul” que se realiza en la ciudad de Puebla.
Este jueves dio inicio dicho encuentro que el gobierno del estado ha promocionado y que coincide con los 10 días por la paz, iniciativa que desde la semana pasada inició a nivel nacional por varios grupos de activistas.
Corazón Azul, proyecto impulsado desde la ONU a nivel mundial, es una campaña enfocada al combate al problema de la trata de personas. México se ubica en el quinto lugar “al amasar sumas espeluznantes de 35 millones de dólares anuales, y en el que Puebla se encuentra como uno de los focos rojos, junto con Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca”, señala la página oficial de esta campaña.
En la primera mesa de trabajo participaron Dolores González Saravia, coordinadora de formación y análisis de Servicios y Asesoría para la Paz A.C., así como Gabriela Warkentin, académica del Departamento de Comunicación de la Ibero Santa Fe, y el padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur.
Los tres ponentes coincidieron en que el estado mexicano se ha visto rebasado en las capacidades que pude y debe tener para la ciudadanía, así como en el caso del trato a los inmigrantes centroamericanos.
En palabras de González Saravia: “nuestros marcos legales e institucionales deben adaptarse a una problemática frente a la que hoy no tienen respuesta (…) el marco legal actual no es suficiente”.
Por su parte, la catedrática de la Ibero Santa Fe consideró que es necesario entender que la comunicación contribuye a la paz, por lo que es imperante construir una agenda mediática que logre la integración de las diferentes voces y formas de pensar.
Alejandro Solalinde abundó en el tema de las Centros de Readaptación Social (Ceresos) en México: “las cárceles actualmente son boutiques para la comercialización de todo tipo de personas”, aseveró.
Y agregó: “la justicia en México es una utopía (…) lo único que se está haciendo es añejar el crimen organizado en las cárceles. Es el pinche dinero lo único que les interesa (…) ahora no importa si eres rico, si eres pobre, sólo somos mercancía. Todos tenemos un precio, de cualquier manera todos podemos ser secuestrados. La justicia es una demanda, un anhelo al que todos debemos insistir”.
Cabe señalar que en los últimos seis años “más de 700 presos han escapado de cárceles en varias ciudades, muchos vinculados con la delincuencia organizada. La mayoría de las fugas han ocurrido en zonas con presencia del cartel de Los Zetas, uno de los más peligrosos de la región, según autoridades mexicanas”, dio a conocer el martes pasado Vanguardia.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha advertido que en las prisiones de Ciudad de México, por poner un ejemplo, el verdadero control lo tienen los internos que han formado una especie de “autogobierno”. Sin embargo, esta no es sólo una realidad focalizada en el país, ya que en la misma situación se encuentran al menos la mitad de las cárceles del país, especialmente las ubicadas en zonas que disputan los carteles de narcotráfico, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A su consideración en necesario generar “una nueva visión” para poder solucionar los problemas de violencia e injusticia que en México existen: “ si no hay una democratización de los medios, siempre van a estar diciéndonos cómo tenemos que ver, pero también no sólo eso, sino la democratización política que se está condicionando a un modo de ver las cosas”.
Y es que de los casos de violación a los derechos humanos de los inmigrantes en el país, el 98 por ciento de los casos se encuentran impunes, aseveró el padre Alejandro Solalinde.
Cabe señalar que de acuerdo con la CNDH y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios poblanos de Lara Grajales, Palmar de Bravo y Acatzingo, siguen siendo focos amarillos, lugares de riesgo para indocumentados centroamericanos, tanto por la violación de sus derechos por policías locales o el propio INM, o por bandas del crimen organizado.
Asimismo, Amnistía Internacional (AI) ha señalado reiteradamente que “los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos”.
“Este martes agentes del Instituto Naciones De Migración ( INM ) y la Policía Federal realizaron operativos violentos en contra de migrantes en el tramo La Palma – Tenosique. Este jueves los migrantes están llegando al albergue “ La 72 “ que dirige Fray Tomas Gonzales Castillo, presentando fracturas y cortadas en sus extremidades. Asimismo, algunos de ellos llegaron descalzos y con los pies lastimados debido a la persecución que los agentes emprendieron en contra de ellos.“Los migrantes fueron perseguidos en las zona de las vías en la ciudad de Tenosique. Pobladores de la comunidad de La Palma reportaron que los agentes de estas coorporaciones los persiguieron y que los inmigrantes se vieron obligados a saltar desde un puente al rio de la comunidad poniendo en peligro sus vidas”, informó Rubén Figueroa, defensor de Derechos Humanos de los Inmigrantes Centroamericanos.
En la fase de preguntas y respuestas de los asistentes, la activista y defensora de Derechos Humanos de los Migrantes, Elvira Arellano, señaló que las autoridades mexicanas no reconocen el grave problema en el que se encuentra, al asegurar que el Estado “no acepta que hay secuestros, no acepta que a los migrantes se les está balaceando, no acepta que a las mujeres se les está violando. Seis mujeres de cada 10 están siendo violadas en nuestro país, principalmente en Tapachula Chiapas, que se ha convertido en un paraíso sexual. Realmente está ocurriendo un desastre humanitario en nuestro país y el gobierno no ha querido reconocer lo que está ocurriendo”
Y recordó un caso particular de violación de derechos humanos en la entidad: “nosotros como defensores hemos sido amenazados. Nuestro compañero Irineo Mújica en Puebla, por venir documentando las presiones del INM fue detenido, fue golpeado, y se tuvo que poner en una huelga de hambre para que le hicieran caso y reconocieran que le habían quitado más de 10 mil pesos que traía, que le habían quitado su celular y que le habían quitado las memorias de las fotografías donde él había documentado todas esas agresiones contra los migrantes”.
Al término de la participación de los asistentes, el padre Alejandro Solalinde dio un mensaje final: “pudiera parecer, después de todo lo que dijimos, que las cosas están del cocol. Y sí están, es imposible negarlo, estamos mal. Pero saben qué, aún es tiempo, no está todo perdido. Hay mucho trabajo, eso sí”, indicó.
Por Xavier Rosas
@wachangel
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