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Formalmente, el presidente electo no puede enviar iniciativas de ley al Congreso de la Unión, por eso es que la propuesta fue presentada ante senadores del PRI y del Partido Verde, quienes podrán llevarla a su recinto parlamentario para analizarla y empujarla. Se trata de un planteamiento que establece modificaciones en 10 artículos de la Constitución (6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116, 122), debiendo ser aprobado por las dos terceras partes de cada cámara federal y avalado por 16 legislaturas estatales. Ni sumando al Partido Verde y a Nueva Alianza, el PRI podría sacar adelante esta reforma, necesita forzosamente de los votos del PAN o de las izquierdas.
De acuerdo con lo expuesto, se busca incrementar la independencia y las facultades del IFAI, dotándole de autonomía constitucional y ampliando sus atribuciones para convertirlo en el máximo organismo nacional responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La autonomía constitucional del IFAI es una decisión correcta, exigida desde hace varios años tanto por el instituto como por voces especializadas de la academia y la sociedad civil. Es, de hecho, la naturaleza jurídica ideal y deseable para todos los órganos garantes del derecho a saber, no sólo del federal. A nivel local existen avances en diferentes entidades, aunque en otras sigue siendo un reto que la reforma en cuestión ayudaría a superar.
Como organismo descentralizado, actualmente el IFAI goza de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, no obstante, pertenece a la administración pública federal, con lo que su ámbito de acción se limita al Poder Ejecutivo. Peña Nieto y su equipo visualizan al IFAI como una institución con autonomía constitucional, similar a la que tienen el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aciertan al definir de esta manera su naturaleza, pero se equivocan al mantener en el presidente la facultad de nombrar a sus comisionados, que de cinco pararían a siete.
La justificación de aumentar dos lugares en el pleno del IFAI puede encontrarse en el incremento de la carga de trabajo por razones de orden federal, tal sería el caso de la ampliación de su mandato a los otros poderes, y al fungir como órgano de revisión, en segunda instancia, de los asuntos resueltos por los órganos de transparencia de las entidades, frente a los cuales quien ejerce su derecho de acceso a la información podría quedar insatisfecho. El problema es el procedimiento para el nombramiento de los comisionados, y que sea el Ejecutivo federal, y no el Congreso de la Unión, el que los designe. Si esto no cambia, al IFAI podrían llegar personas cercanas a Peña Nieto, sin una trayectoria destacada en la materia, como sucedió con el comisionado Gerardo Laveaga, quien tiene vínculos estrechos con Felipe Calderón.
El tema no es menor pues en sentido contrario a procedimientos más equilibrados que se han diseñado y aplicado a nivel local, en los que el Poder Legislativo emite una convocatoria pública, evalúa los perfiles de los candidatos, integra una terna y elige, Peña Nieto decidió conservar la facultad de nombramiento en la esfera del presidente considerando, seguramente, que él podrá designar no sólo a los dos nuevos comisionados, sino a aquellos que sustituyan a los que terminan próximamente su encargo. El Senado, si acaso, podría objetar los nombramientos, nada más.
Por lo que toca a la extensión de las facultades del IFAI con la finalidad de que pueda conocer de los asuntos locales a petición del interesado y por decisión propia, la iniciativa tiene también un riesgo. Así como el esquema delineado puede resultar un incentivo, de suerte que estos sean solventados en el plano local y no sean exhibidos a nivel nacional, puede derivar en procedimientos prolongados para quienes desean conocer información pública de forma expedita, a la luz de lo que señala el artículo sexto constitucional.
Es cierto que, hoy por hoy, el IFAI tiene una credibilidad mayor a la que poseen algunos órganos de transparencia de los estados, donde a pesar de contar con autonomía constitucional la mano de los gobernantes sigue observándose en los proyectos de resolución que les afectan o en los presupuestos con los que operan. Sin embargo, sin un procedimiento especial de trámite el ejercicio del derecho de acceso a la información podría disuadirse.
Además de la autonomía constitucional del IFAI y de los órganos de transparencia que aún no la tienen, lo que requiere un verdadero sistema nacional de transparencia son criterios y procedimientos comunes que apuntalen el desarrollo del acceso a la información pública en este país, lo que pasa por una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya vigilancia le competa a los 33 órganos garantes del país con base en resoluciones definitivas, inatacables y obligatorias para todos los sujetos obligados. Así lo han acordado las comisiones e institutos de transparencia, más allá de las reformas legitimadores de Peña Nieto.
De la reforma constitucional que pretende fortalecer al IFAI se desprende que el Congreso de la Unión tendría un año como plazo para expedir dicha Ley General. Con desconfianza y en alerta hay que recordar que la reforma a la Ley Federal de Transparencia sigue pendiente desde 2008.
Por Roberto Alonso
ladobe.com.mx
Septiembre 11 de 2012
*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.
*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.
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