El Tribunal Electoral mexicano y cualquier Corte que respete a la ciudadanía que paga sus honorarios, que se respete a sí misma y que respete el concepto Derecho que fundamenta su existencia, no podría emitir una sentencia que presuma de legal y definitiva cuando en ella se omite investigar y valorar innumerables hechos denunciados y presuntamente ilícitos. Los juzgadores han dado una ventaja indebida a una de las partes en la elección de México y han descartado ejercer su facultad de analizar el contexto integral de los hechos que se juzgan.
Cualquier sentencia sobre estas elecciones que se precie de imparcial y apegada a derecho, debe necesariamente valorar y en su caso sancionar los ilícitos que se presentan, como los cientos o miles de pruebas. Y luego entonces, emitir una sentencia que tome en cuenta los ilícitos probados y su repercusión en el juicio en el que se dará sentencia terminante.
No puede existir derecho en una sentencia cuando se “juzga” de forma absolutista y parcial, ni cuando se omite el reconocimiento de graves ilícitos y violaciones constitucionales sucedidas en el proceso de la causa que se juzga. Tampoco los Juzgadores pueden alegar que el calificar una elección presidencial es solamente contar votos (votos comprados, por demás, según lo argumentado reiteradamente por el Movimiento Progresista y con cientos de pruebas difundidas en Internet).
Más aún, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un Tribunal de control constitucional y tiene por objeto salvaguardar las transgresiones a los derechos del ciudadano que se efectúen, como en este caso especifico por el IFE y el PRI.
Los Magistrados del TEPJF deben ser peritos en derecho y no ignorar la función de un Tribunal de control constitucional. No pueden juzgar como si fuesen auditores, contadores, matemáticos o actuarios, solamente atendiendo cifras de votos e ignorando cifras y pruebas de ilícitos electorales.
La protección de los derechos constitucionales y electorales de la sociedad está en juzgar el contexto integral en que se dio esta elección, esto es el control constitucional.
El artículo 483 del Código de Procedimientos Penales del DF, observa este contexto de legalidad integral, y lo mandata de manera totalmente transparente. Menciona, de manera contundente, que si la gravedad de los hechos denunciados y probados ante un Ministerio Público, son de tal naturaleza que su investigación y valoración por parte de ese Ministerio Público determina consignarlos a un Juez Penal, esa consignación deberá influir en la sentencia del Juicio Civil. Por tal motivo, el Ministerio Público pedirá al juez o tribunal en donde se encuentre la causa civil a juzgar, que suspenda el procedimiento civil en tanto no termine el procedimiento penal.
Por parte del juez o tribunal, tendrán que ordenar que se suspenda el procedimiento civil en cualquier etapa en que se encuentre, sea éste un Juzgado Civil, una Sala Civil, un Juzgado de Distrito de Amparo o un Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto no se dicte sentencia en el juicio penal sobre los ilícitos denunciados y probados, por los cuales el Ministerio Público determinó su consignación a un Juzgado Penal.
Para que exista, pues. justicia plena en juicio civil, primero deberán haber sido investigados, valorados y sentenciados los ilícitos denunciados en un juicio penal. Sólo después de la sentencia penal se reanudaría el juicio civil y necesariamente tendría que considerar el resultado del juicio penal.
Si la legislación del Distrito Federal a través del artículo 483, por ejemplo, contempla ordenamientos legales, lógicos y éticos para que exista legalidad integral en un Juicio Civil entre particulares, no se explica cómo esos principios éticos puedan ser ignorados en la calificación de la Elección Presidencial, cuando en esa calificación está en juego el destino de los aproximadamente 112 millones de mexicanos que conforman la nación.
Es importante puntualizar que las opiniones aquí vertidas, las hago en mi calidad de ciudadano preocupado, así como tremendamente sorprendido de que el “Estado de Derecho” que pretende aplicar a la calificación de la elección presidencial de 2012 ignore todo este contexto jurídico. Un “Estado de Derecho” como el que probablemente se vivió en la Dictadura de Francisco Franco en España, de los Somoza en Nicaragua o de Idi Amin Dada en Uganda.
Por mi parte, carezco de los recursos necesarios para ayudar a impedir una injusta imposición presidencial por parte de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. Nuestras desventajas como ciudadanos son enormes, dado que estos funcionarios gozan de todo el poder y recursos de todo tipo para desatender los reclamos de justicia de la mayor parte de los ciudadanos, sin que por ello les afecte su tranquilidad, poder y recursos económicos personales y como institución.
Lo más grave es que todo sucede en un contexto de silencio del Ejecutivo Federal, de gran parte de los medios de comunicación y del Partido Acción Nacional. Con una gran preocupación y descomunal desventaja como ciudadano común frente a una institución sobrada de todo tipo de recursos, de manera pacífica y apegada a derecho, deseo externar mi decepción y protesta por la insensibilidad y soberbia con que se percibe a las autoridades electorales.
Mi justificada protesta la hago reproduciendo la carta que el presidente Benito Juárez envío a Matías Romero, en 1865. Una carta que expresaba la coyuntural debilidad que en ese momento el gobierno mexicano tenía respecto del poderío y la fuerza de los Estados Unidos y Francia. Los primeros, con la posibilidad de reconocer el imperio de Maximiliano. Francia y los conservadores del país apoyando al supuesto emperador. Coyuntural debilidad también de la sociedad mexicana en estos momentos, porque millones estamos luchando por sobrevivir el día a día.
En la señalada carta el Presidente Juárez acentúa su determinación de defender la integridad del territorio nacional y, en caso de no tener la fuerza necesaria en esos momentos, salvaguardar el derecho de las siguientes generaciones de reivindicarla.
La carta del Presidente Juárez a Matías Romero
“Chihuahua, 26 de enero de 1865
Sr. D. Matías Romero Washington
Mi querido amigo:
Por su carta de 14 de noviembre pasado y por las comunicaciones oficiales, que remite al ministerio, quedo impuesto de que las cosas han cambiado en esa de un modo favorable a nuestra causa, lo que celebro mucho, pues estaba yo muy inquieto por las noticias que corrían, de que ese gobierno estaba dispuesto a reconocer el imperio de Maximiliano. Así tendremos a lo menos una cooperación negativa de esa república, pues en cuanto a un auxilio positivo, que pudiera darnos, lo juzgo muy remoto y sumamente difícil, porque no es probable siquiera que el sur ceda un ápice a sus pretensiones y en tal caso, ese gobierno tiene que concluir la cuestión por medio de las armas, y esto demanda mucho tiempo y muchos sacrificios.
La idea que tienen algunos, según me dice usted de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no sólo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa. La nación por el órgano legítimo de sus representantes ha manifestado de un modo expreso y terminante, que no es su voluntad que se hipoteque, o se enajene su territorio, como puede usted verlo en el decreto en que se me concedieron facultades extraordinarias para defender la independencia y si contrariásemos esta disposición, sublevaríamos al país contra nosotros y daríamos una arma poderosa al enemigo para que consumara su conquista. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día.
Es tanto más perjudicial la idea de enajenar el territorio en estas circunstancias, cuanto que los estados de Sonora y Sinaloa, que son los más codiciados, hacen hoy esfuerzos heroicos en la defensa nacional, son los más celosos de la integridad de su territorio y prestan al gobierno un apoyo firme y decidido. Ya sea, pues, por esa consideración, ya sea por la prohibición que la ley impone al gobierno de hipotecar o enajenar el territorio nacional y ya sea en fin porque esa prohibición está enteramente conforme con la opinión que he tenido y sostenido siempre sobre este negocio, repito a usted lo que ya le he dicho en mis cartas de 22 de diciembre último y posteriores, a saber: que no sólo debe usted seguir la patriótica conducta que ha observado de no apoyar semejante idea, sino que debe usted contrariarla trabajando por disuadir a sus autores haciéndoles presente las funestas consecuencias que nos traería su realización.
Celebro que haya usted quedado satisfecho de la opinión que observó en el ejército del general Grant respecto de nuestra causa. Esa opinión y la que ha manifestado Mr. Seward son una garantía que podremos tener de que el imperio de Maximiliano no sería reconocido por ese gobierno. Es lo único positivo que podemos esperar por ahora de esa república.
No me extiendo a más porque bajo la impresión del profundísimo pesar que destroza mi corazón por la muerte del hijo a quien más amaba, apenas he podido trazar las líneas que anteceden. Digo por la muerte del hijo a quien más amaba, porque según los términos de la carta de usted que recibí anoche, he comprendido, que sólo por lo funesto de la noticia, no me la ha dado usted de un golpe; pero en realidad mi amado hijo ya no existía, ya no existe. ¿No es verdad? Con toda mi alma deseo equivocarme y sería yo muy feliz si por el próximo correo que espero con verdadera ansiedad se me dijera que mi hijo estaba aliviado. ¡Remota esperanza que un funesto presentimiento desvanece, diciéndome que ya no hay remedio!
Adiós amigo mío. Sabe usted que lo aprecia su inconsolable y afectísimo.”
Las palabras del Presidente Juárez seguramente son vigentes en el escenario actual de nuestro país, los actores y poderes reales y fácticos son diferentes pero tienen las mismas intenciones que los del siglo XIX, algunos querrían reconocer a Maximiliano, otros enajenar el territorio nacional y otros millones de ciudadanos como Matías Romero, estaríamos luchando por hacerles presente a las fuerzas conservadoras, las funestas consecuencias para esta y futuras generaciones, que aceptar una imposición y enajenar el territorio nacional nos traería.”
Por Manuel Guerrero Ramos*
Agosto 23 de 2012
*El autor es militante de Izquierda y luchador por la democracia en México
Fuente: losangelespress.org
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