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El consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello se pronunció a favor de replantear el modelo de fiscalización electoral que implique incluso sancionar a los candidatos que ya hayan rendido protesta, si se detectan irregularidades en los informes de ingresos y gastos de campaña de sus partidos políticos.
“Es importante repensar el modelo para que, si se quiere una fiscalización con carácter mucho más preventivo, pueda plasmarse en la ley o si se decide mantener esta lógica de una fiscalización exhaustiva, pero que implica tiempos mayores, que pueda traer como consecuencia no solamente sanciones a los partidos políticos que cometan una infracción, sino también a los propios otrora candidatos y eventualmente servidores públicos”, aseguró en entrevista posterior a la presentación de Los cuadernos para el debate: proceso electoral 2011-2012, realizada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La declaración del consejero Córdova Vianello tiene como contexto la polémica por la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) de resolver las quejas vinculadas a los gastos de campaña antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección presidencial.
Entre las quejas destacan las interpuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, por presunto uso de tarjetas Monex y Soriana para beneficiar irregularmente la campaña del hoy ganador de la contienda.
El consejero electoral recordó que mandatarios como Fernando Color de Mello, en Brasil, o Helmut Kohl, en Alemania, son ejemplos de cómo las irregularidades en campaña pueden traer como consecuencia responsabilidades políticas.
“Hay muchos casos en el mundo en los que escándalos por las finanzas en las campañas traen como consecuencia que bien se finquen responsabilidades a los servidores públicos que han sido electos a partir de ciertas conductas o, bien, un contexto político de exigencia en el cual estos funcionarios renuncian”, puntualizó Córdova.
En el tema de fiscalización, agregó, se corre el riesgo de generar efectos “no deseables” si las sanciones no son acordes con la conducta: “Pongo el caso de Amigos (de Fox). Se resolvió en septiembre de 2003, más de tres años después de que se había realizado la elección, y si bien trajo sanciones a los partidos que postularon a (Vicente) Fox como candidato presidencial, éstas quedaron simplemente en eso y puede acabar generándose un efecto pernicioso; es decir, ‘cometo ilícitos, total cuando eso se determine se sancionará al partido y hasta ahí’”.
Sin embargo, puntualizó el consejero, para esta elección las reglas del juego en materia de fiscalización ya están plasmadas en la ley “y el Instituto Federal Electoral no las determina de contentillo”.
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