La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy al Gobierno de México a que garantice la seguridad de los centros que ofrecen ayuda humanitaria a los inmigrantes que pasan por el país, como la Casa del Migrante.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación en un comunicado por el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Tultitlán, en el estado de México, tras las presiones ejercidas por los vecinos.
La Comisión denunció actos de hostigamiento y amenazas de parte de particulares contra el personal que trabaja en el centro y los inmigrantes acogidos.
El organismo había recibido anteriormente información sobre las tensiones existentes con los vecinos del municipio en los alrededores del albergue, que tiene capacidad para 70 personas pero ha llegado a acoger hasta 500.
El centro había instalado una tienda de campaña temporal para poder atender a los inmigrantes, que los vecinos exigen que sea desmontada.
La Comisión instó al Estado a garantizar la seguridad de los inmigrantes que acuden al albergue y de los vecinos de la localidad y urge a México a adoptar medidas para que los activistas “puedan continuar realizando sus labores en condiciones de seguridad”.
Tras su visita a México en 2011, la Relatoría sobre Derechos de Migrantes destacó que “los albergues proveen seguridad, alimentación e información a miles de personas que transitan todos los años por México” camino de Estados Unidos.
Asimismo subrayó que los empleados de estos centros y organizaciones que ofrecen asistencia “cumplen una función social de gran valor, donde el Estado ha estado ausente durante muchos años”.
En este sentido, el comisionado Felipe González, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes, valoró el trabajo que realiza la Casa del Migrante y consideró necesario que “el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias para que este centro pueda reabrir sus puertas”.
“Es imperativo que las autoridades lleven a cabo todas las acciones que sean necesarias para prevenir y combatir cualquier forma de discriminación racial y de xenofobia, y promover el entendimiento entre los habitantes del Estado de México y los inmigrantes que por allí transitan”, agregó.
La CIDH reiteró que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el rol fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
Con Información de Efe.
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