A las afueras de la Secretaría podía observarse un conjunto escultórico constituido por muñecos monumentales y personas que recreaba mediante estas esculturas a un representante del gobierno mexicano respondiendo a los intereses de un empresario al tiempo que ignoraba a un gran número de personas que viven en la pobreza. El empresario tenía en sus manos un documento en el que se podía leer claramente la palabra “ACTA”.
“Parece que cuando se trata de acuerdos comerciales, el gobierno mexicano no quiere hacer esperar a nadie, mientras que para firmar acuerdos que permitan a las millones de personas que viven en la pobreza exigir sus derechos, no hay tiempo.” Declaró una activista presente en la actividad.
El Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional que busca incrementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas, que fue firmado por México el pasado julio, apenas 9 meses después de su apertura a firma, a pesar de las críticas generalizadas acerca de las graves consecuencias que este tratado podría tener para la libertad de expresión.
En contraste, desde hace casi 3 años organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional, han llamado a las autoridades a que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PFPIDESC), un acuerdo que establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, la educación o la vivienda, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
Sin embargo, pese a los reiterados compromisos de distintos funcionarios, el gobierno mexicano continúa realizando consultas para analizar la firma del Protocolo Facultativo, en una muestra de falta de voluntad política.
Durante el evento, representantes de Amnistía Internacional hicieron entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores de las firmas de más de 9,000 personas exigiendo al gobierno que se comprometa en materia de lucha contra la pobreza, adoptando un enfoque que ponga los derechos de las personas en primer lugar.
“La pobreza es la mayor crisis de derechos humanos en México y es necesario actuar sin demora. Resulta incomprensible, por ello, que el gobierno federal haya decidido firmar el tratado comercial ACTA con sorprendente agilidad, a pesar de las negativas consecuencias que su ratificación implicaría en materia de derechos humanos y, en contraste, continúe haciendo esparar a las millones de personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales están en juego, para la firma de un tratado internacional que es fundamental para su defensa. ” Afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso fundamental y necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas que vivimos en México” añadió Alberto Herrera.
Mediante esta actividad pública, las y los activistas de Amnistía Internacional hacen un llamado categórico a las autoridades mexicanas, para que demuestren que las personas que viven en la pobreza también son su prioridad y, de acuerdo con esto, tomen todas las acciones que sean necesarias para que el PFPIDESC sea firmado y ratificado a la brevedad.
Contexto
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PFPIDESC) establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
En julio de 2011, el Consejo nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), dio a conocer las cifras oficiales de pobreza en México, que reconocen la existencia de 52 millones de personas viviendo en situación de pobreza en el país. Coincidiendo con la publicación de esas cifras Amnistía Internacional denunció la inacción de las autoridades mexicanas en materia de lucha contra la pobreza, en especial en lo relativo al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
El 7 de diciembre de 2011 la Campaña Mexicana por la Firma y Ratificación del PFPIDESC, integrada por más de 100 organizaciones, incluida Amnistía Internacional, hicieron entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores de más de 18,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de todo México que exigían la firma de este acuerdo contra la pobreza.
Han pasado casi cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y tres años desde su apertura a firma. Desde entonces 39 países de todo el mundo han firmado este instrumento, 10 de ellos de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Fuente: www.amnistia.org.mx
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