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A casi un mes de la presentación de los informes de México ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), representantes de organizaciones sociales reclamaron al gobierno de Felipe Calderón su evasión a los cuestionamientos de los expertos durante la audiencia realizada en Nueva York.
En conferencia de prensa, activistas que acudieron a la 52 Sesión del Comité CEDAW resaltaron la preocupación de los integrantes de ese mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en lo referente a la violencia contra las mujeres en el contexto de combate al narcotráfico y la militarización.
Acompañadas por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, las activistas mostraron su indignación porque a la audiencia acudieron funcionarios “de tercera” que no pudieron responder a los cuestionamientos de las expertas de la ONU.
Sobre las recomendaciones formuladas a México, Hernández Valencia consideró que “lo ideal es que sean tomadas en cuenta para hacer los cambios legislativos o reformas necesarias y se pongan en marcha antes de que en 2013 México sea sometido al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
El representante de la OACNUDH reconoció que las expertas de la ONU se mostraron muy consternadas por el incremento de la violencia contra las mujeres, y manifestó su confianza en que las recomendaciones de ese mecanismo internacional sean retomadas en el plan nacional de desarrollo de la siguiente administración, “sea la que sea”.
En su oportunidad, la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, mencionó que los representantes del Estado mexicano “no supieron responder cómo es que se habla de disminución de la violencia contra las mujeres, si ni siquiera son capaces de ofrecer cifras para comparar sus dichos”.
Los representantes mexicanos, añadió, aseguraron tener documentadas 200 desapariciones de mujeres en todo el país, cuando a través de solicitudes de información pública de nueve estados el OCNF registró 3 mil 149 casos.
“Los números son muy claros, la discriminación contra las mujeres se ha agudizado y, para las expertas, uno de los parámetros que lo demuestra es que los representantes tuvieron que reconocer que de 14 mil investigaciones abiertas por violación, sólo en 2% se llegó a sentencias condenatorias. En los casos de asesinatos de periodistas y de defensoras de derechos humanos, no hay ni una sola sentencia”, apuntó Estrada.
De acuerdo con Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, una de las preocupaciones expresadas durante la sesión por parte de las expertas del Comité CEDAW fue la militarización de las zonas indígenas bajo el argumento de combate al narcotráfico.
“Los representantes del gobierno negaron que México esté militarizado y que menos aún se ejerza violencia contra las mujeres indígenas, cuando es de todos conocido los casos de violaciones sexuales contra las mujeres, en particular las indígenas, así como la violencia contra las comunidades de los pueblos, la violencia estructural, la criminalización que se desata con el pretexto del combate al crimen organizado”, subrayó.
Sánchez Néstor aprovechó la oportunidad para exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la discusión sobre el fuero militar que se está llevando a cabo, “retomen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo”, indígenas violadas por soldados en 2002.
Destacó que las especialistas de la ONU también manifestaron su preocupación por la indiferencia del Estado hacia “prácticas culturales nocivas dentro de los sistemas indígenas que están basadas en el género, en roles estereotipados de hombres y mujeres –como la figura del ‘precio de la novia’– que perpetúan la discriminación contra las indígenas”.
Yunuhen Rangel, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), destacó que durante la sesión del pasado 7 de julio en Nueva York, los representantes del Estado mexicano “no pudieron demostrar con datos objetivos la disminución de los ataques y las agresiones” a periodistas y defensoras de derechos humanos.
No se aportó información sobre las 13 periodistas asesinadas de 2005 a 2011, ni sobre los 11 homicidios de defensoras ocurridos de 2010 a 2011, casos todos que siguen en la impunidad, añadió.
Por su parte, Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, comentó el lastre que arrastra México en materia de incumplimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos.
De 2000 a 2011, señaló, México ha recibido mil 361 recomendaciones de 36 instrumentos internacionales, de las cuales 314 están relacionadas con mujeres.
Entre los temas de los que surgieron observaciones a México destacan: la situación de defensoras y periodistas, trata y explotación sexual, derechos políticos de las mujeres, derechos reproductivos, impacto de la crisis de seguridad en las mujeres y violencia de género, discriminación educativa y laboral, y derechos de las mujeres indígenas.
Por Gloria Leticia Díaz
Revista Proceso
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