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lunes, 23 de julio de 2012

Resolver a la brevedad quejas contra EPN, pide Movimiento Progresista





MÉXICO, D.F. (apro).- La coalición Movimiento Progresista entregó hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una “excitativa de justicia” para que a la brevedad posible se resuelvan los procedimientos contra el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, por rebase de tope de gastos de campaña, financiamiento encubierto, caso de Monex y tarjetas Soriana que, a su juicio, “podrían impactar en la validez de la elección”.

En un comunicado, el PRD informó que la alianza de las izquierdas solicita que, en el proceso de instrucción del expediente el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-359/2012, se dicte acuerdo para el trámite y sustanciación del mismo, en relación con los procedimientos administrativos sancionadores electorales en el proceso de investigación y vinculados al mismo, girando excitativa de justicia o requiriendo la resolución de dichos procedimientos en atención al principio constitucional de justicia expedita, al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ambos del Instituto Federal Electoral”.

Entre las quejas que la izquierda pedirá resolver destacan:

Q-UFRPP 15/12 y sus acumulados Q-UFRPP 16/12,
Q-UFRPP 22/12, Q-UFRPP 41/12 y Q-UFRPP 78/12, instaurados por un posible rebase de tope de gastos de campaña en contra de Enrique Peña Nieto.
Q-UFRPP 42/12 y su acumulado Q-UFRPP 43/12, relativa la presunta contratación de propaganda en el extranjero a favor del candidato priista.
Q-UFRPP 58/12, relativa a la presunta distribución de tarjetas Monex.
Q-UFRPP 61/12, relativa a la presunta distribución de tarjetas Soriana.
Q-UFRPP 144/2012, relativa a la presunta distribución de tarjetas “Premium Platino”.
Q-UFRPP 147/2012, respecto a tarjetas de prepago para realizar llamadas telefónicas denominada “La Tamaulipeca”.
Q-UFRPP 234/2012 Y Q-UFRPP 233/2012, por presunta aportación de recursos del estado de Zacatecas.

En el documento entregado a la comisión de Magistrados que analizará el caso, el Movimiento Progresista considera pertinente agilizar la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores para que los impartidores de justicia cuenten con los elementos necesarios para resolver la impugnación de la elección presidencial.

“Se solicita a la comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y la del Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda cumplir su cometido, tomar las medidas necesarias y realizar los requerimientos del caso.

“(Se solicita) acordar conforme a lo solicitado, girando al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos excitativa para que realice y concluya las investigaciones, asimismo subsane las inconsistencias y deficiencias en el trámite de los procedimientos sancionadores relacionados con el presente juicios de inconformidad”.

Según la coalición, han existido inconsistencias y deficiencias en el trámite de las investigaciones de la Unidad, como el excesivo tiempo transcurrido entre la admisión a trámite y la realización de los primeros requerimientos; y la omisión de tramitación de las quejas por doble vía ordinaria y de fiscalización.

También se ha presentado, acusó, desconexión y falta de acumulación de quejas con identidad de hechos y sujetos denunciados, pretendiendo agotar al extremo los plazos de trámite.

“De no contar con oportunidad con información derivada de las investigaciones, en su caso, resoluciones o dictámenes aunque sea de carácter provisional, para los efectos de la resolución del Juicio de Inconformidad de nulidad de la elección presidencial y su calificación…

“Se estaría atentando contra los principios constitucionales y rectores de certeza, autenticidad, definitividad y exhaustividad”, refiere el escrito firmado por Juan Miguel Castro Rendón, Camerino Márquez y Ricardo Cantú, representantes ante el IFE del MC, PRD y PT, respectivamente.

El documento de 22 páginas fue remitido a los Magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava.

Fuente: Proceso, Julio 23 de 2012

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