El viernes, el Tribunal dio al Instituto un plazo de 48 horas para pronunciarse en torno al avance de las investigaciones por presunto uso de monederos Soriana para coaccionar el voto a favor del candidato ganador de la contienda presidencial, Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM).
También le pidió un pronunciamiento sobre las indagatorias por presunto uso de tarjetas Monex para pagar representantes generales del PRI que en realidad habrían fungido como activistas electorales.
La petición se dio en el marco de las labores que realiza para resolver la solicitud de nulidad de la elección presentada por la coalición Movimiento Progresista.
Antes de que venciera el plazo para responder, el IFE informó ayer —a través de un comunicado— que su Unidad de Fiscalización ha realizado 844 diligencias para requerir a personas físicas y morales; autoridades federales y locales, información que permita determinar la existencia de irregularidades en el origen y aplicación de los recursos de los partidos.
También definirá la fuente de financiamiento y las infracciones cometidas, en caso de haberlas.
“El Instituto realiza en estos momentos a través de sus órganos correspondientes las investigaciones de ley y el generar nuevos procedimientos especiales distintos a los previamente establecidos por la normal electoral podría ir en contra de las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución y el principio de exhaustividad”, indicó el IFE.
Recordó que cada diligencia realizada por la Unidad de Fiscalización puede abarcar hasta 30 días naturales, más la notificación de la misma. Este lapso implica más de la mitad de los 60 días naturales con que cuenta la autoridad fiscalizadora para sustanciar debidamente un procedimiento.
El IFE recordó que ante una impugnación del Movimiento progresista, el propio TEPJF resolvió que la Unidad de Fiscalización no había violentado ordenamiento alguno al no resolver de forma expedita las quejas por presunto rebase de tope de gastos de campaña de Peña Nieto.
“Es indispensable apegarse al carácter técnico de la fiscalización, el cual exige el cumplimiento de la legalidad a fin de que sus dictámenes sean firmes y reflejen exhaustividad y profesionalismo”, indicó el IFE.
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