MEXICO, D.F. (apro).- Alianza Cívica estimó que cerca de 30% de los sufragios emitidos el 1 de julio fueron producto de la compra y coacción de voto, mientras que en un promedio de 21% de casillas se violó el secreto al sufragio.
En rueda de prensa, los representantes de Alianza Cívica Nacional y de Equipo Pueblo, Beatriz Camacho y Héctor Díaz Santana, así como Eduardo Huchim May, exconsejero del IEDF, destacaron que las irregularidades detectadas en 21 entidades, sobre todo la compra y condicionamiento del voto, no pueden atribuirse a un solo partido.
Sin embargo, establecieron que la gravedad de las irregularidades ameritaría que se anulara la elección presidencial.
El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) consideró que “la equidad en la elección está rota, habría lugar a una anulación”.
Sin embargo, Huchim recordó que, por resoluciones anteriores que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre todo la Sala Superior, “ni siquiera va a intentar anular la elección presidencial”.
Los activistas coincidieron en que las anomalías registradas en 2012 fueron mayores a las de 2006 y, frente a la dificultad de cuantificarlas, el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF “resultan autoridades insuficientes para corregir tan grave problema”.
De acuerdo con los reportes de 500 observadores que monitorearon casillas en 21 entidades, se detectó que en una encuesta aplicada a 3 mil 158 electores, cerca de 28.4% aceptó que estuvo expuesto al menos a una práctica de compra o coacción del voto.
“Niños halcón”
Y en la observación propia de la jornada electoral, los activistas detectaron que en 21% de las casillas no se votó en secreto, e incluso se utilizó a menores de entre 8 y 12 años –“halconcitos”– para que acompañaran a los adultos a las mamparas y confirmaran el sentido del sufragio.
Las entidades en las que con mayor frecuencia se detectó esta práctica fueron Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, entidades en las que se descubrió a personas que palomeaban listas de votantes distintas a las nominales.
Además “había personas hablando en la fila o antes de que llegaran los ciudadanos a votar como una forma de presión”, se indica en el reporte preliminar.
Se aclara que “la presión fue a favor de PRI-PVEM en 71%; 17%, PAN; 9%, PRD, y 3% a favor de Nueva Alianza (Panal)”.
Del acarreo de sufragantes, el documento resalta que “en 14% de las casillas observadas en todos los estados” se detectó esa irregularidad.
“Mareas” priistas en acción
Alianza Cívica también detectó un fenómeno llamado “mareas”, que consiste en que varios “representantes de un partido político, de manera intimidante se colocan atrás de funcionarios de casilla”.
Esa práctica irregular prevaleció pese a que el IFE sólo aprobó un máximo de dos representantes de partido por casilla.
“Mareas” de la alianza Compromiso con México, integrada por PRI y PVEM, fueron los que mayor presencia tuvieron en las casillas observadas, en 72% de los casos; en segundo lugar estuvieron simpatizantes del Movimiento Progresista, con 38% y, en menor medida, seguidores del PAN y Panal, ambos con 12% de los registros.
Alianza Cívica desplegó observación electoral en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En entrevista con Apro, Beatriz Camacho explicó que, a diferencia de la elección de 2006, ahora prevaleció la compra y coacción del sufragio.
La activista recordó que hace seis años se detectó “toda una intromisión de actores políticos y no partidistas, quienes generaron una campaña de guerra sucia contra un candidato y, aunque hubo compra y coacción del voto, los partidos políticos concentraron más de 70% de su presupuesto para pagar espacios en medios de comunicación”.
Dijo que la reforma de 2007, que prohibió a los partidos la compra de espacios en medios e incrementó el monto de prerrogativas, dio mayor libertad a los candidatos para destinar los recursos a la compra y coacción del voto, situación que ya había sido observada en 2009 y se repitió ahora en 2012.
Los partidos, puntualizó, “se dedicaron a hacer campañas de tierra, ir de casa en casa ofreciendo algún regalo, comprando votos, condicionando permisos, ofreciendo programas sociales”.
Se trata, explicó Beatriz Camacho, “de una estrategia que usan todos los partidos políticos, pero el día de la jornada electoral aumentaron las presiones directas a los votantes comprometidos, y en esta ocasión recurrieron a los ‘halconcitos’, a quienes pagaron de 100 a 200 pesos”.
De la compra de votos, los observadores de Alianza Cívica denunciaron algunos casos ante la Fepade, aunque quedaron pendientes de trámite quejas en Yucatán, Coahuila y Nayarit.
Las “casas amigas”
“Se les llamaba ‘casas amigas’, y ahí se le entregaba al ciudadano dinero, regalos o tarjetas Soriana para despensas; lo que comprobamos es que la Fepade no tuvo la capacidad para procesar las denuncias y quedaron algunas pendientes de ser tramitadas”, acusó.
La representante nacional de Alianza Cívica también resaltó que entre los ciudadanos de Nuevo León, Sinaloa y Nayarit se registró “una percepción de violencia e inseguridad”.
En entrevista por separado, Héctor Díaz Santana consideró que “como las irregularidades provinieron de todos los partidos políticos, por ser un hecho generalizado, se podría anular la elección”.
Díaz Santana explicó que el incrementó de los fondos públicos a los partidos “ha pervertido la competencia política”.
Esta situación se agravó el 1 de julio pasado. “Ante una competencia electoral muy cerrada, ante la falta de confianza y credibilidad de los partidos políticos y los candidatos, lo único que les queda es comprar, coaccionar, inducir al voto.
“El problema es que el costo del voto va a subir y no todos los partidos y candidatos lo van poder pagar, y va a haber un problema de gasto excesivo, pues las condiciones de la competencia así lo determinan”, concluyó el activista.
Fuente: Proceso, Julio 03 de 2012
Foto: Eduardo Miranda
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