De éstas tres impugnaciones pretendían la nulidad de la elección presidencial y fueron promovidas por ciudadanos en lo particular, mismos que se ostentaron como integrantes de organizaciones laborales o tuiteros, pero a los que la ley no reconoce el derecho a impugnar resultados o la validez de elecciones.
La decisión fue tomada por unanimidad de los siete magistrados electorales, quienes explicaron que en esas materias la ley sólo permite inconformarse a partidos o candidatos.
Si bien los magistrados desecharon los recursos, expresaron que los alegatos esgrimidos en algunas de las demandas, entre ellos la supuesta inequidad en la contienda, el uso propagandístico de las encuestas, o la violación a la libertad del voto, son asuntos que el Tribunal sí analizará y fijará su postura al resolver el juicio de inconformidad que queda pendiente, el interpuesto por la Coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial.
Entre los juicios desechados se encuentran el presentado por José Antonio Vital a nombre de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos; la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Unión Nacional de Jubilados Civiles y Militares de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE).
También se desechó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, planteado por los tuiteros encabezados por Eduardo Javier Castro, una solicitud para declararla “nulidad abstracta” de la elección y una en la que se argumentó que el IFE cometió “fraude jurídico”.
“No tenemos forma de reconocer la legitimación de ciudadanos cuando combaten cómputos distritales”, estableció el magistrado Constancio Carrasco Daza.
Con Información de NTX.
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