Es justamente la invalidez la que está invocando el Movimiento Progresista como la resolución más justa y adecuada para resolver en definitiva un proceso electoral plagado de irregularidades: de compra-venta masiva de votos; de propaganda disfrazada de encuestas “imparciales” y de excesos y rebase de topes de campaña; todo con cargo al Partido Revolucionario Institucional.
Patrón de ilegalidades
Uno de esos factores no sería suficiente por sí solo para anular o invalidar una elección, pero su combinación demuestra que existió un patrón incontenible de conductas reiteradas e ilegales encaminadas a deformar e inducir el voto universal, libre y secreto.
Como vimos, se desarrolló un proceso abiertamente desigual, inmoral y sucio. Además que careció de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad.
Todo encuadra en una clara violación al artículo 41 de la Constitución que establece la obligación del Estado mexicano de realizar elecciones libres y auténticas.
Por auténtico o auténtica, la Real Academia Española señala lo “acreditado de cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concurren; honrado(a), fiel a sus orígenes y convicciones; certificación con que se testifica la identidad y verdad de algo”.
Sabemos que el principal componente de un voto libre es la vigencia efectiva de una libertad política que se traduce en que el elector no debe estar sujeto a presión, intimidación, mediación o coacción de ningún tipo.
Pero como vimos, ante la posibilidad de perder o no recibir una canonjía, pago o prebenda, tales como vales o tarjetas con monedero electrónico o recargas de celular, se generó un ambiente estructural y determinante para que cientos de miles de personas emitieran su voto a favor del PRI.
¿Libertad de expresión?
A esto se le puede sumar el pago para representantes de casillas del PRI a través de Monex, pues al ser un dinero proveniente de cuentas paralelas no fiscalizadas ni auditables por el Instituto Federal Electoral constituye una prueba irrefutable de compra de votos de casi 130 mil ciudadanos –aunque sean simpatizantes propios–; lo que hizo abiertamente ilegal el proceso.
Por otra parte, recordemos que justamente “intelectuales” de Televisa impugnaron hace años la entonces recién aprobada reforma electoral porque según ellos, a las personas, los “particulares” (léase también empresas), les coartaba “su libertad de expresión” y les limitaba su capacidad para intervenir aun con inserciones pagadas con opiniones para hablar a favor o en contra de un partido o candidato. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les negó la razón.
Sin embargo, en los hechos vimos que muchos de esos “particulares” y especialmente ciertos periodistas y televisoras encontraron en las encuestas una forma despiadada, ruin y abusiva de ejercer, pese a las decisiones de la SCJN, esa “libertad de expresión”, para inclinarse y favorecer a Enrique Peña Nieto y para denostar a Andrés Manuel López Obrador.
¿Acaso no fueron entonces las encuestas pagadas –sin saber quién y cuánto pagaron–, una forma en la que los particulares, casas encuestadoras, medios de comunicación y empresas, realizaron propaganda a favor de Enrique Peña Nieto?
Además hay otro elemento determinante: si los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador hubieran hecho lo mismo, es decir, rebasar topes de campaña, comprar encuestas para mentir y comprar por diversas formas el voto, posiblemente se podría argumentar que todos los partidos consintieron y admitieron realizar prácticas ilegales y por lo tanto deberían ser válidas las elecciones porque todos fueron igual de tramposos y quebrantaron las reglas. Pero no fue así, sólo el PRI realizó actos ilegales y tramposos.
Lo mismo, pero peor
No todo termina con la declaración del Trife si es que valida la elección y declara presidente electo a Peña Nieto. La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos ofrece a Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; de manera que el tema será motivo de discusión en los próximos años.
Lo que vemos en estos momentos es que los principales actores de la movilización ciudadana de los últimos veinte años se están reorganizando: por un lado los estudiantes, no sólo los de la UNAM sino también de universidades privadas; los trabajadores encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas y cientos de organizaciones sociales vinculadas a los Diálogos Nacionales; la APPO; y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en torno al cual se han agrupado integrantes del EZLN. Y se suman además maestros de la CNTE y maestros universitarios. Es decir, las partes más activas, críticas y combativas del México contemporáneo.
Las organizaciones ya anunciaron en la Primera Convención Nacional contra la Imposición una serie de acciones: movilizaciones nacionales, boicots a empresas y ocupación de plazas públicas.
La postura nuclear de esta Convención fue rechazar la imposición de Peña Nieto como presidente y desconocerlo. Todo augura que los próximos seis años viviremos más de lo mismo, pero peor.
Hoy el Trife tiene en sus manos el tomar una decisión histórica: o invalida las elecciones autenticando un proceso electoral o legitima un proceso autoritario para imponer a un presidente contra la voluntad ciudadana.
De ser esto último veremos un choque de trenes y el descarrilamiento del país.
Tomado de La Jornada Jalisco, Julio 17 de 2012
Por Jaime Hernández Ortiz
No hay comentarios:
Publicar un comentario