Amnistía Internacional (AI) capítulo México en su Informe Mundial Anual 2012 sobre los derechos humanos en el país afirmó que durante el gobierno del presidente Calderón siguió desplegando a 50.000 soldados y a un número creciente de infantes de marina para combatir a los cárteles de la droga. Durante el año, éstos lucharon entre sí y contra las fuerzas de seguridad por el control territorial en ciertos estados, como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero. Más de 12.000 personas perdieron la vida en la violencia resultante. La gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron.
En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que había aún 8.898 cadáveres sin identificar en las morgues del país y de que se había denunciado la desaparición de 5.397 personas desde 2006. Más de 40 soldados y de 500 policías fueron asesinados en 2011.
Durante el año se recibió información según la cual las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la complicidad de algunos policías locales. En los estados de Tamaulipas y Durango se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados. Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50. La preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública, y la insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad.
El gobierno estadounidense entregó a México nuevos fondos relacionados con la seguridad, así como otras transferencias en el marco de la Iniciativa de Mérida, acuerdo trienal de cooperación y seguridad regional. Aunque Estados Unidos retuvo temporalmente algunos fondos, y a pesar de que el gobierno mexicano siguió incumpliendo ciertas condiciones de derechos humanos, las transferencias se realizaron.
El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos –tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.
El sistema de justicia militar seguía a cargo de prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una investigación efectiva la mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los perpetradores eludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiar en diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.
Se presentaron 1.695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina. Las autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base, pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas de las investigaciones de la CNDH.
En mayo, la policía municipal detuvo ilegalmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana y a un amigo suyo en Cuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueron entregados primero a la Policía Federal y después al ejército. Los soldados los torturaron y luego pusieron en libertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió en víctima de desaparición forzada. Su familia presentó una denuncia, pero las autoridades militares negaron toda implicación en la desaparición forzada, incluso después de que la policía declarase sobre la participación del ejército. Ante las abrumadoras pruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Ese mismo mes fue encontrado el cadáver de Jethro Sánchez. Al concluir el año, dos soldados estaban detenidos y acusados formalmente de homicidio y al menos otros tres se habían ocultado. El caso seguía en la jurisdicción militar.
Fuerzas policiales
Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas, incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales. Se recibieron informes generalizados sobre uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero en su mayoría no se investigaron de forma efectiva.
En diciembre, la policía mató por disparos a dos manifestantes estudiantiles en Chilpancingo, Guerrero, después de que, al parecer, policías federales y estatales abrieran fuego contra los manifestantes con armas automáticas. Varios manifestantes sufrieron malos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y, según informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado para implicarlo falsamente en los disparos. Al finalizar el año varios policías estaban sometidos a investigación.
En abril, la policía estatal detuvo a Jesús Francisco Balderrama en Mexicali, estado de Baja California. Su familia pidió información sobre su paradero, pero las autoridades negaron que hubiera sido detenido. Al finalizar el año seguía en paradero desconocido.
En julio, unos hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto por pasamontañas –uno de los cuales al menos llevaba aparentemente la insignia de la Policía Federal–, detuvieron a ocho miembros de la familia Muñoz en Anáhuac, estado de Chihuahua. Los familiares de los detenidos presentaron una denuncia, pero las autoridades policiales negaron todo conocimiento de las detenciones. Al concluir el año, seguía sin conocerse el paradero de los hombres y no se había identificado a los responsables de su detención y desaparición.
Durante el año se recibió información según la cual las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la complicidad de algunos policías locales. En los estados de Tamaulipas y Durango se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados. Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50. La preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública, y la insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad.
El gobierno estadounidense entregó a México nuevos fondos relacionados con la seguridad, así como otras transferencias en el marco de la Iniciativa de Mérida, acuerdo trienal de cooperación y seguridad regional. Aunque Estados Unidos retuvo temporalmente algunos fondos, y a pesar de que el gobierno mexicano siguió incumpliendo ciertas condiciones de derechos humanos, las transferencias se realizaron.
Una fallida operación estadounidense para seguir el rastro de las armas introducidas de contrabando en México puso de relieve la inexistencia de mecanismos efectivos para impedir que las bandas de delincuentes introdujeran armas en el país.
El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos –tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.
El sistema de justicia militar seguía a cargo de prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una investigación efectiva la mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los perpetradores eludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiar en diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.
Se presentaron 1.695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina. Las autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base, pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas de las investigaciones de la CNDH.
En junio, al menos seis hombres fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Pese a la existencia de pruebas fehacientes –como los testimonios de testigos presenciales– de la responsabilidad de agentes de la Secretaría de Marina, las autoridades navales sólo reconocieron que había habido “contacto” con los hombres. La investigación emprendida por la Procuraduría General de la República no determinó los hechos, pero pese a ello pareció absolver de responsabilidad a la marina sin más investigaciones. Al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de los hombres. La familia de uno de ellos se vio obligada a huir de la zona después de que su casa fuera atacada en julio.
En mayo, la policía municipal detuvo ilegalmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana y a un amigo suyo en Cuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueron entregados primero a la Policía Federal y después al ejército. Los soldados los torturaron y luego pusieron en libertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió en víctima de desaparición forzada. Su familia presentó una denuncia, pero las autoridades militares negaron toda implicación en la desaparición forzada, incluso después de que la policía declarase sobre la participación del ejército. Ante las abrumadoras pruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Ese mismo mes fue encontrado el cadáver de Jethro Sánchez. Al concluir el año, dos soldados estaban detenidos y acusados formalmente de homicidio y al menos otros tres se habían ocultado. El caso seguía en la jurisdicción militar.
Fuerzas policiales
Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas, incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales. Se recibieron informes generalizados sobre uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero en su mayoría no se investigaron de forma efectiva.
En diciembre, la policía mató por disparos a dos manifestantes estudiantiles en Chilpancingo, Guerrero, después de que, al parecer, policías federales y estatales abrieran fuego contra los manifestantes con armas automáticas. Varios manifestantes sufrieron malos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y, según informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado para implicarlo falsamente en los disparos. Al finalizar el año varios policías estaban sometidos a investigación.
En abril, la policía estatal detuvo a Jesús Francisco Balderrama en Mexicali, estado de Baja California. Su familia pidió información sobre su paradero, pero las autoridades negaron que hubiera sido detenido. Al finalizar el año seguía en paradero desconocido.
En julio, unos hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto por pasamontañas –uno de los cuales al menos llevaba aparentemente la insignia de la Policía Federal–, detuvieron a ocho miembros de la familia Muñoz en Anáhuac, estado de Chihuahua. Los familiares de los detenidos presentaron una denuncia, pero las autoridades policiales negaron todo conocimiento de las detenciones. Al concluir el año, seguía sin conocerse el paradero de los hombres y no se había identificado a los responsables de su detención y desaparición.
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