Amnistía Internacional expresa su
satisfacción ante la aprobación unánime por la Cámara de Diputados de dos leyes
de gran importancia para la protección de los derechos humanos en México.
La Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece un marco legal claro
para la cooperación entre autoridades federales y estatales en la
implementación de medidas eficaces para la protección de defensoras y
defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo. La participación plena
de representantes de la sociedad civil en el mecanismo será esencial para
asegurar su eficacia y legitimidad.
La Ley General de Víctimas, establece la
obligación de autoridades federales, estatales y municipales de proveer
asistencia, apoyo y reparación integral a todas las víctimas de crímenes y
violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a protección, a la
verdad, justicia y restitución.
Amnistía Internacional hace un llamamiento
al gobierno del Presidente Calderón para que firme y publique estas leyes a fin
de que entren en vigor lo antes posible. Asimismo solicita al gobierno que
asegure que los desarrollos legislativos necesarios para la implementación de
ambas leyes se lleven a cabo urgentemente y en consulta con la sociedad civil.
El mecanismo de protección de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas acordado entre la Secretaria de
Gobernación y la sociedad civil debe ser reforzado. Es hora de ponerlo en
marcha con el impulso de la nueva ley y con base en los protocolos acordados y
los recursos necesarios para garantizar su eficacia.
Es también crucial que las autoridades
entiendan que sus responsabilidades no se limitan al establecimiento de un
mecanismo de protección. La impunidad ante amenazas, ataques y asesinatos de
defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, continúa siendo uno
de los mayores retos para la mejora de la seguridad de estos fundamentales
actores sociales. En este sentido, es necesario se comiencen a trabajar medidas
concretas.
El asesinato en Veracruz de la periodista
de Proceso, Regina Martínez, el 28 de abril, es otra muestra más de la
vulnerabilidad de este colectivo. No debe permitirse que este crimen quede en
la impunidad como tantos otros.
Llevar a los responsables ante la justicia
y asegurar la protección de las víctimas, los periodistas y las defensoras y
defensores de derechos humanos, son avances esenciales para mejorar la
situación de derechos humanos en México.
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