Las autoridades mexicanas deben conducir una investigación exhaustiva e imparcial con relación a los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar el 19 y 21 de febrero durante los cuales 44 y 3 personas perdieron la vida en el Penal de Apodaca y Topo Chico respectivamente, ambos ubicados en el estado de Nuevo León.
Amnistía Internacional (AI) deplora y lamenta el fallecimiento de estas 47 personas bajo custodia de las autoridades y considera esencial que la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido y asegure el derecho de los familiares a información y justicia. Es de igual importancia que se aclaren los hechos que antecedieron a esta pérdida de vidas, la fuga de más 30 presos, y que quienes resulten responsables, incluidas autoridades penitenciarias, rindan cuenta ante la justicia.
Este incidente se suma al ocurrido el 4 de enero en Altamira, Tamaulipas, cuando al menos 31 presos perdieron la vida durante un altercado entre grupos rivales.
Las autoridades tienen el deber y la obligación de garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos de conformidad con los estándares internaciones en materia de condiciones de reclusión, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.
Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México
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