Al presentar este mediodía en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara el libro Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009, la coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de las Mujeres, Aranzazú Flores Castellanos, señaló la necesidad de que las mujeres en el país tengan el derecho de vivir una vida libre de violencia de cualquier tipo.
“Todos los estados del país cuentan ya con una ley contra la
violencia. Ahora nos reúne un tema importante, como es el feminicidio. Este
problema todavía no logra identificarse del todo, por lo que no existe un registro
sistemático. Por ello, las cifras para abordar el problema nos plantean varios
aspectos para fortalecer las políticas públicas”, dijo Flores Castellanos.
Agregó que hace falta consolidar el trabajo de homologación
de normas entre lo federal y lo estatal para darle la misma protección a
mujeres, con “sanciones ejemplares” en todo el país. “Debemos tener el mismo
concepto y la misma sanción en el norte y el sur de México, porque todas las
mujeres mexicanas tenemos los mismos derechos”, señaló.
Agregó que “Lograr esta homologación es lo que nos motiva en
el Instituto Nacional a las Mujeres. Llevar este documento a los estados, a
través de las principales universidades para que en la Academia se motive una
mayor investigación y que se retome por el gobierno estatal para generar nuevas
propuestas de política pública que permitan sancionar la violencia feminicida”.
Aclaró que en la legislación de Jalisco se reconoce un
factor importante para la violencia contra las mujeres: se agrava la pena
cuando infringe el cónyuge. Sin embargo, términos como la “razón de honor”
disminuye la pena, por lo que urgió a eliminar este tipo de conceptos que
impiden una mayor y mejor impartición de justicia.
“Otro avance es la sanción de la violación entre cónyuges.
Sin embargo, aún falta tipificar en su Código Penal el feminicidio como un
primer paso para una sanción adecuada. Es importante recordar que para llegar
al fondo de la tipificación del feminicidio un antecedente clave es la Ley
general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” detalla
Aranzazú Flores.
“Este instrumento jurídico establece la violencia feminícela
como la violación de los derechos humanos, conformada por las conductas de odio
hacia la mujer que puede culminar con homicidio y otras formas de muerte de
violencia. Es la primera legislación mexicana que desde la perspectiva de
género establece la coordinación entre los tres órdenes y ámbitos de gobierno,
para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”, dijo.
En representación del Rector general de la UdeG, Marco
Antonio Cortés Guardado, estuvo la coordinadora del Centro de Estudios de
Género de la UdeG, Candelaria Ochoa Ávalos, acompañada de la diputada federal
María Antonieta Pérez Reyes; la presidente del Instituto Jalisciense de las
Mujeres, Carmen Lucía Pérez Camarena, y de la directora regional de ONU Mujeres
para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes García,
entre otras.
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