Diputados federales del PRD, presentaron penalmente su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fepade, de la Procuraduría General de la República al presidente Felipe Calderón Hinojosa, por su presunta utilización de recursos públicos para favorecer a Josefina Vázquez Mota, precandidata presidencial del PAN.
La querella, dirigida a la nueva fiscal Imelda Calvillo Tello, establece que el mandatario violó las leyes electorales, además del Código Penal Federal y la Constitución al señalar, como lo habría hecho el pasado jueves 23 ante consejeros de Banamex, que existe una cerrada competencia con cuatro puntos de distancia entre el PRI y el PAN, rumbo a las elecciones presidenciales.
Por tal razón, legisladores del PRD pidieron realizar prontas diligencias para citar a declarar al Presidente Felipe Calderón, además de requerir a Los Pinos el video de la participación y en su momento de ejercer accion penal en contra del mandatario.
Como pruebas para tal demanda, los legisladores presentaron cinco reporte periodísticos, todos coincidentes en que en el encuentro, Calderón habría presentado láminas para exponer la competencia electoral presidencial.
“Como resulta evidente… el C. Felipe Calderón Hinojosa acudió en su carácter de presidente constitucional” y legalmente está impedido a difundir “mediante el aparato de comunicación social de la presidencia, empleando los recursos logísticos, como las diapositivas, láminas o planos de los que se da cuenta en las diversas notas… especialmente cuando esta difusión se hace en relación a la competencia suscitada en el proceso electoral”.
Por eso se corrobora, según el PRD, “la promoción a favor de la C. Josefina Vázquez Mota, la cual es financiada con recursos públicos de la presidencia de la República, dado que se trata de un mensaje de carácter electoral y no informativo o de interés social”.
En la exposición se recuerda que esas conductas ameritan, según el artículo 407 del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, “de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo…al apoyo de un partido político o de un candidato”, según se lee en el reporte.
En la demanda se señalan tres sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según las cuales “el presidente de la República puede ser objeto de responsabilidad electoral si difunde propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales”.
Según afirman los perredistas, no puede argumentarse ejercicio de la libertad de expresión, no sólo por la supuesta utilización de recursos públicos, sino por que los presuntos dichos afectan la equidad del procesos electoral.
La querella, dirigida a la nueva fiscal Imelda Calvillo Tello, establece que el mandatario violó las leyes electorales, además del Código Penal Federal y la Constitución al señalar, como lo habría hecho el pasado jueves 23 ante consejeros de Banamex, que existe una cerrada competencia con cuatro puntos de distancia entre el PRI y el PAN, rumbo a las elecciones presidenciales.
Por tal razón, legisladores del PRD pidieron realizar prontas diligencias para citar a declarar al Presidente Felipe Calderón, además de requerir a Los Pinos el video de la participación y en su momento de ejercer accion penal en contra del mandatario.
Como pruebas para tal demanda, los legisladores presentaron cinco reporte periodísticos, todos coincidentes en que en el encuentro, Calderón habría presentado láminas para exponer la competencia electoral presidencial.
“Como resulta evidente… el C. Felipe Calderón Hinojosa acudió en su carácter de presidente constitucional” y legalmente está impedido a difundir “mediante el aparato de comunicación social de la presidencia, empleando los recursos logísticos, como las diapositivas, láminas o planos de los que se da cuenta en las diversas notas… especialmente cuando esta difusión se hace en relación a la competencia suscitada en el proceso electoral”.
Por eso se corrobora, según el PRD, “la promoción a favor de la C. Josefina Vázquez Mota, la cual es financiada con recursos públicos de la presidencia de la República, dado que se trata de un mensaje de carácter electoral y no informativo o de interés social”.
En la exposición se recuerda que esas conductas ameritan, según el artículo 407 del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, “de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo…al apoyo de un partido político o de un candidato”, según se lee en el reporte.
En la demanda se señalan tres sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según las cuales “el presidente de la República puede ser objeto de responsabilidad electoral si difunde propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales”.
Según afirman los perredistas, no puede argumentarse ejercicio de la libertad de expresión, no sólo por la supuesta utilización de recursos públicos, sino por que los presuntos dichos afectan la equidad del procesos electoral.
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