En tanto que en México no hay Estado de Derecho, proponemos que el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad; que existan vías efectivas para garantizar todos los derechos humanos; que el principio de supremacía constitucional sobre el resto de las normas legales sea una obligación para cualquier autoridad; mejores mecanismos de control de constitucionalidad y de las controversias constitucionales; reconocer la figura jurídica de acciones colectivas para proteger derechos colectivos e intereses difusos, sobre todo de los consumidores; establecer mejores mecanismos de rendición de cuentas; que existan herramientas participativas para que la ciudadana influya permanentemente el comportamiento de las autoridades (referéndum; plebiscito; revocación; iniciativa popular; presupuesto participativo; acción ciudadana de inconstitucionalidad; auditoría ciudadana; inconstitucionalidad por omisión legislativa, administrativa o de otras autoridades; audiencia pública; cabildo abierto; consulta popular).
En un Estado democrático la tarea de la seguridad pública es garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de la población. Frente a la actual crisis de seguridad pública y la violencia desbordada por la equivocada política de combate al narcotráfico sólo mediante medidas coercitivas. La solución de fondo, la más eficaz, es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas sociales.
Las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales.
No se permitirán más actos de impunidad desde el poder y se investigarán las violaciones a los derechos humanos.
La recuperación democrática del Estado será posible con una insurgencia cívica que reconstruya la República desde abajo, creando modalidades de poder ciudadano, las nuevas instituciones públicas, los nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo.
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