Amnistía Internacional considera que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal levantan serias dudas acerca de la dirección, control y capacidad de estas corporaciones para realizar operativos y hacer cumplir la ley sin recurrir a violaciones de derechos humanos. Es esencial que estas violaciones no queden impunes.
La organización insta conducir una investigación exhaustiva e imparcial del operativo que resultó en la muerte de los manifestantes Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino, y provocó lesiones a varias personas, así como maltratos a detenidos. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales para culpar el uno al otro ignoran la responsabilidad de ambos por las graves violaciones. Estas declaraciones no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación.
Los videos y las imágenes fotográficas ampliamente diseminadas revelan un operativo caótico en que los policías estatales y federales, apoyados por el ejército, recurrían a la fuerza letal contra manifestantes sin justificación y maltrataban a varios detenidos. El uso, al parecer, de armas automáticas contra manifestantes en una zona urbana puso a la población en general en grave riesgo.
Amnistía Internacional considera que además de investigar los asesinatos de Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino y las otras violaciones cometidas, hay preguntas relevantes que deben ser aclaradas:
¿Quién estaba al cargo del operativo? ¿Cuál fue la línea de mando?
¿Cuáles fueron los lineamientos de las policías estatales y federales acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas? ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?
¿Por qué individuos vestidos de civiles armados con fusiles automáticos, aparentemente miembros de la policía ministerial -una corporación investigativa - estaban presentes sin insignia alguna pero al parecer disparaban armas de alto calibre en dirección a los manifestantes?
¿Cuáles fueron los lineamientos de las policías estatales y federales acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas? ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?
¿Por qué individuos vestidos de civiles armados con fusiles automáticos, aparentemente miembros de la policía ministerial -una corporación investigativa - estaban presentes sin insignia alguna pero al parecer disparaban armas de alto calibre en dirección a los manifestantes?
Los policiales federales que maltrataron a los manifestantes en el momento de su sometimiento así como los mandos que lo permitieron ¿han sido suspendidos mientras se deslindan responsabilidades?
¿Los policías rendirán cuentas por la supuesta coacción denunciada por al menos 10 detenidos contra Gerardo Torres Peña para accionar un arma sembrada y para autoincriminarse?
¿La información obtenida mediante coacción será excluida de cualquier proceso judicial salvo contra para iniciar investigaciones contra quienes resulten responsables de tortura y maltrato?
Todas las 24 personas detenidas durante la manifestación del 12 de diciembre en Chilpancingo por la policía estatal y federal, ya han sido liberadas bajo reserva de la ley, incluso Gerardo Torres Peña.
¿La información obtenida mediante coacción será excluida de cualquier proceso judicial salvo contra para iniciar investigaciones contra quienes resulten responsables de tortura y maltrato?
Todas las 24 personas detenidas durante la manifestación del 12 de diciembre en Chilpancingo por la policía estatal y federal, ya han sido liberadas bajo reserva de la ley, incluso Gerardo Torres Peña.
La Procuraduría General de República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizan investigaciones. Amnistía Internacional insta a las autoridades a anunciar inmediatamente las medidas que están tomando para garantizar la justicia y la no repetición de los hechos.
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