El año que está por concluir ha sido tal vez el peor del actual sexenio en materia de derechos humanos, puesto que los asesinatos y desapariciones de activistas continuaron, lo que coloca al país en un “grave déficit democrático” y con un aumento exponencial del número de víctimas de la violencia, advirtieron miembros de organizaciones de defensa de las garantías individuales, en un balance de 2011.
Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, expresó que “este ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando. Sigue habiendo asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas. Ha sido un año brutal y no hay nada que festejar”.
Aunque el gobierno federal ha promovido algunas modificaciones legales en este ámbito, como la reforma constitucional del pasado 10 de junio, “hemos visto un aumento exponencial del número de víctimas, y la continuación de prácticas lamentables, como mandar a policías a matar estudiantes. Pensamos que ya tocamos fondo, y siguen ocurriendo barbaridades en todo el país”.
Todo ello, dijo Gloria Ramírez, configura un “déficit democrático”, en donde cada vez queda más clara la ingobernabilidad del país y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a sus instituciones. “Cerramos el año con muchos agravios: el aumento de la impunidad, la pobreza y la desigualdad”.
En resumen, “predominan los oscuros sobre los claros, aunque esta puede ser una oportunidad para replantear estrategias y lograr que no se termine el sexenio sin que se rindan cuentas y se finquen responsabilidades”.
Por su parte, Sandra Albicker, integrante del área de comunicación y análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que 2011 estuvo marcado de nueva cuenta por la presencia de militares y marinos en tareas de seguridad pública, lo cual es preocupante no sólo por los abusos que han propiciado, sino también por la falta de reconocimiento de los mismos.
Más de 2 mil abatidos por el Ejército
“El Ejército acaba de admitir que abatió a 2 mil y tantas personas en la guerra contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo dice que está bien privar de la vida a delincuentes, y pensamos que el derecho a la vida no se puede quitar bajo ningún motivo”, aseveró.
Con la práctica sistemática de la tortura, la persistencia del arraigo y la criminalización de los activistas, “definitivamente hay poco qué festejar, mas aun cuando estuvo a punto de aprobarse la Ley de Seguridad Nacional. Nos preocupa 2012, porque va a ser un año electoral, y puede haber más violencia en las calles y más autoritarismo”
Fernando Camacho Servín, La Jornada
Jueves 29 de diciembre de 2011, p. 7
Jueves 29 de diciembre de 2011, p. 7
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